La reforma tributaria presentada por este gobierno tiene como objetivo recaudar, en 2023, 25 billones de pesos adicionales o el 1,72 % del PIB. Estos ingresos se derivarán de los cambios en los impuestos para personas (32 %), impuestos sobre las exportaciones de productos básicos (27 %), impuestos corporativos (23 %), cargos ambientales y de salud pública (10 %) y el restante 9 % de otros cargos. Como está presentada, la reforma tiene dos inmensos riesgos: el primero es que los recaudos, en vez de aumentar, a mediano plazo disminuyan. La disminución en el recaudo por un aumento excesivo o no realista en las tarifas no es nada nuevo y en su día ya lo habían mencionado Adam Smith y Keynes. Sin embargo, en 1974 fue el economista estadounidense Arthur Laffer quien dibujó en una servilleta una curva en la que ilustraba el intercambio entre las recaudaciones y la tasa de impuesto. Para Laffer, “cualquier aumento adicional de impuestos no aumenta la recaudación, sino más bien tiene un efecto contrario y se recauda menos. Esto sucede porque se desincentiva la iniciativa privada de producir más, hace descender la actividad económica y consecuentemente afecta luego a la recaudación. Lo propio sucede inversamente: una disminución impositiva hace que los agentes económicos tengan más recursos, incentivando la inversión, el consumo y como consecuencia la actividad económica, lo que conduce a una mayor recaudación fiscal”.
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En el caso colombiano, un estudio de 2009 de los economistas Daniel Toro y María Helena Doria sobre los recaudos fiscales en Cartagena, calculando la elasticidad de los ingresos tributarios respecto a la tasa impositiva media, encontró que la recaudación tributaria es inelástica ante variaciones en la tasa media impositiva y que una política fiscal dirigida a aumentar los ingresos tributarios mediante un aumento de los tipos impositivos no es efectiva. “Solo en el caso del impuesto a la industria y el comercio, el aumento de este impuesto generaría un aumento en las recaudaciones”. Finalmente, Toro y Doria mencionan que una mejor estrategia de recaudación eficiente es más adecuada para mejorar los ingresos del Estado.
Otro enorme riesgo que va a enfrentar la reforma planteada en el Congreso es el aumento de la informalidad. En Colombia, de 22 millones de personas con trabajo, diez ganan menos de un salario mínimo. Solo 7,8 millones cotizan a la seguridad social y solo 1,8 declaran renta. De más de un millón de empresas, solo unas 3.300 pagan el 70 % del total del impuesto de renta.
Las críticas a la reforma vienen de diversas esquinas. La calificadora de riesgos Fitch lanzó duras advertencias: “La aprobación de las propuestas que se plantean en la tributaria presentaría desafíos financieros para las empresas, particularmente en los sectores de energía, productos básicos y alimentos y bebidas”. El analista Luis Guillermo Vélez afirmó en reciente artículo: “La reforma tributaria les carga la mano a los de siempre, castigando el capital como si en este país hubiera de sobra, y poco hace para poner a pagar a los que nunca han pagado”. Para el experto Santiago Pardo, “la tributaria está desconectada del crecimiento económico… el objetivo del recaudo es viable con otra estructura de impuestos”.
El Congreso, además de analizar y evaluar en detalle los aspectos negativos de la reforma, tiene el deber –como lo plantea Cambio Radical en uno de sus puntos anunciando la oposición a dicho proyecto– de asegurar que haya “un control del gasto público y una lucha frontal contra la corrupción”.
