El presidente Juan Manuel Santos y el ministro Alejandro Gaviria han tomado la decisión responsable de suspender las aspersiones aéreas de glifosato en la erradicación de los cultivos ilícitos.
El Gobierno tomó esta decisión basada en el concepto técnico de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La agencia concluye que existe información suficiente para determinar que la exposición al glifosato probablemente produce cáncer de los linfocitos o de las células del sistema inmunológico (linfoma tipo “No Hodking”). Los estudios que usó el panel de expertos de la OMS para emitir el concepto concluyen que el glifosato produce cáncer en animales y probablemente produciría cáncer en los seres humanos. Para llegar a la conclusión sobre la evidencia en los humanos, los científicos probaron que el glifosato modifica el ADN de las células humanas y esto podría causar el linfoma.
Ante esta evidencia, el Presidente y el Ministro de Salud hicieron lo que los funcionarios públicos responsables deben hacer: proteger las salud basados en la evidencia, por encima de sus propios deseos o intereses políticos. Por el contrario, el Procurador ha iniciado una campaña de desinformación y manipulación donde lanza arengas como que el Gobierno “carece de fundamento científico”, que “favorece el narcotráfico y a las FARC” y que el país “estará nadando en coca”. Finalmente, calificó al Presidente de “culipronto” por tomar esta decisión.
Para rematar, el Procurador amenazó al Consejo Nacional de Estupefacientes. Dijo que “suspender las aspersiones con glifosato carece de fundamento jurídico y científico, y puede acarrear responsabilidad jurídica para sus integrantes”. La prueba que está solicitando el Procurador es que se tenga certeza sobre la relación entre el linfoma y el uso del glifosato. Para tener este dato, deberían hacerse estudios clínicos aleatorizados, es decir, separar un grupo de personas y aplicarles glifosato y tener otro grupo al que no se le aplique para comparar los desenlaces. Esto no sería ético desde ningún punto de vista y es más propio de las pruebas de químicos realizadas por los nazis. Es evidente que toda esta gritería del Procurador es una campaña irresponsable de dogmatismo cancerígeno que puede afectar tanto el debate público como la salud de miles de familias pobres que viven en las zonas de las aspersiones aéreas con glifosato.
De todas las infamias que ha cometido el Procurador contra los derechos, esta es sin duda la peor. No se compadece con la evidencia científica disponible, ni con las razones jurídicas, ni siquiera con la protección absoluta de la vida que defienden los católicos más conservadores. El Procurador quiere hacer una guerra química contra las comunidades pobres que viven bajo el glifosato. Estas comunidades han sido privadas de derechos sociales básicos y del bienestar que gozamos en las ciudades. Ahora quiere seguir exponiéndolas al cáncer en nombre de la “guerra contra las drogas”, sin considerar que existen métodos alternativos para la erradicación de los cultivos de coca. Si Ordóñez está tan seguro de que el glifosato no es cancerígeno, pues que se postule como voluntario para hacer el estudio clínico aleatorio y veremos si el dogmatismo puede contra el linfoma.
El presidente Juan Manuel Santos y el ministro Alejandro Gaviria han tomado la decisión responsable de suspender las aspersiones aéreas de glifosato en la erradicación de los cultivos ilícitos.
El Gobierno tomó esta decisión basada en el concepto técnico de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La agencia concluye que existe información suficiente para determinar que la exposición al glifosato probablemente produce cáncer de los linfocitos o de las células del sistema inmunológico (linfoma tipo “No Hodking”). Los estudios que usó el panel de expertos de la OMS para emitir el concepto concluyen que el glifosato produce cáncer en animales y probablemente produciría cáncer en los seres humanos. Para llegar a la conclusión sobre la evidencia en los humanos, los científicos probaron que el glifosato modifica el ADN de las células humanas y esto podría causar el linfoma.
Ante esta evidencia, el Presidente y el Ministro de Salud hicieron lo que los funcionarios públicos responsables deben hacer: proteger las salud basados en la evidencia, por encima de sus propios deseos o intereses políticos. Por el contrario, el Procurador ha iniciado una campaña de desinformación y manipulación donde lanza arengas como que el Gobierno “carece de fundamento científico”, que “favorece el narcotráfico y a las FARC” y que el país “estará nadando en coca”. Finalmente, calificó al Presidente de “culipronto” por tomar esta decisión.
Para rematar, el Procurador amenazó al Consejo Nacional de Estupefacientes. Dijo que “suspender las aspersiones con glifosato carece de fundamento jurídico y científico, y puede acarrear responsabilidad jurídica para sus integrantes”. La prueba que está solicitando el Procurador es que se tenga certeza sobre la relación entre el linfoma y el uso del glifosato. Para tener este dato, deberían hacerse estudios clínicos aleatorizados, es decir, separar un grupo de personas y aplicarles glifosato y tener otro grupo al que no se le aplique para comparar los desenlaces. Esto no sería ético desde ningún punto de vista y es más propio de las pruebas de químicos realizadas por los nazis. Es evidente que toda esta gritería del Procurador es una campaña irresponsable de dogmatismo cancerígeno que puede afectar tanto el debate público como la salud de miles de familias pobres que viven en las zonas de las aspersiones aéreas con glifosato.
De todas las infamias que ha cometido el Procurador contra los derechos, esta es sin duda la peor. No se compadece con la evidencia científica disponible, ni con las razones jurídicas, ni siquiera con la protección absoluta de la vida que defienden los católicos más conservadores. El Procurador quiere hacer una guerra química contra las comunidades pobres que viven bajo el glifosato. Estas comunidades han sido privadas de derechos sociales básicos y del bienestar que gozamos en las ciudades. Ahora quiere seguir exponiéndolas al cáncer en nombre de la “guerra contra las drogas”, sin considerar que existen métodos alternativos para la erradicación de los cultivos de coca. Si Ordóñez está tan seguro de que el glifosato no es cancerígeno, pues que se postule como voluntario para hacer el estudio clínico aleatorio y veremos si el dogmatismo puede contra el linfoma.