El objetivo de la “constituyente” es embutirnos el estatismo

“Se empieza por la idea de que el Estado debe dirigir todo, de que es mejor que haya una corporación que dirija las cosas y no que todo ‘quede abandonado al caos, o a circunstancias individuales’; y se llega al nazismo o al comunismo, claro. Toda idea empieza siendo una hermosa posibilidad y luego cuando envejece es usada para la tiranía, para la opresión” (Jorge Luis Borges).

Como lo ha anunciado Montealegre desde China, en Colombia se pretende imponer, por medio de una “constituyente”, un modelo estatista que, emulando a Venezuela, anule la oposición y deje tendida en la lona la economía de libre mercado. Montealegre fue muy claro en que se buscaba romper el “boqueo institucional”, haciendo caso omiso de la advertencia que en su día le hizo el constitucionalista Mauricio Gaona a que lo que el Gobierno llama “bloqueo”, en las democracias se llama “oposición”. Con una serie de argumentos falaces, como el que el Estado al transformarse en actor central de la economía es el único garante del bienestar, la llamada “constituyente” en realidad buscaría embutirnos es una sociedad estatizada, sin oposición, en la que se relega la iniciativa individual a sectores marginales.

El analista mexicano Enrique Villareal retrata el estatismo: “Es un régimen caracterizado por el avasallamiento político, económico y social de la sociedad por las élites en el poder”. Entre las implicaciones de que el Estado no fuera sólo el conductor, sino el forjador —o incluso el propietario— de la sociedad, fue el surgimiento de la tradición estatista: la creencia de que sólo el Estado puede ser la instancia que rija, ya sea para conservar o transformar la realidad social. De ahí que era necesario fortalecerlo y extenderlo lo más posible. Con la presidente Sheinbaum, el Estado populista, o Estado botín “se ha extendido como nunca (…), en gran parte por los dineros del narco”. Y si bien Villareal se refiere es a México, el parecido con Colombia es escalofriante. La “constituyente” convertiría al Estado en una fuente inagotable de contratos a dedo para satisfacer el apetito infinito de los corruptos.

La propuesta de Montealegre busca es cambiar las reglas del juego, socavando los cimientos de la separación de poderes y pulverizando todo contrapeso constitucional. Es nada más ni nada menos un “quiebre institucional” que le estaría dando un puntillazo final a la democracia. En el campo económico, lo que se buscaría es revertir al Estado entidades como pueden ser los puertos y las telecomunicaciones. Mientras que Colpuertos, en 1993, en todo el país movía solo 600 mil contenedores anuales, el Puerto de Cartagena mueve actualmente tres millones de contenedores, convirtiéndose en el motor del comercio exterior colombiano. Bajo otras designaciones y estructuras corporativas intentarán revivir a Colpuertos y Telecom, empresas que quedaron sepultadas en el cementerio de los fracasos estatales.

Apostilla. Si se comprueba que en Medellín la Alcaldía vendió la Gerencia de Afinia por 8 millones de dólares, asumimos que, con la remota mas no imposible llegada de un pícaro al poder, por la presidencia de Ecopetrol puede pedir 80 millones de dólares.