La Corte Constitucional es sin lugar a dudas la Corte más ordenada, transparente y progresista del país. Supera de lejos el trabajo de otras cortes y sus decisiones han cambiado la vida de millones de colombianos, especialmente la de los más débiles y discriminados.
En la Corte trabajan y han trabajado funcionarios honestos y laboriosos que han hecho de esta institución un ejemplo, no sólo para el país, sino incluso a nivel internacional. Por esta razón, la Corte debe defenderse como institución y evitar que sus tradicionales enemigos pesquen en río revuelto. Por esto, ni nuestra admiración ni tampoco la indignación deben nublar nuestra capacidad de proponer reformas realistas que permitan salidas a la crisis actual y que atiendan a tres problemas que se han revelado en las últimas semanas: transparencia en la selección de tutelas, procesos “engavetados” y elección de los magistrados.
Para garantizar la transparencia en el proceso de selección de cada tutela, debe indicarse la razón constitucional por la cual se seleccionó dicha tutela y hacer público el resumen de los hechos de los casos escogidos. Actualmente, el proceso de selección no tiene participación ciudadana formal y reglada. Esto debe cambiar y para ello la Corte podría crear un formulario en línea en su página web con el fin de que los ciudadanos puedan solicitar directamente la selección de su caso, por medio de un procedimiento único y sin intermediarios. Actualmente la selección se hace a través de escritos que envían las partes, y que la Corte toma como derechos de petición y les da trámite interno. Esto crea una desigualdad entre los ciudadanos que conocen el procedimiento de selección y aquellos que no. Finalmente, las acciones de tutela en las cuales se discutan negocios millonarios deberían tener mayor escrutinio. Así, por ejemplo, se debería indicar en el auto de selección cuánto es el monto de la disputa y los apoderados, además de hacer un registro público y actualizado de la materia.
Para prevenir el “engavetamiento” de los procesos, se deberían tomar medidas que garanticen el acceso completo al expediente y crear un registro público de suspensión de términos. Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos sube a su blog los procesos completos digitalizados, incluyendo todos los documentos jurídicos y los plazos para la decisión. Esta plataforma sería más accesible y no requeriría mucho conocimiento técnico de los datos del proceso, como ocurre actualmente. La Corte podría argumentar que se puede tener acceso a los procesos través de su página web, pero sin duda éste se puede mejorar para incrementar la transparencia e información de los casos que se deciden. Adicionalmente, siempre que un magistrado suspenda un término, debería hacerlo mediante un acto motivado y público. Al mismo tiempo, debería crearse una lista de procesos suspendidos que incluya el tiempo de suspensión, con el fin de incrementar la veeduría ciudadana.
Por último, la conformación de las ternas y la elección de los magistrados deberían hacerse siguiendo reglas estrictas y procedimientos estandarizados. Primero, quienes conforman las ternas (el presidente, Corte Suprema y Consejo de Estado) deberían crear un procedimiento escrito, transparente y competitivo que permita seleccionar a los mejores candidatos. En este proceso, debería estar absolutamente prohibido que los posibles candidatos hagan antesala a quienes conforman la terna. Posteriormente, el Senado debería nombrar un comité judicial, conformado por una persona de cada partido, que deberá realizar una evaluación a través de audiencias públicas que a su vez deberían ser extensas y detalladas. En estas audiencias se debería solicitar a los candidatos todos los documentos legales y académicos producidos en su vida profesional, indagar por cada uno de los cargos que ha desempeñado y hacerles todas las preguntas que sean necesarias. Para garantizar la transparencia plena, deben prohibirse las reuniones privadas o llamadas de los candidatos con los senadores o las bancadas.
Una revocatoria o renuncia masiva de la Corte Constitucional sólo profundizará la crisis y traerá más desinstitucionalización. Pero si algo tiene que cambiar son las reglas de funcionamiento y selección de los magistrados de la Corte porque elegir a nuevos magistrados con las reglas actuales es como la parábola bíblica: poner vino nuevo en odres viejos.
