18 Jul 2021 - 5:30 a. m.

De “cortes de ruta” y “orangutanes”

Pocas cosas les gustan más a los cerebros espongiformes que los eufemismos, porque la esencia del eufemismo es ocultar. El esconder hasta lo más esencial y evidente, siempre bajo la apariencia de intentar evitar algún mal mayor y a partir de ahí informar de manera sesgada, es engañar. La mal llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha convertido en la vocera del lenguaje estúpido y defraudador. Otro tembo de cerebro espongiforme es el subpresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que se refiere a los manifestantes como “personas con insatisfacciones legítimas”.

A la CIDH ni siquiera se le pasó por la mente revisar las consecuencias de lo que ella llama “cortes de ruta”, o sea los 3.190 bloqueos que ocurrieron entre el 28 de abril y el 4 de junio. Según el Ministerio de Hacienda, las pérdidas se calculan en unos $11,9 billones, lo que significa que los pobres de Colombia, que a finales de mayo se calculaban en 21 millones de personas, se han casi duplicado. Fenalco menciona que el 30 % de las pérdidas generadas por el paro nacional son del sector del comercio, llegando estas a $15 billones. Según la ANDI, el 84 % de las empresas se vieron muy afectadas por estos bloqueos y cerca del 75 % sostienen que sus ventas disminuyeron hasta en un 91 %. El sector agropecuario también ha reportado pérdidas de $3,8 billones, afectando principalmente a la población más vulnerable de Colombia y los bloqueos claramente impulsaron la inflación de los alimentos. El DANE manifiesta que la inflación afectó sobre todo a los más pobres en 1,49 %, mientras que los estratos altos solo fueron afectados en el 0,49 %. Son los de menor poder adquisitivo, incluyendo los micro y pequeños empresarios, los que más han sufrido los “cortes de ruta”. La CIDH pretende hacernos creer que “las víctimas cuentan menos que los manifestantes; que los vándalos son buenos y la Policía es mala; y que la sociedad es siempre culpable y el delincuente inocente”.

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Cursa en el Senado un Proyecto Ambiental (n.° 446 del 2021) con el objetivo loable de fortalecer la protección jurídica al medio ambiente. Sin embargo, durante el trámite legislativo al proyecto le fueron agregados un par de “orangutanes” del tamaño del África meridional. Estos dos primates legislativos relacionados con la ocupación ilegal de baldíos “son delitos penales que no se encuentran relacionados ni con medio ambiente, ni el ecosistema, ni los recursos naturales, ni la vida,ni la salud de las personas, resultando por lo tanto del todo incoherentes y rompiendo cualquier armonía con el resto del texto, así como con los fines perseguidos por el proyecto de ley”. La creación de nuevos tipos penales, como bien lo señala reciente carta de Asorinoquia, “no puede obedecer a improvisaciones legislativas que desconozcan el concepto de bien jurídico, el objeto material, los principios de legalidad y tipicidad inequívoca, así́ como el carácter fragmentario y de última ratio del derecho penal”. Los delitos ecológicos deben ser investigados y judicializados de manera independiente. En Colombia no existe un solo centímetro de tierra que no tenga propietario, tenga o no papeles, o que el origen del predio sea baldío o no lo sea. Pretender bajo una misma ley perseguir presuntos delitos ambientales con irregularidades en la posesión o adquisición de baldíos es un exabrupto jurídico.

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