El 10 de mayo de 2006, se terminó la penalización total del aborto en Colombia.
Teníamos una de las peores legislaciones de América Latina que no admitía excepciones y sometía a las mujeres a interrumpir su embarazo de forma totalmente clandestina, riesgosa y, además, las sancionaba por esto.
Hace diez años, la Corte Constitucional se tomó los derechos de las mujeres en serio. La sentencia C-355 de 2006 se fundamentó en tres pilares constitucionales que habían sido negados para las mujeres: la dignidad, la autonomía personal y la garantía de la salud. Por primera vez, una corte colombiana escuchó los argumentos que el movimiento de mujeres había planteado por años y tomó una decisión que paradójicamente es prudente y revolucionaria al mismo tiempo: la penalización total del aborto es inconstitucional. En consecuencia la Corte ordenó despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres circunstancias: peligro para la vida y la salud de la mujer, violencia sexual y malformación del feto incompatible con la vida.
Esta decisión de la Corte no fue un regalo de unos magistrados progresistas. Como lo he sostenido antes en esta columna, los movimientos sociales participan en la construcción de los derechos a través de estrategias políticas, jurídicas y culturales. En otras palabras, las decisiones de las cortes son participativas en un sentido distinto al que se entiende en la noción más clásica de democracia. El movimiento de mujeres ha trabajado por décadas para denunciar y cambiar las estructuras patriarcales, como quedó plasmado en las normas constitucionales que garantizan los derechos de las mujeres. Sin embargo, no habían tenido un avance importante sobre el derecho a la autonomía reproductiva. En este contexto, apareció una nueva herramienta que destrabó la cuestión: el litigio constitucional movilizado con paciencia política y rigor jurídico contribuyó a dar un salto cualitativo para romper el dogma fundamentalista que incluso impedía que pudiéramos hablar de la interrupción voluntaria del embarazo.
Si la lucha para conseguir el derecho a interrumpir el embarazo ha sido difícil, la lucha para no retroceder ha sido titánica. Junto con el movimiento para despenalizar el aborto, también se reactivó un movimiento fundamentalista que ha intentado por todos los medios legales e ilegales restringir los derechos de las mujeres. Este movimiento ha estado dirigido y orquestado por el procurador general y las iglesias, los mismos que desde siempre han perseguido la libertad individual, no sólo de las mujeres sino de todos los ciudadanos. En su repertorio de acción, han combinado todas las formas de oposición y han abusado de las instituciones: acciones de nulidad contra decretos que garantizaban el derecho, acciones de nulidad contra tutelas que protegían los derechos de las mujeres a interrumpir el embarazo, movilizaciones en las calles y frente a las clínicas, promoción de la objeción de conciencia institucional, todo esto con una gran dosis de mentiras y manipulaciones, como fue el caso de la discusión sobre el misoprostol y la tutela que las 1200 mujeres le ganaron a la Procuraduría por derecho a la información. A esta movilización contra los derechos se han sumado los obstáculos burocráticos y moralistas del personal de salud y funcionarios judiciales que se inventan cualquier excusa para no garantizar un aborto legal, seguro y rápido.
Después de diez años, el movimiento de mujeres ha resistido a través de asistencia jurídica de las mujeres que exigen un aborto legal, la investigación de obstáculos en la implementación de la sentencia, la educación de la opinión pública y la puesta en marcha de acciones de control político a las amenazas desde instituciones como el Congreso. De hecho, se detuvo el intento de un referendo que buscaba llevarnos de nuevo al pasado que penalizaba el aborto en todas las circunstancias. Organizaciones como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Women's Link, Profamilia y Oriéntame, entre otras, han trabajado sin descanso para hacer realidad este derecho y vale la pena seguir apoyándolas.
El país es más justo después de esa decisión y diez años después podemos ver el camino abierto y los caminos por recorrer. Mirando al futuro, deberíamos trabajar todas y todos por la despenalización total del aborto para que nuestras amigas, hermanas, hijas y compañeras puedan decidir libremente cuándo y cómo continuar con un embarazo sin temor a una persecución penal. Justo después de graduarme de la facultad de Derecho y recién llegado a Bogotá, fui testigo de muchas de estas movilizaciones y me impactó una consigna que resume una lucha por la libertad que me siento orgulloso en respaldar: “mi cuerpo es mío y yo decido”.
