La Corte Suprema de Justicia condenó a Jorge Noguera por la mayor operación de inteligencia ilegal de la que hayamos tenido noticia. En los años setenta algunos congresistas de los Estados Unidos calificaron a la CIA como un elefante furioso fuera de control. Bien podría decirse que bajo el mando de Noguera y durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, en Colombia tuvimos un elefante furioso en el corazón del gobierno. La sentencia de la Corte analiza en detalle el material probatorio (documental y testimonial) y desmiente la versión de Noguera quien niega que tuviera conocimiento de estas acciones de inteligencia.
Noguera fue condenado por diseñar y poner en marcha una organización criminal al interior del DAS con el objetivo de cometer delitos contra organizaciones de derechos humanos, periodistas y opositores del gobierno. Como dijo la Procuraduría durante el proceso, el DAS se convirtió en una verdadera policía política que tenía como objetivo desarrollar “una guerra política e ideológica prohibida por la Constitución”. Aunque en la opinión pública se dice que Noguera fue condenado por las “chuzadas”, esta expresión no permite dimensionar el aparato delincuencial y los efectos que tuvo el peligroso “Grupo de inteligencia estratégica” o mejor conocido como el G3.
Como se evidencia en la sentencia, el G3 fue un grupo clandestino de inteligencia ilegal creado y coordinado por Noguera con asesoría de José Miguel Narváez. Este grupo tenía una prevalencia superior y transversal a todas las subdirecciones, contaba con una oficina en la sede central del DAS junto a la dirección, operaba con personal asignado, vehículos y gastos reservados disponibles. Este grupo no tenía creación legal y se recomendaba expresamente “no dejar nada por escrito”, como lo aseguró la Fiscalía. Sin embargo, de facto era un grupo con los mayores poderes y autorizaciones. La fiscalía asegura que Noguera concurría a las reuniones donde se brindaba información y se impartían directrices.
Este grupo realizó un conjunto de operaciones de inteligencia que incluían identificación de personas, vigilancia e ingreso a lugares de trabajo y residencia, interceptación de comunicaciones (teléfonos y correos electrónicos), hostigamientos vía telefónica, seguimientos a personas en Colombia y en el exterior, recolección de información financiera, infiltración en eventos públicos y reuniones sociales. Por ejemplo, al representante Alirio Uribe, antiguo integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, le lograron hacer una “hoja de vida” ilegal con “el perfil sicológico, hábitos, rutina, hobbies, fortalezas, debilidades y enfermedades”.
Su repertorio de estrategias no solamente se limitaban a recoger información sino que además realizaban inteligencia ofensiva, es decir, acciones de sabotaje, desprestigio, robo de información, intimidaciones, entre otras. Las organizaciones de derechos humanos fueron tratadas como un enemigo interno al cual se le debía vigilar y en caso de ser posible hacerles el mayor daño posible.
Todo esto se hizo bajo el nombre de “inteligencia estratégica”, que según la definición que el mismo gobierno uribista introdujo en la legislación es: “aquel conocimiento especial que permite penetrar el futuro, disminuir las incertidumbres y contribuir a las decisiones del alto gobierno” (art. 41 del decreto 643 de 2004).
Si está información de inteligencia estratégica tenía como destino el alto gobierno, entonces ¿cómo se articuló este grupo de inteligencia criminal a la política de seguridad democrática? ¿Sabía el ex presidente Uribe de la existencia del G3? ¿Recibió la información producida por ese grupo? ¿Ordenó el expresidente estas acciones de inteligencia? Pero sobre todo el expresidente Uribe nos debe explicar cómo fue posible que no viera el elefante furioso en la sala de su casa.
La Corte Suprema de Justicia condenó a Jorge Noguera por la mayor operación de inteligencia ilegal de la que hayamos tenido noticia. En los años setenta algunos congresistas de los Estados Unidos calificaron a la CIA como un elefante furioso fuera de control. Bien podría decirse que bajo el mando de Noguera y durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, en Colombia tuvimos un elefante furioso en el corazón del gobierno. La sentencia de la Corte analiza en detalle el material probatorio (documental y testimonial) y desmiente la versión de Noguera quien niega que tuviera conocimiento de estas acciones de inteligencia.
Noguera fue condenado por diseñar y poner en marcha una organización criminal al interior del DAS con el objetivo de cometer delitos contra organizaciones de derechos humanos, periodistas y opositores del gobierno. Como dijo la Procuraduría durante el proceso, el DAS se convirtió en una verdadera policía política que tenía como objetivo desarrollar “una guerra política e ideológica prohibida por la Constitución”. Aunque en la opinión pública se dice que Noguera fue condenado por las “chuzadas”, esta expresión no permite dimensionar el aparato delincuencial y los efectos que tuvo el peligroso “Grupo de inteligencia estratégica” o mejor conocido como el G3.
Como se evidencia en la sentencia, el G3 fue un grupo clandestino de inteligencia ilegal creado y coordinado por Noguera con asesoría de José Miguel Narváez. Este grupo tenía una prevalencia superior y transversal a todas las subdirecciones, contaba con una oficina en la sede central del DAS junto a la dirección, operaba con personal asignado, vehículos y gastos reservados disponibles. Este grupo no tenía creación legal y se recomendaba expresamente “no dejar nada por escrito”, como lo aseguró la Fiscalía. Sin embargo, de facto era un grupo con los mayores poderes y autorizaciones. La fiscalía asegura que Noguera concurría a las reuniones donde se brindaba información y se impartían directrices.
Este grupo realizó un conjunto de operaciones de inteligencia que incluían identificación de personas, vigilancia e ingreso a lugares de trabajo y residencia, interceptación de comunicaciones (teléfonos y correos electrónicos), hostigamientos vía telefónica, seguimientos a personas en Colombia y en el exterior, recolección de información financiera, infiltración en eventos públicos y reuniones sociales. Por ejemplo, al representante Alirio Uribe, antiguo integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, le lograron hacer una “hoja de vida” ilegal con “el perfil sicológico, hábitos, rutina, hobbies, fortalezas, debilidades y enfermedades”.
Su repertorio de estrategias no solamente se limitaban a recoger información sino que además realizaban inteligencia ofensiva, es decir, acciones de sabotaje, desprestigio, robo de información, intimidaciones, entre otras. Las organizaciones de derechos humanos fueron tratadas como un enemigo interno al cual se le debía vigilar y en caso de ser posible hacerles el mayor daño posible.
Todo esto se hizo bajo el nombre de “inteligencia estratégica”, que según la definición que el mismo gobierno uribista introdujo en la legislación es: “aquel conocimiento especial que permite penetrar el futuro, disminuir las incertidumbres y contribuir a las decisiones del alto gobierno” (art. 41 del decreto 643 de 2004).
Si está información de inteligencia estratégica tenía como destino el alto gobierno, entonces ¿cómo se articuló este grupo de inteligencia criminal a la política de seguridad democrática? ¿Sabía el ex presidente Uribe de la existencia del G3? ¿Recibió la información producida por ese grupo? ¿Ordenó el expresidente estas acciones de inteligencia? Pero sobre todo el expresidente Uribe nos debe explicar cómo fue posible que no viera el elefante furioso en la sala de su casa.