Abrieron el grifo al máximo…

El Acuerdo de Paz de La Habana, con solo una parte de uno solo de los actores involucrados en el conflicto, terminó siendo negociado a las barreras (perdón, a las carreras) por un saltimbanqui oportunista, como lo llamaba Antonio Caballero. Los analistas de los conflictos colombianos aceptan que la gasolina que ha alimentado los conflictos en Colombia en los últimos 50 años ha sido el narcotráfico. Hoy, cerca del 40 a 60 % de las Farc se mantienen activas traficando coca y amapola, porque el equipo negociador en La Habana no fue capaz de obligar a la guerrilla a confesar rutas, laboratorios, cómplices y apoyos al narcotráfico desde Venezuela. El gobierno anterior, al contemporizar con el vertiginoso aumento el área sembrada en coca para no incomodar a las Farc, dejó abierta al máximo la llave de la gasolina del conflicto.

En el 95 % de los asesinatos de más de 460 miembros de las Fuerzas Armadas, al menos 276 exmiembros de las Farc que no regresaron al monte y 904 líderes sociales están directa o indirectamente involucrados con narcotraficantes. Para Santos, el Acuerdo que a última hora le trajo su entrañable socio político “es uno de los hechos más relevantes de la historia reciente del país… le cambió la vida a un país, una sociedad, a todos los colombianos. Colombia ha vivido guerra tras guerra en el poder y con el fin de la guerra con las Farc, eso terminó en 2016”. Santos, en una entrevista en España en 2018, admitió su responsabilidad en la explosión del narcotráfico: “Es cierto que los cultivos ilícitos han aumentado en los últimos tres años y yo asumo esa responsabilidad”, añadiendo que “el país cuenta con una política que combina la sustitución voluntaria y la erradicación de cultivos ilícitos, lo que es una solución estructural y de largo plazo frente al problema del narcotráfico”. Asumir que las inmensas utilidades que genera el narcotráfico se podían reemplazar por cultivos de yuca o aguacate, más que demente, es infantil. Negocio ilícito mata a negocio lícito. Afirmar como hace hoy el exmandatario que a partir de 2016 terminó la guerra en Colombia es una desvergüenza, una delirante distorsión de los hechos o síntoma temprano de trastornos de estrés postraumático.

El Acuerdo firmado en La Habana también es una burla a las víctimas, dado que las Farc han entregado solo $42.680 millones, el 4 % del billón que presentaron en 2017 como bienes inventariados para reparar a las víctimas. Pero no solo eso: el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las Farc, según reciente estudio del Instituto de Ciencia Política, acompañados de Alejandro Éder, no fue un hecho aislado, sino una práctica sistemática e intencional dentro de una política de la guerrilla para ensanchar los ejércitos de la guerra. Óscar Duarte, un desmovilizado de 2016, advierte: “No tuve más opción que entrar a la guerrilla a los 12 años: si no entraba, me iban a matar, y si me salía, también”. En otras palabras, no existe diferencia alguna entre la Ndrangheta y las Farc.

Apostilla. Nunca había visto una puesta en pedestal más efectiva que la de dos periodistas de Caracol Radio con María Fernanda Cabal. La senadora, indistintamente de que se esté de acuerdo o no con sus posturas políticas, mostró garra y carácter, y no se dejó arrugar ni por los gritos ni por el inocultable sesgo de los entrevistadores.