La maternidad debe ser un acto libre y consentido, pero cuando es forzada por una cultura que glorifica a las mujeres como objetos de reproducción, o cuando viene de la desinformación, de la falta de acceso efectivo a métodos anticonceptivos y de la violencia, es una de las mayores injusticias de la democracia moderna.
Cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, hablamos de la liberación de la mujer para decidir autónomamente su plan de vida. Como lo recuerda Simone de Beauvoir en el Segundo sexo, “el control de la natalidad y el aborto legal permitirían a la mujer asumir libremente sus maternidades”.
Las mujeres en Colombia y en cualquier parte del mundo deciden sobre sus cuerpos e interrumpen sus embarazos todos los días, con o sin un marco legal que lo permita. Sin embargo, una legislación que criminaliza el aborto solo produce que se realice en el silencio. Casi 400.000 abortos fuera del sistema de salud al año ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres. La situación es incluso más alarmante si se considera que 1 de cada 26 mujeres se ha hecho un aborto en Colombia. Un procedimiento médico, como interrumpir un embarazo en condiciones inseguras puede exponer a las mujeres a situaciones de riesgo para la vida y la salud. Además, este delito tiene una marca de clase que se expresa muy bien en un lema feminista: “mientras las ricas abortan, las pobres mueren”. A pesar de la gravedad de la situación, quienes defienden la persecución penal de las mujeres presentan este asunto como exclusivo de mujeres irresponsables que quieren “cometer un asesinato”.
Hace nueve años, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias excepcionales: violación, riesgo para la vida o la salud de la mujer, y malformación del feto incompatible con la vida. Sin embargo, una legión de médicos, funcionarios públicos y procuradores, ponen barreras para evitar que el aborto sea realizado en estas circunstancias. Como lo ha evidenciado la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, este derecho tiene obstáculos que hacen que solo las mujeres más persistentes, valientes y mejor asesoradas accedan a un aborto legal.
El primer gran problema es el poco conocimiento de la sentencia de la Corte, la desinformación y la manipulación que producen los fanáticos, y la falta de acción del Estado para capacitar al personal de salud y judicial. A esto se le suma el intento de algunos hospitales, especialmente católicos, quienes alegan que pueden hacer objeción de conciencia institucional para practicar un aborto, cuando este es un derecho exclusivo de las personas. En relación con las causales de la salud de la mujer se niega a las mujeres el certificado médico, no se evalúan bien los riesgos, no se realizan valoraciones sobre la salud mental de las mujeres, o se evalúan tardíamente las malformaciones del feto. En relación con las mujeres víctimas de violencia sexual, se les piden documentos adicionales a la denuncia, se les estigmatiza o no se les cree.
Cuando una mujer tiene una causa legal para interrumpir su embarazo, las barreras continúan. El personal de salud la intenta disuadir de no hacerlo. La someten a dilaciones injustificadas, juntas médicas, o la EPS no tiene prestadores disponibles, o la mandan de hospital en hospital. A veces ni siquiera le reciben la solicitud o guardan silencio. Y pasan los días y las semanas, lo que produce que la edad gestacional aumente y la mujer corra más riesgo cuando se realiza un aborto, o que simplemente desista de tener un aborto dentro del sistema de salud. Esta es la gran paradoja: entre más se obstaculiza el derecho a un aborto legal, más clandestino se convierte.
Por todo esto, la campaña #LaDecisiónEsTuya de Profamilia no es solo justa y necesaria, sino que también debería estar en la televisión pública todos los días en el horario de mayor audiencia. Debemos romper el silencio ante una injusticia radical contra las mujeres, abandonar tanto escándalo injustificado y despenalizar totalmente el aborto.
La maternidad debe ser un acto libre y consentido, pero cuando es forzada por una cultura que glorifica a las mujeres como objetos de reproducción, o cuando viene de la desinformación, de la falta de acceso efectivo a métodos anticonceptivos y de la violencia, es una de las mayores injusticias de la democracia moderna.
Cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, hablamos de la liberación de la mujer para decidir autónomamente su plan de vida. Como lo recuerda Simone de Beauvoir en el Segundo sexo, “el control de la natalidad y el aborto legal permitirían a la mujer asumir libremente sus maternidades”.
Las mujeres en Colombia y en cualquier parte del mundo deciden sobre sus cuerpos e interrumpen sus embarazos todos los días, con o sin un marco legal que lo permita. Sin embargo, una legislación que criminaliza el aborto solo produce que se realice en el silencio. Casi 400.000 abortos fuera del sistema de salud al año ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres. La situación es incluso más alarmante si se considera que 1 de cada 26 mujeres se ha hecho un aborto en Colombia. Un procedimiento médico, como interrumpir un embarazo en condiciones inseguras puede exponer a las mujeres a situaciones de riesgo para la vida y la salud. Además, este delito tiene una marca de clase que se expresa muy bien en un lema feminista: “mientras las ricas abortan, las pobres mueren”. A pesar de la gravedad de la situación, quienes defienden la persecución penal de las mujeres presentan este asunto como exclusivo de mujeres irresponsables que quieren “cometer un asesinato”.
Hace nueve años, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias excepcionales: violación, riesgo para la vida o la salud de la mujer, y malformación del feto incompatible con la vida. Sin embargo, una legión de médicos, funcionarios públicos y procuradores, ponen barreras para evitar que el aborto sea realizado en estas circunstancias. Como lo ha evidenciado la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, este derecho tiene obstáculos que hacen que solo las mujeres más persistentes, valientes y mejor asesoradas accedan a un aborto legal.
El primer gran problema es el poco conocimiento de la sentencia de la Corte, la desinformación y la manipulación que producen los fanáticos, y la falta de acción del Estado para capacitar al personal de salud y judicial. A esto se le suma el intento de algunos hospitales, especialmente católicos, quienes alegan que pueden hacer objeción de conciencia institucional para practicar un aborto, cuando este es un derecho exclusivo de las personas. En relación con las causales de la salud de la mujer se niega a las mujeres el certificado médico, no se evalúan bien los riesgos, no se realizan valoraciones sobre la salud mental de las mujeres, o se evalúan tardíamente las malformaciones del feto. En relación con las mujeres víctimas de violencia sexual, se les piden documentos adicionales a la denuncia, se les estigmatiza o no se les cree.
Cuando una mujer tiene una causa legal para interrumpir su embarazo, las barreras continúan. El personal de salud la intenta disuadir de no hacerlo. La someten a dilaciones injustificadas, juntas médicas, o la EPS no tiene prestadores disponibles, o la mandan de hospital en hospital. A veces ni siquiera le reciben la solicitud o guardan silencio. Y pasan los días y las semanas, lo que produce que la edad gestacional aumente y la mujer corra más riesgo cuando se realiza un aborto, o que simplemente desista de tener un aborto dentro del sistema de salud. Esta es la gran paradoja: entre más se obstaculiza el derecho a un aborto legal, más clandestino se convierte.
Por todo esto, la campaña #LaDecisiónEsTuya de Profamilia no es solo justa y necesaria, sino que también debería estar en la televisión pública todos los días en el horario de mayor audiencia. Debemos romper el silencio ante una injusticia radical contra las mujeres, abandonar tanto escándalo injustificado y despenalizar totalmente el aborto.