* Investigador del Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). malbarracin@dejusticia.org Twitter @malbarracin
El 10 de mayo de 2006, se terminó la penalización total del aborto en Colombia.
Teníamos una de las peores legislaciones de América Latina que no admitía excepciones y sometía a las mujeres a interrumpir su embarazo de forma totalmente clandestina, riesgosa y, además, las sancionaba por esto.
Hace diez años, la Corte Constitucional se tomó los derechos de las mujeres en serio. La sentencia C-355 de 2006 se fundamentó en tres pilares constitucionales que habían sido negados para las mujeres: la dignidad, la autonomía personal y la garantía de la salud. Por primera vez, una corte colombiana escuchó los argumentos que el movimiento de mujeres había planteado por años y tomó una decisión que paradójicamente es prudente y revolucionaria al mismo tiempo: la penalización total del aborto es inconstitucional. En consecuencia la Corte ordenó despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres circunstancias: peligro para la vida y la salud de la mujer, violencia sexual y malformación del feto incompatible con la vida.
Esta decisión de la Corte no fue un regalo de unos magistrados progresistas. Como lo he sostenido antes en esta columna, los movimientos sociales participan en la construcción de los derechos a través de estrategias políticas, jurídicas y culturales. En otras palabras, las decisiones de las cortes son participativas en un sentido distinto al que se entiende en la noción más clásica de democracia. El movimiento de mujeres ha trabajado por décadas para denunciar y cambiar las estructuras patriarcales, como quedó plasmado en las normas constitucionales que garantizan los derechos de las mujeres. Sin embargo, no habían tenido un avance importante sobre el derecho a la autonomía reproductiva. En este contexto, apareció una nueva herramienta que destrabó la cuestión: el litigio constitucional movilizado con paciencia política y rigor jurídico contribuyó a dar un salto cualitativo para romper el dogma fundamentalista que incluso impedía que pudiéramos hablar de la interrupción voluntaria del embarazo.
Si la lucha para conseguir el derecho a interrumpir el embarazo ha sido difícil, la lucha para no retroceder ha sido titánica. Junto con el movimiento para despenalizar el aborto, también se reactivó un movimiento fundamentalista que ha intentado por todos los medios legales e ilegales restringir los derechos de las mujeres. Este movimiento ha estado dirigido y orquestado por el procurador general y las iglesias, los mismos que desde siempre han perseguido la libertad individual, no sólo de las mujeres sino de todos los ciudadanos. En su repertorio de acción, han combinado todas las formas de oposición y han abusado de las instituciones: acciones de nulidad contra decretos que garantizaban el derecho, acciones de nulidad contra tutelas que protegían los derechos de las mujeres a interrumpir el embarazo, movilizaciones en las calles y frente a las clínicas, promoción de la objeción de conciencia institucional, todo esto con una gran dosis de mentiras y manipulaciones, como fue el caso de la discusión sobre el misoprostol y la tutela que las 1200 mujeres le ganaron a la Procuraduría por derecho a la información. A esta movilización contra los derechos se han sumado los obstáculos burocráticos y moralistas del personal de salud y funcionarios judiciales que se inventan cualquier excusa para no garantizar un aborto legal, seguro y rápido.
Después de diez años, el movimiento de mujeres ha resistido a través de asistencia jurídica de las mujeres que exigen un aborto legal, la investigación de obstáculos en la implementación de la sentencia, la educación de la opinión pública y la puesta en marcha de acciones de control político a las amenazas desde instituciones como el Congreso. De hecho, se detuvo el intento de un referendo que buscaba llevarnos de nuevo al pasado que penalizaba el aborto en todas las circunstancias. Organizaciones como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Women's Link, Profamilia y Oriéntame, entre otras, han trabajado sin descanso para hacer realidad este derecho y vale la pena seguir apoyándolas.
El país es más justo después de esa decisión y diez años después podemos ver el camino abierto y los caminos por recorrer. Mirando al futuro, deberíamos trabajar todas y todos por la despenalización total del aborto para que nuestras amigas, hermanas, hijas y compañeras puedan decidir libremente cuándo y cómo continuar con un embarazo sin temor a una persecución penal. Justo después de graduarme de la facultad de Derecho y recién llegado a Bogotá, fui testigo de muchas de estas movilizaciones y me impactó una consigna que resume una lucha por la libertad que me siento orgulloso en respaldar: “mi cuerpo es mío y yo decido”.
* Investigador del Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). malbarracin@dejusticia.org Twitter @malbarracin