En Colombia están pasando una reforma tributaria con siete u ocho artículos perjudiciales para el ahorro de los colombianos, el riesgo país ha subido a un récord que no veíamos hace décadas y, como si fuera poco, la manguera del Minhacienda ya no está siendo efectiva para apagar el incendio de los monólogos agitadores (regionales vinculantes) del presidente Gustavo Petro.
Los reporteros del día a día deambulan por los pasillos del congreso; su búsqueda oscila entre las historias de intereses particulares y las historias de traiciones políticas. Otros, un tanto más refinados, siguen a la Ministra de Minas y Energía en búsqueda de la barbaridad del día. Desafortunadamente, historias no les faltan, ni a los unos ni a los otros.
Tal vez por eso pasó desapercibida la más reciente afrenta de la empresa Movistar a los usuarios, a los reguladores y a la competencia del sector telecomunicaciones.
El cuento no es muy largo: en marzo de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le puso una multa a Movistar de más de dos mil millones de pesos por entorpecerles a sus usuarios la libertad que tienen de cambiarse de operador a través de la portabilidad. La multa, definida en la Resolución 13425 de este año, señalaba que el operador “aducía una mora inexistente sobre las líneas a portar”. Es decir, Movistar se está inventando que el usuario que se quiere cambiar de operador le debe plata para entorpecerle su intención de cambiarse a la competencia en búsqueda de un mejor servicio.
Ya lo hemos dicho antes en esta tribuna: las empresas hay que defenderlas, no solo las pequeñas, sino las medianas, las grandes y las gigantes. Los empresarios, al asumir riesgos, anticipar las necesidades de los usuarios y buscar un rinconcito en las escalas de valor, se juegan el pellejo para mejorarnos la vida a todos. Su papel es indispensable en la generación de empleos, en el pago de ingresos fiscales y en la dinamización de la economía. Eso sí, su legitimidad, al igual que la legitimidad del sistema de libre mercado, viene de que se sometan a la competencia, a la libertad de elegir de los usuarios y de que vivan de servir a sus clientes, no de perjudicarlos.
Estas prácticas, en las que algunos privados enfocan más sus esfuerzos en limitar la competencia que en mejorar el servicio, son particularmente críticas hoy en día en que las encuestas muestran una baja confianza en las empresas y con un gobierno con un discurso (al igual que una tributaria) poco amigable a ellas.
Hubo una época en la que el país se debatía sobre la nacionalización o privatización del sistema de telecomunicaciones con Telecom. Tanto era el poder de esa empresa - una empresa que hoy evolucionó a ser Movistar - que el 22 de abril de 1992 esta empresa sola, debido a un paro sindical, logró dejar al país incomunicado por casi 7 días. Las llamadas de larga distancia quedaron completamente bloqueadas debido a que un grupo pequeño de personas borraron los discos duros. Hoteles, viajes, bancos paralizados: el país y la economía dependiendo de un puñado de personas que no tenían competencia.
Por fortuna el gobierno de entonces logró cambiar un modelo para darle el poder a los ciudadanos de a pie de premiar con su dinero a aquellos que mejor servicio le prestan y castigar a quienes no le generan valor cambiando de proveedor. Bloquear ese derecho que tienen los usuarios no solo es una infracción a las normas y a la competencia, sino también un tiro en el pie en la misión que tenemos todos de enaltecer el papel que tiene la empresa en el bienestar de la sociedad.
