El Procurador General de la Nación nos tiene acostumbrados a abusar de su poder para perseguir gays, lesbianas, mujeres, opositores políticos, entre otros.
En el 2015 se está estrenando como un usurpador de tres funciones exclusivas del Presidente: la paz, los militares y las relaciones internacionales. Ordóñez tiene tantas ganas de ser presidente que ya está corriéndole la butaca a Juan Manuel Santos y no desaprovecha ningún tropiezo para poner en jaque al Gobierno.
El artículo 188 de la Constitución establece que el Presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dirige también las relaciones internacionales y es el encargado de conservar el orden público. Por lo anterior, la ley 418 de 1997 establece que “la dirección de todo proceso de paz corresponde exclusivamente al Presidente”. El Procurador ha usurpado estas funciones en una estrategia que inició a finales de enero de este año después de un prolongado y taimado silencio.
El 26 de enero, el Procurador lanzó su primer golpe al criticar la idea de la gendarmería rural que lanzó el Presidente desde Francia. Este primer asalto fue seguido por otro: el 2 de febrero hizo uso de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fustigar el proceso de paz –al selectivo lefebvrista le gusta la CIDH cuando le conviene–. Dos días después, envió a la Corte Penal Internacional 2760 casos de desapariciones forzadas de las FARC para que fueran investigados, sin embargo esta misma diligencia nunca la ha tenido contra las ejecuciones extrajudiciales ni por el genocidio de la Unión Patriótica. El Procurador llora por un solo ojo y manipula el dolor de la víctimas de las FARC para seguir en la guerra perpetua.
El usurpador inició su correría por las regiones: en Sincelejo habló contra la paz, semanas después lo hizo en Ibagué, después en Quibdó y más recientemente en Bucaramanga. Luego vino a Bogotá y el 10 de febrero agitó a los militares retirados en un foro de ACORE.
De las regiones pasó a Estados Unidos y seguramente vendrán más giras internacionales. El 23 de febrero estuvo en Miami hablando en contra del proceso de paz. Esa misma noche, en una entrevista para CNN, amenazó al Gobierno con enviar 40 advertencias sobre el proceso de paz. Después corrió a Washington D.C. para reunirse con el Departamento de Estado y hacer entrega de la misma información sobre los desaparecidos. Para rematar, terminó en Nueva York despotricando contra el proceso de paz. Es curioso que una semana después de la visita del Procurador a la Florida, el senador republicano Marco Rubio se pronunciara en contra de una posible liberación de Simón Trinidad. Casi al unísono, el usurpador lo apoyó desde Bogotá.
El 10 de marzo, la situación se volvió a agudizar cuando el Gobierno Nacional suspendió los bombardeos contra las FARC por un mes y el Procurador volvió a la yugular. Ante estos desafueros, Santos decidió hablar directamente con él, pero su estrategia siguió: El 27 de marzo se declaró “perplejo” por la supuesta salida de los generales como negociadores plenipotenciarios. El usurpador es incansable y dijo, como en confesión de parte, que se seguiría “metiendo” en el proceso de La Habana.
Los peores ataques contra el proceso de paz y la autoridad del Presidente sobre los militares se han presentado las últimas semanas. El 6 de abril solicitó la identidad de los militares que estaban dividiendo a las Fuerzas Armadas en relación con el proceso de paz. Una clara intervención en asuntos militares propios del Presidente. Dos días después lanzó sus 45 preguntas sobre las conversaciones con las FARC, que más bien parecen provocaciones de un opositor político.
El usurpador hace parecer que tiene buenas intenciones; el lobo con piel de oveja se muestra cándido, responsable y racional. Ordóñez no necesita ganar la presidencia para ejercerla. Lo hace ahora mismo torciendo la ley y pretende ser un presidente alterno que interviene en la paz, divide a los militares y hace visitas oficiales a otros países. Lo peor es que carece de un control efectivo que lo investigue y juzgue por sus desafueros. El usurpador es insaciable y el Presidente es su próxima víctima.
