Proteger nuestros océanos es cuestión de supervivencia
La pasada fue una semana profundamente positiva para la conservación de los ecosistemas marino-costeros colombianos. El país dio pasos contundentes con la declaratoria y ampliación de tres nuevas áreas protegidas y gracias a ello cuenta ahora con casi 5’600.000 hectáreas nuevas de este tipo de ecosistemas bajo protección.
En un evento realizado el jueves y liderado por el presidente Juan Manuel Santos, se declararon como protegidas 1’700.000 hectáreas adicionales a las 950.000 ya existentes del Santuario de Fauna y Flora de Malpelo, en el Pacífico colombiano. Este lugar es un tesoro natural de importancia global que resguarda una amplia muestra de la diversidad del Pacífico. No en vano fue declarado en 2006 como Patrimonio Natural de la Humanidad y recientemente recibió, de parte del Instituto de Conservación Marina, el reconocimiento como Refugio Oceánico Global (Glores).
El mismo día se realizó la delimitación, en un área adyacente, de un enorme distrito nacional de manejo integrado (DNMI), el de Yuruparí-Malpelo. Esta última declaratoria protege 2’691.000 hectáreas, una iniciativa que apunta a garantizar el uso responsable y sostenible de los recursos pesqueros. Malpelo y ahora Yuruparí-Malpelo hacen parte del corredor que contribuye a la conectividad del Pacífico Oriental Tropical, conformado por las áreas marinas protegidas de la isla del Coco (Costa Rica), Coiba (Panamá) y el archipiélago de Galápagos (Ecuador). Resguardan una gran diversidad de especies, entre las cuales hay varias cuyo ciclo de vida depende completamente de estas áreas. Para nombrar solamente unos casos, se encuentran allí el tiburón martillo, el tiburón sedoso, el tiburón de Galápagos y el atún de aleta amarilla, entre muchos otros.
Adicionalmente, y tan sólo días antes, Codechocó —la máxima autoridad ambiental con jurisdicción en el departamento de Chocó— adelantó la declaratoria de un inmenso distrito regional de manejo integrado, el DRMI Encanto de los Manglares, en el municipio de Bajo Baudó. En sus 311.565 hectáreas se protegerán especies emblemáticas de los manglares, como peces, crustáceos, moluscos, mamíferos, reptiles, anfibios y aves. Esta zona, además, hace parte de la ruta migratoria de la ballena jorobada y es hogar de tortugas como la carey, la verde y la golfina.
Estas noticias son para celebrar, sin duda, en un momento en que a los seres humanos nos consta cuán presionados y degradados se encuentran los ecosistemas marinos. Ya sea por fenómenos derivados de prácticas no sostenibles de pesca o sobrepesca, por la intensa y constante contaminación a la que están sujetos, por los efectos del cambio climático y los problemas que de ello se derivan, como la acidificación de las aguas, o por la combinación de todos estos factores, las autoridades ambientales de todo el planeta están volteando su mirada hacia las figuras legales que permitan proteger los ecosistemas marinos y marino-costeros de manera efectiva y sostenible en el tiempo.
En ese contexto, Colombia suscribió los compromisos del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) y específicamente los relacionados con el cumplimiento de las metas Aichi para conservar bajo medidas efectivas de gestión el 10 % de su área marino y marino-costera. Pues bien, con estas tres declaratorias, los colombianos podemos decir, con la cabeza en alto, que nuestro país no sólo cumplió con la meta estipulada en el CBD, sino que la superó: casi el 14 % de nuestras áreas marino-costeras han sido convertidas en áreas protegidas.
¿Es suficiente? La respuesta, claramente, es no. Necesitamos más ambición cuando se trata de proteger los océanos, un recurso natural que garantiza nuestra más básica supervivencia, puesto que inciden en los patrones globales climáticos y proveen alimento para más del 60 % de la humanidad. Además, brindan servicios de pesca, turismo, transporte y protección costera valorados en US$24 billones anuales y, como si fuera poco, capturan una buena parte de los gases de efecto invernadero que emiten nuestras civilizaciones.
No obstante, garantizar que se detenga la degradación en estas áreas particulares y propiciar la pesca responsable —a través de tres figuras de protección diferentes que ilustran parte del espectro de recursos disponibles— es un triunfo inmenso. Uno que demuestra que, con voluntad, los mecanismos para marcar la diferencia están a nuestro alcance.