La Corte Constitucional es sin lugar a dudas la Corte más ordenada, transparente y progresista del país. Supera de lejos el trabajo de otras cortes y sus decisiones han cambiado la vida de millones de colombianos, especialmente la de los más débiles y discriminados.
En la Corte trabajan y han trabajado funcionarios honestos y laboriosos que han hecho de esta institución un ejemplo, no sólo para el país, sino incluso a nivel internacional. Por esta razón, la Corte debe defenderse como institución y evitar que sus tradicionales enemigos pesquen en río revuelto. Por esto, ni nuestra admiración ni tampoco la indignación deben nublar nuestra capacidad de proponer reformas realistas que permitan salidas a la crisis actual y que atiendan a tres problemas que se han revelado en las últimas semanas: transparencia en la selección de tutelas, procesos “engavetados” y elección de los magistrados.
Para garantizar la transparencia en el proceso de selección de cada tutela, debe indicarse la razón constitucional por la cual se seleccionó dicha tutela y hacer público el resumen de los hechos de los casos escogidos. Actualmente, el proceso de selección no tiene participación ciudadana formal y reglada. Esto debe cambiar y para ello la Corte podría crear un formulario en línea en su página web con el fin de que los ciudadanos puedan solicitar directamente la selección de su caso, por medio de un procedimiento único y sin intermediarios. Actualmente la selección se hace a través de escritos que envían las partes, y que la Corte toma como derechos de petición y les da trámite interno. Esto crea una desigualdad entre los ciudadanos que conocen el procedimiento de selección y aquellos que no. Finalmente, las acciones de tutela en las cuales se discutan negocios millonarios deberían tener mayor escrutinio. Así, por ejemplo, se debería indicar en el auto de selección cuánto es el monto de la disputa y los apoderados, además de hacer un registro público y actualizado de la materia.
Para prevenir el “engavetamiento” de los procesos, se deberían tomar medidas que garanticen el acceso completo al expediente y crear un registro público de suspensión de términos. Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos sube a su blog los procesos completos digitalizados, incluyendo todos los documentos jurídicos y los plazos para la decisión. Esta plataforma sería más accesible y no requeriría mucho conocimiento técnico de los datos del proceso, como ocurre actualmente. La Corte podría argumentar que se puede tener acceso a los procesos través de su página web, pero sin duda éste se puede mejorar para incrementar la transparencia e información de los casos que se deciden. Adicionalmente, siempre que un magistrado suspenda un término, debería hacerlo mediante un acto motivado y público. Al mismo tiempo, debería crearse una lista de procesos suspendidos que incluya el tiempo de suspensión, con el fin de incrementar la veeduría ciudadana.
Por último, la conformación de las ternas y la elección de los magistrados deberían hacerse siguiendo reglas estrictas y procedimientos estandarizados. Primero, quienes conforman las ternas (el presidente, Corte Suprema y Consejo de Estado) deberían crear un procedimiento escrito, transparente y competitivo que permita seleccionar a los mejores candidatos. En este proceso, debería estar absolutamente prohibido que los posibles candidatos hagan antesala a quienes conforman la terna. Posteriormente, el Senado debería nombrar un comité judicial, conformado por una persona de cada partido, que deberá realizar una evaluación a través de audiencias públicas que a su vez deberían ser extensas y detalladas. En estas audiencias se debería solicitar a los candidatos todos los documentos legales y académicos producidos en su vida profesional, indagar por cada uno de los cargos que ha desempeñado y hacerles todas las preguntas que sean necesarias. Para garantizar la transparencia plena, deben prohibirse las reuniones privadas o llamadas de los candidatos con los senadores o las bancadas.
Una revocatoria o renuncia masiva de la Corte Constitucional sólo profundizará la crisis y traerá más desinstitucionalización. Pero si algo tiene que cambiar son las reglas de funcionamiento y selección de los magistrados de la Corte porque elegir a nuevos magistrados con las reglas actuales es como la parábola bíblica: poner vino nuevo en odres viejos.