El desbordamiento de la burocracia, principalmente a través de las OPS (Orden de Prestación de Servicios), contratos temporales en los que una persona natural presta servicios profesionales o de apoyo a la gestión, sin vinculación laboral directa con la entidad pública contratante, demuestra la poca voluntad de ajuste de gasto. Durante este Gobierno ha habido un crecimiento de más del 40 % en contratistas OPS, pasando en menos de tres años de 45.000 personas a 63.000 individuos y entidades que han firmado la colosal cifra de 110.000 contratos por prestación de servicios. Fedesarrollo afirma que el gasto estatal en burocracia, fuente principal de derroche y corrupción, crecerá este año al 28 %, equivalente a 10 billones de pesos.
Mientras la inversión pública se redujo de 19,8 % a 15,3 %, es inexplicable que desde el 2022 el gasto en funcionamiento ha aumentado casi 100 billones de pesos, pasando de $253,9 billones a $353,4 billones, cifra que representa el 89,6 % del crecimiento total del presupuesto. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo ha manifestado que entre el 2023 y el 2025 el gasto de funcionamiento —que incluye nómina, burocracia y contratos temporales— ha crecido cerca de un 20 % anual, muy por encima del crecimiento del PIB que ha sido por debajo del 3 %.
Otro aspecto que preocupa de la Reforma es que rompe el principio de neutralidad tributaria: un sistema impositivo neutro no incentiva ni penaliza artificialmente ciertas actividades ni castiga un servicio o industria sobre otra. El editorial de Portafolio del pasado miércoles (3/10) advierte: “El Gobierno sigue ensañado con las industrias extractivas, a las que busca imponerles una renta adicional del 1 % en la primera venta o exportación de petróleo y carbón y que con precios altos su tasa de tributación llegaría a estar entre las más altas de la región (…) A este renglón quieren sumarle el sector financiero —con una tarifa de renta de 50 %—, con lo que el país vería un aumento en el costo de los préstamos que pide cualquier colombiano o una empresa, para sus proyectos”.
El panorama fiscal del país reviste extrema gravedad con cifras aún más alarmantes que durante la pandemia: se proyecta cerrar el 2025 con un déficit fiscal entre el 7,1 % y el 7,9 % del PIB, y con una deuda pública cercana al 65% del PIB, muy por encima de economías comparables como las de Perú, Chile y México. Antes de buscar nuevos ingresos para disminuir el déficit, buena parte de los analistas opinan que no es el momento adecuado para una reforma tributaria, y lo que es necesario es recortar inicialmente entre 26,6 y 40 billones de pesos del presupuesto de 2025. Adicional a este ajuste, el prestigioso Instituto de Ciencia Política propone hacer un ajuste realista a las proyecciones de recaudo tributario en 11,3 billones, cifra que no van a recaudar. Recae sobre el Congreso la enorme responsabilidad de aprobar o desaprobar el proyecto alcabalero presentado por un Gobierno que ningún esfuerzo ha hecho en elaborar un presupuesto responsable, eliminando egresos suntuarios y ajustando eficientemente los recursos existentes.
Apostilla. ¡El paso de Juliana Guerrero de tecnóloga a contadora en solo dos semanas refleja la excelencia de la educación colombiana!
