Existe suficiente evidencia y argumentos para que Jorge Armando Otálora renuncie a su cargo de defensor del pueblo. Pero para eso se necesita dignidad.
El día de ayer renunció el defensor delegado para asuntos constitucionales, Luis Manuel Castro, quizás el mejor defensor delegado de la Defensoría del Pueblo, en una carta conmovedora y bien argumentada. Dice Castro: “renuncio también por solidaridad con todas aquellas mujeres y organizaciones que persiguen un país más equitativo y la superación de los patrones históricos de discriminación y violencias contra las mujeres, que hoy sienten desconfianza hacia su defensor del Pueblo acusado de incurrir precisamente en estos patrones” (ver la carta).
El funcionario que renuncia es un abogado intachable que hizo una presencia permanente en la Corte Constitucional impulsando temas difíciles en los que la Defensoría había sido tímida en administraciones anteriores. Por ejemplo, junto con su equipo hizo un informe sobre las irregularidades respecto al servicio militar, los abusos del Ejército contra los jóvenes y el derecho a la objeción de conciencia. Además y con un esfuerzo enorme hizo que la Defensoría respaldara los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans ante la Corte Constitucional en casos complejos como el matrimonio y la adopción. De hecho también estaban preparando un informe sobre la implementación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Así como el defensor de asuntos constitucionales hay miles de defensoras y defensores que a lo largo del país velan por los derechos humanos con pocos recursos, muchas amenazas y con el poder moral que otorga la Defensoría. Por eso me duele que renuncien quienes no deben renunciar. Pero esto también nos enseña algo de nuestras instituciones. Los mejores renuncian por dignidad y no se atornillan ante los escándalos. En muchos casos también las personas deben quedarse porque necesitan su trabajo y no pueden expresar libremente sus ideas. Los que trabajan por la justicia al interior de la Defensoría no pueden ver a los ojos ni seguir los lineamientos de una persona que perdió la confianza de la ciudadanía, que viola los derechos de las mujeres y pisotea la Constitución.
Jorge Armando Otálora debe dar muchas explicaciones y tiene ese derecho como ciudadano. Lo que no puede es seguir valiéndose de su cargo para defenderse ni usando los medios ni las relaciones públicas para protegerse. Otálora no puede ejercer ninguna de sus funciones constitucionales con las acusaciones que tiene a cuestas. ¿O será que alguien puede sostener con sinceridad que esta persona puede promover, defender y divulgar los derechos de las mujeres? ¿O será que alguna mujer puede volver a trabajar tranquila con este jefe?
Señor defensor, existen razones políticas, jurídicas y éticas para que renuncie inmediatamente. En un último acto de protección de la institución que usted representa, siga el ejemplo de funcionarios íntegros que se vieron obligados a renunciar por su comportamiento. Si no le bastan todas las razones que le exponemos desde la opinión pública para retirarse del cargo, al menos sea decente y renuncie.
*Investigador de Dejusticia. malbarracin@dejusticia.org Twitter @malbarracin
Existe suficiente evidencia y argumentos para que Jorge Armando Otálora renuncie a su cargo de defensor del pueblo. Pero para eso se necesita dignidad.
El día de ayer renunció el defensor delegado para asuntos constitucionales, Luis Manuel Castro, quizás el mejor defensor delegado de la Defensoría del Pueblo, en una carta conmovedora y bien argumentada. Dice Castro: “renuncio también por solidaridad con todas aquellas mujeres y organizaciones que persiguen un país más equitativo y la superación de los patrones históricos de discriminación y violencias contra las mujeres, que hoy sienten desconfianza hacia su defensor del Pueblo acusado de incurrir precisamente en estos patrones” (ver la carta).
El funcionario que renuncia es un abogado intachable que hizo una presencia permanente en la Corte Constitucional impulsando temas difíciles en los que la Defensoría había sido tímida en administraciones anteriores. Por ejemplo, junto con su equipo hizo un informe sobre las irregularidades respecto al servicio militar, los abusos del Ejército contra los jóvenes y el derecho a la objeción de conciencia. Además y con un esfuerzo enorme hizo que la Defensoría respaldara los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans ante la Corte Constitucional en casos complejos como el matrimonio y la adopción. De hecho también estaban preparando un informe sobre la implementación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Así como el defensor de asuntos constitucionales hay miles de defensoras y defensores que a lo largo del país velan por los derechos humanos con pocos recursos, muchas amenazas y con el poder moral que otorga la Defensoría. Por eso me duele que renuncien quienes no deben renunciar. Pero esto también nos enseña algo de nuestras instituciones. Los mejores renuncian por dignidad y no se atornillan ante los escándalos. En muchos casos también las personas deben quedarse porque necesitan su trabajo y no pueden expresar libremente sus ideas. Los que trabajan por la justicia al interior de la Defensoría no pueden ver a los ojos ni seguir los lineamientos de una persona que perdió la confianza de la ciudadanía, que viola los derechos de las mujeres y pisotea la Constitución.
Jorge Armando Otálora debe dar muchas explicaciones y tiene ese derecho como ciudadano. Lo que no puede es seguir valiéndose de su cargo para defenderse ni usando los medios ni las relaciones públicas para protegerse. Otálora no puede ejercer ninguna de sus funciones constitucionales con las acusaciones que tiene a cuestas. ¿O será que alguien puede sostener con sinceridad que esta persona puede promover, defender y divulgar los derechos de las mujeres? ¿O será que alguna mujer puede volver a trabajar tranquila con este jefe?
Señor defensor, existen razones políticas, jurídicas y éticas para que renuncie inmediatamente. En un último acto de protección de la institución que usted representa, siga el ejemplo de funcionarios íntegros que se vieron obligados a renunciar por su comportamiento. Si no le bastan todas las razones que le exponemos desde la opinión pública para retirarse del cargo, al menos sea decente y renuncie.
*Investigador de Dejusticia. malbarracin@dejusticia.org Twitter @malbarracin