LA EDICIÓN DE LA REVISTA SEMANA del pasado 21 de febrero trae un interesante artículo sobre un grupo de funcionarios públicos, cuyo esfuerzo ha logrado incrementar el recaudo fiscal en la no despreciable cifra de $4 billones.
Sin menospreciar el esfuerzo de estos servidores públicos, ni mucho menos desestimar el loable objetivo de aumentar la masa de contribuyentes (en Colombia, el número efectivo de contribuyentes es ridículo: a la hora del té en este país sólo pagan impuesto de renta cuatro gatos), debo confesar que los esfuerzos de este equipo son en vano: lo que están es arando en el mar porque al acecho de todo centavo que entre al erario público se encuentran los carteles de sanguijuelas, carteles cuyos integrantes son de cuello blanco y en vez de chupar la sangre de los animales, lo que pretenden —y en innumerables casos logran— es apoderarse con impunidad de los recursos del Estado, o más concretamente, de los contribuyentes.
Hace algunas semanas mencionábamos que los carteles de sanguijuelas, como las paletas, vienen de diferentes colores y sabores. Hay carteles especializados en saquear al Invías; hay carteles integrados por jueces venales o ignorantes (o ambas cosas a la vez), abogados bribones y exfuncionarios codiciosos, cuyo objetivo principal es esquilmar al liquidado Telecom, lo que queda de Foncolpuertos, Cajanal, y Fonpep; hay carteles de pícaros especializados en desfalcar al Estado con motivo de los pagos por la reparación a las víctimas de la violencia; hay carteles estructurando sofisticados mecanismos para esquilmar a la Nación y apoderarse de los recursos destinados a enfrentar las calamidades del invierno.
El desangre al fisco, la olla podrida, hoy va por cuenta de la Justicia. Semana, en la misma edición arriba señalada, saca a relucir que por cuenta de cuatro magistrados del Consejo de la Judicatura, 40 magistrados auxiliares tramitan pensiones abusivas que le pueden costar al Estado $140.000 millones. Pero como de hecho son 115 los magistrados auxiliares, el verdadero costo para el erario de la generosidad de los magistrados puede ser $420.000 millones. Y existiendo cuatro Cortes, la suma que el Estado puede terminar sufragando se acerca a $2 billones, o sea el 50% de lo que el equipo económico del Gobierno logró incrementar los recaudos.
En el mundo es imperativo que los sistemas pensionales reconozcan que para su sostenibilidad es necesario evolucionar hacia una mayor edad de jubilación. En un país en que millones de personas no tienen acceso a una mínima pensión, es un abuso inaceptable que “los jueces de los jueces” sean los que contribuyan a agudizar la enorme corrupción que reina en el país.
Informa la prensa que el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, pedirá derogar la norma que permite una pensión especial para los magistrados y que ha permitido el llamado “carrusel de magistrados”. La iniciativa del ministro merece un aplauso, pero el Gobierno tiene la imperativa obligación de desmontar la totalidad de las pensiones especiales que existan en el sector público. Este “Himno de Inequidad” en que se ha convertido el sistema pensional colombiano debe ser modificado de inmediato. De no hacerlo, todos los esfuerzos que se hagan en aumentar el recaudo fiscal, y toda reforma tributaria, equivaldrá a arar en el mar. Los carteles de sanguijuelas seguirán devorando el presupuesto nacional.
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Apostilla: Gadafi, el íntimo de Chávez y Ortega, con el baño de sangre en que ha sumido a Libia, va a pasar a la historia por haber masacrado sin piedad a su propia población (ratas, las llama él). En este repugnante Panteón de Asesinos, acompañará a otros dos líderes socialistas que se encargaron de liquidar a millones de sus ciudadanos: Lenin y Mao.