El Procurador General de la Nación nos tiene acostumbrados a abusar de su poder para perseguir gays, lesbianas, mujeres, opositores políticos, entre otros.
En el 2015 se está estrenando como un usurpador de tres funciones exclusivas del Presidente: la paz, los militares y las relaciones internacionales. Ordóñez tiene tantas ganas de ser presidente que ya está corriéndole la butaca a Juan Manuel Santos y no desaprovecha ningún tropiezo para poner en jaque al Gobierno.
El artículo 188 de la Constitución establece que el Presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dirige también las relaciones internacionales y es el encargado de conservar el orden público. Por lo anterior, la ley 418 de 1997 establece que “la dirección de todo proceso de paz corresponde exclusivamente al Presidente”. El Procurador ha usurpado estas funciones en una estrategia que inició a finales de enero de este año después de un prolongado y taimado silencio.
El 26 de enero, el Procurador lanzó su primer golpe al criticar la idea de la gendarmería rural que lanzó el Presidente desde Francia. Este primer asalto fue seguido por otro: el 2 de febrero hizo uso de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fustigar el proceso de paz –al selectivo lefebvrista le gusta la CIDH cuando le conviene–. Dos días después, envió a la Corte Penal Internacional 2760 casos de desapariciones forzadas de las FARC para que fueran investigados, sin embargo esta misma diligencia nunca la ha tenido contra las ejecuciones extrajudiciales ni por el genocidio de la Unión Patriótica. El Procurador llora por un solo ojo y manipula el dolor de la víctimas de las FARC para seguir en la guerra perpetua.
El usurpador inició su correría por las regiones: en Sincelejo habló contra la paz, semanas después lo hizo en Ibagué, después en Quibdó y más recientemente en Bucaramanga. Luego vino a Bogotá y el 10 de febrero agitó a los militares retirados en un foro de ACORE.
De las regiones pasó a Estados Unidos y seguramente vendrán más giras internacionales. El 23 de febrero estuvo en Miami hablando en contra del proceso de paz. Esa misma noche, en una entrevista para CNN, amenazó al Gobierno con enviar 40 advertencias sobre el proceso de paz. Después corrió a Washington D.C. para reunirse con el Departamento de Estado y hacer entrega de la misma información sobre los desaparecidos. Para rematar, terminó en Nueva York despotricando contra el proceso de paz. Es curioso que una semana después de la visita del Procurador a la Florida, el senador republicano Marco Rubio se pronunciara en contra de una posible liberación de Simón Trinidad. Casi al unísono, el usurpador lo apoyó desde Bogotá.
El 10 de marzo, la situación se volvió a agudizar cuando el Gobierno Nacional suspendió los bombardeos contra las FARC por un mes y el Procurador volvió a la yugular. Ante estos desafueros, Santos decidió hablar directamente con él, pero su estrategia siguió: El 27 de marzo se declaró “perplejo” por la supuesta salida de los generales como negociadores plenipotenciarios. El usurpador es incansable y dijo, como en confesión de parte, que se seguiría “metiendo” en el proceso de La Habana.
Los peores ataques contra el proceso de paz y la autoridad del Presidente sobre los militares se han presentado las últimas semanas. El 6 de abril solicitó la identidad de los militares que estaban dividiendo a las Fuerzas Armadas en relación con el proceso de paz. Una clara intervención en asuntos militares propios del Presidente. Dos días después lanzó sus 45 preguntas sobre las conversaciones con las FARC, que más bien parecen provocaciones de un opositor político.
El usurpador hace parecer que tiene buenas intenciones; el lobo con piel de oveja se muestra cándido, responsable y racional. Ordóñez no necesita ganar la presidencia para ejercerla. Lo hace ahora mismo torciendo la ley y pretende ser un presidente alterno que interviene en la paz, divide a los militares y hace visitas oficiales a otros países. Lo peor es que carece de un control efectivo que lo investigue y juzgue por sus desafueros. El usurpador es insaciable y el Presidente es su próxima víctima.