La pasada fue una semana profundamente positiva para la conservación de los ecosistemas marino-costeros colombianos. El país dio pasos contundentes con la declaratoria y ampliación de tres nuevas áreas protegidas y gracias a ello cuenta ahora con casi 5’600.000 hectáreas nuevas de este tipo de ecosistemas bajo protección.
En un evento realizado el jueves y liderado por el presidente Juan Manuel Santos, se declararon como protegidas 1’700.000 hectáreas adicionales a las 950.000 ya existentes del Santuario de Fauna y Flora de Malpelo, en el Pacífico colombiano. Este lugar es un tesoro natural de importancia global que resguarda una amplia muestra de la diversidad del Pacífico. No en vano fue declarado en 2006 como Patrimonio Natural de la Humanidad y recientemente recibió, de parte del Instituto de Conservación Marina, el reconocimiento como Refugio Oceánico Global (Glores).
El mismo día se realizó la delimitación, en un área adyacente, de un enorme distrito nacional de manejo integrado (DNMI), el de Yuruparí-Malpelo. Esta última declaratoria protege 2’691.000 hectáreas, una iniciativa que apunta a garantizar el uso responsable y sostenible de los recursos pesqueros. Malpelo y ahora Yuruparí-Malpelo hacen parte del corredor que contribuye a la conectividad del Pacífico Oriental Tropical, conformado por las áreas marinas protegidas de la isla del Coco (Costa Rica), Coiba (Panamá) y el archipiélago de Galápagos (Ecuador). Resguardan una gran diversidad de especies, entre las cuales hay varias cuyo ciclo de vida depende completamente de estas áreas. Para nombrar solamente unos casos, se encuentran allí el tiburón martillo, el tiburón sedoso, el tiburón de Galápagos y el atún de aleta amarilla, entre muchos otros.
Adicionalmente, y tan sólo días antes, Codechocó —la máxima autoridad ambiental con jurisdicción en el departamento de Chocó— adelantó la declaratoria de un inmenso distrito regional de manejo integrado, el DRMI Encanto de los Manglares, en el municipio de Bajo Baudó. En sus 311.565 hectáreas se protegerán especies emblemáticas de los manglares, como peces, crustáceos, moluscos, mamíferos, reptiles, anfibios y aves. Esta zona, además, hace parte de la ruta migratoria de la ballena jorobada y es hogar de tortugas como la carey, la verde y la golfina.
Estas noticias son para celebrar, sin duda, en un momento en que a los seres humanos nos consta cuán presionados y degradados se encuentran los ecosistemas marinos. Ya sea por fenómenos derivados de prácticas no sostenibles de pesca o sobrepesca, por la intensa y constante contaminación a la que están sujetos, por los efectos del cambio climático y los problemas que de ello se derivan, como la acidificación de las aguas, o por la combinación de todos estos factores, las autoridades ambientales de todo el planeta están volteando su mirada hacia las figuras legales que permitan proteger los ecosistemas marinos y marino-costeros de manera efectiva y sostenible en el tiempo.
En ese contexto, Colombia suscribió los compromisos del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) y específicamente los relacionados con el cumplimiento de las metas Aichi para conservar bajo medidas efectivas de gestión el 10 % de su área marino y marino-costera. Pues bien, con estas tres declaratorias, los colombianos podemos decir, con la cabeza en alto, que nuestro país no sólo cumplió con la meta estipulada en el CBD, sino que la superó: casi el 14 % de nuestras áreas marino-costeras han sido convertidas en áreas protegidas.
¿Es suficiente? La respuesta, claramente, es no. Necesitamos más ambición cuando se trata de proteger los océanos, un recurso natural que garantiza nuestra más básica supervivencia, puesto que inciden en los patrones globales climáticos y proveen alimento para más del 60 % de la humanidad. Además, brindan servicios de pesca, turismo, transporte y protección costera valorados en US$24 billones anuales y, como si fuera poco, capturan una buena parte de los gases de efecto invernadero que emiten nuestras civilizaciones.
No obstante, garantizar que se detenga la degradación en estas áreas particulares y propiciar la pesca responsable —a través de tres figuras de protección diferentes que ilustran parte del espectro de recursos disponibles— es un triunfo inmenso. Uno que demuestra que, con voluntad, los mecanismos para marcar la diferencia están a nuestro alcance.