Desmontando narrativas simplistas y falsas

Lamentablemente pocas cosas tienen más arraigo en la extrema izquierda —y en buena parte de los mal llamados progresistas— que la creencia de que la violencia política es fruto de la pobreza y la desigualdad, cuando, como afirman los expertos, la causalidad es exactamente la contraria: es la violencia política la que ha impedido la inversión, la creación de empresas y de empleo formal. Más allá de narrativas simplistas y falsas, narrativas que seducen a los “progres” y que convienen a los sediciosos alzados en armas, evidencia académica y de organismos internacionales muestran que la violencia sistemática adelantada por los grupos narcoterroristas como las FARC y el ELN afectan desproporcionadamente a los más vulnerables y, como afirma el PNUD, “perpetúan y amplifican la desigualdad en varios aspectos del desarrollo humano, incluidos los derechos, los ingresos, la salud, la educación y la representación política”. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la presencia de grupos armados ilegales reduce hasta un 30 % la probabilidad de inversión formal en municipios rurales del país. Para Antonio Negri y Michael Hardt, “el poder territorial de actores armados desvía recursos del desarrollo hacia la economía de violencia, bloqueando la creación de capital social y financiero”.

La mal llamada Paz Total de este gobierno durante cuatro años ha permitido a grupos por fuera de la ley, incluyendo al ELN y las disidencias de las FARC, seguir perpetrando con casi total impunidad acciones criminales que profundizan el círculo vicioso de violencia que engendra pobreza, pobreza que alimenta inseguridad, inseguridad que ahuyenta inversión. Las cifras que ponen en evidencia el fracaso total de la Paz Total son elocuentes: el Comité Internacional de la Cruz Roja informó que en 2024 las víctimas de minas y artefactos explosivos aumentaron un 84 % alcanzando, en medio de la implementación de políticas de Paz Total, la cifra más alta en ocho años. Iván Cepeda, arquitecto de la Paz Total, se ha comprometido a ahondar los diálogos interminables cuyo único resultado, aparte de tener las dos terceras partes de los municipios de Colombia con presencia de grupos armados, ha sido el aumento de los alzados en armas de 15.000 a 22.000 y que 376 municipios estén bajo control directo de los narcoterroristas.

Apostilla 1. Habiéndose en esta administración robado casi la totalidad de los recursos de la UNGRD, hoy pretenden —en una asombrosa relación de causalidad— mitigar los desastres del invierno en Córdoba imponiendo un nuevo impuesto al patrimonio. “¡Robar para después gravar!” pareciera ser el lema del régimen.

Apostilla 2. En lo que puede ser un récord Guinness, en las semanas previas a las restricciones de la Ley de Garantías Electorales, el sector público colombiano suscribió cerca de 544 mil contratos por un valor de $ 33 billones de pesos. Dentro de estos contratos están los del hermano de la ministra de Cultura, Salim Kadamani, por 400 millones de pesos. Teniendo el mes 22 días hábiles de ocho horas laborables, el gobierno firmó 24.727 contratos por día, 3.091 por hora y más de 51 por segundo. La duda que uno alberga en esta orgia contractual es si hay un solo miembro del Pacto Histórico que se quedó sin contrato.