“Para hacer producir es necesario salir de las oficinas, internarse en el campo. Ensuciarse las manos y sudar. Es el único lenguaje que entienden el suelo y las plantas”. Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz.
Si hay una constante histórica, ya sea bajo la Unión Soviética de Stalin, la China de Mao, el Perú de Velasco Alvarado, o Zimbabue bajo Mugabe, es que cuando el Estado interviene o impone criterios y políticas sobre qué se puede producir en el campo (generalmente bajo la gaseosa bandera de “soberanía alimentaria”), o colectivizando la tierra, la producción agrícola se desploma. Mao impuso comunas agrícolas, lo que llevó a la China a una de las peores hambrunas de la historia, causando entre 15 y 45 millones de muertos. La colectivización forzada impuesta por Stalin condujo a desastres alimentarios como el del Holodomor en Ucrania, donde murieron millones de campesinos. La ideología en el campo agrícola es sinónimo de hambrunas.
Derogando más de 350 normas burocráticas que atentaban contra la generación de valor; reduciendo aranceles a la importación de fertilizantes, herbicidas y sistemas de riego; y otorgando créditos atados a litros de leche y kilos de carne, en un vigoroso programa de limitar controles y regulaciones al sector agrícola, Argentina aumentó en un 20 % el área sembrada, incrementando las exportaciones agroindustriales en más de 7 millones de toneladas de granos y derivados (56 % en volumen y un 26 % en facturación). En Colombia, siguiendo el lineamiento de maximizar la intervención del Estado en todas las áreas de la economía, en el sector agrícola el Gobierno activamente promueve la creación de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y la ampliación de la autoridad de las comunidades indígenas. En resumen, lo que el Gobierno pretende, aparte de constreñir sus opciones productivas, es introducir mayor burocracia, haciendo que cada día el empresario agrícola enfrente nuevos y más costosos peajes. Un reciente estudio del Instituto de Ciencias Políticas y del centro de estudios alemán Konrad Adenauer Stiftung señala: “La creación de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y la ampliación de la autoridad de las comunidades indígenas, introducen nuevas formas de interpretar y nuevas capas de burocracia y negociación que encarecen las transacciones de tierras”.
Lejos de seguir los consejos de Borlaug, el Gobierno no solo pretende imponer ideología al campo, sino que ilusoriamente pretende por decreto lograr “soberanía alimentaria”.
Apostilla: En Colombia tenemos 5,3 millones de hectáreas en producción agrícola. En la Orinoquia hay un potencial de 5 a 7 millones de hectáreas adicionales para sembrar cultivos como maíz, soya, arroz, piña, marañón y café. Pero el Estado, en vez de estar volcándose en diseñar incentivos para desarrollar las 5 a 7 millones en esta región, incluyendo el impulso decidido a la infraestructura e imitando al Perú y al Brasil, lo que parece estar buscando es a ver cómo obstaculiza la producción agrícola en los 5,3 millones de hectáreas que hoy se explotan en Colombia.
