Al afirmar que el presidente como “suprema autoridad administrativa del país puede inaplicar cualquier acto jurídico, incluso una ley, así sea expedida por el Congreso”, Montealegre (en entrevista en El Espectador - junio 14/25) le da la primera estocada a la democracia como la conocemos. El constitucionalista Mauricio Gaona afirma que, al no poder el presidente colocarse por encima del Congreso ni del sistema judicial, la propuesta de Montealegre es “un exabrupto jurídico de proporciones históricas”; y que al pretender cobijar su peregrina tesis con precedentes en la justicia de EE. UU., el ministro tergiversa “tanto el principio de supremacía constitucional como los precedentes del derecho comparado”. Gaona señala que Montealegre ignora que el judicial review reserva exclusivamente a los jueces las interpretaciones constitucionales y advierte que “estamos caminando hacia una ‘dictadura constitucional’, disfrazada bajo el uso indebido del derecho”.
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De prosperar la estrambótica tesis del Gobierno de que el Ejecutivo, a su libre arbitrio, puede decidir qué leyes obedecer o no obedecer, se disuelve el Estado de Derecho y nos transformamos en un remedo de Venezuela y Nicaragua. El germen de esta idea se empezó a gestar en agosto del 2022. En reciente escrito, el columnista Thierry Ways afirmaba: “Ya electo, vinieron más señales, más similitudes: la incomodidad de Petro con la división de poderes, sus intimidaciones al Congreso, la descalificación de la prensa, los llamados a la lucha de clases, la apropiación de la figura de Bolívar, la manía de dividir a la sociedad entre ‘ellos’ y ‘nosotros’, el constreñimiento a sectores estratégicos, su autoproclamación como encarnación del pueblo y el uso de la injuria para satanizar a sus opositores, a quienes llamó ‘HP esclavistas’”.
Si pretenden convertirnos en una parodia de Venezuela o Nicaragua, ¿no es oportuno darle una mirada esos países? Venezuela sigue enfrentando una gravísima crisis económica y social que está marcada por hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, servicios públicos colapsados y una migración masiva. En Nicaragua, Ortega eliminó la independencia de poderes, ejerciendo el control absoluto del poder judicial, legislativo y electoral para poder reelegirse indefinidamente. Con pedantería señala Ways, muchos afirmarán que Colombia no es Venezuela, ni Nicaragua; y que Petro ni es Maduro, ni es Ortega. Algo de razón tendrán, pero la Casa de Nariño —apoyada por un ejército de mercenarios jurídicos— y no obstante haber sido abortado el “decretazo” (que le daba un puntillazo final al Congreso y que con enorme sensatez el registrador exigió el concepto previo del Consejo de Estado), y arropándose con el peregrino derecho de decidir qué leyes le conviene o no le conviene, ¿pretenderá embutirnos una Constituyente?
Apostilla 1. En la marcha del domingo 15 no se vieron pagadas por el contribuyente ni chivas de indígenas, ni sanduchitos y refrigerios, ni eventos musicales.
Apostilla 2. Número de asistentes al “plantón” de la CUT el lunes 16 en la Plaza de Bolívar: 79. Número de palomas: 7.324.
Apostilla 3. Como jefe de Gabinete, entra el marqués de Saade.
