En EE. UU. el perjurio es a otro precio

“El vocablo latino perjurium llegó al castellano como ‘perjurio’. Así se denomina el acto de jurar en falso o la violación de la fe jurada. El perjurio, por lo tanto, consiste en mentir mientras se está bajo juramento”. En Colombia, en donde el perjurio se conoce como falso testimonio, el Código Penal establece: “El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años. Por lo tanto, cuando una persona es citada en condición de testigo, una sola palabra equivocada o carente de verdad puede ocasionarle la pérdida de su libertad”. Para algunos expertos, el falso testimonio es “la impostura o acusación contra el inocente, y la deposición que hace un testigo contra verdad” y perjurio es el “delito de jurar en falso o de quebrantar maliciosamente el juramento que se ha hecho”.

Pero en este país, como lo hemos visto en infinidad de casos (especialmente ante las altas cortes), las decisiones sobre el perjurio, o falsos testigos, no se toman en “derecho” y mucho menos en “conciencia”, sino en “ideología”. Si los presuntos implicados son de izquierda, los pleitos se archivan con presteza; si, por el contrario, son de centro o de derecha, los casos se llevan hasta las últimas consecuencias.

Mario Díaz-Balart, congresista de EE. UU., envió una solicitud a la Fiscalía estadounidense para que se resuelvan tres preguntas sobre las visitas que hizo el senador Iván Cepeda a varios prisioneros colombianos que se encontraban en cárceles de EE. UU. Díaz-Balart señala que “Iván Cepeda ofreció asilo político para el Tuso Sierra y su familia en Suiza si, a cambio, incriminaba al entonces presidente Álvaro Uribe con asociaciones criminales”. El congresista se pregunta “si un actor extranjero tuvo acceso a un prisionero bajo custodia de los Estados Unidos con el propósito de corrupción, interferencia en procedimientos judiciales o sobornar para dar falso testimonio”. Las tres preguntas que hace Díaz-Balart son: en primer lugar, que se confirme si las visitas de Cepeda a los prisioneros se llevaron a cabo y solicita detallar fecha y lugar de reunión, aclarando si el senador iba acompañado. La segunda pregunta se refiere a si dichas visitas fueron grabadas y de ser ese el caso, que se le entreguen estas grabaciones. Finalmente, Díaz-Balart solicita información sobre visitas a otros prisioneros y exige igualmente que dichas conversaciones sean entregadas. El congresista cierra su carta afirmando que “dichas visitas plantean graves preocupaciones que podrían tener serias repercusiones para la relación entre Estados Unidos y Colombia”.

Apostilla 1: Los principales asesinos de los líderes sociales y de la guarda indígena en el centro y norte del Cauca son grupos de narcotraficantes arropados en mantas ideológicas: disidencias de las Farc, entre ellas los grupos denominados Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. Entre las filas de la minga también se han colado otros narcotraficantes que son los encargados de proveer la financiación de dicho movimiento.

Apostilla 2: Chile no firmó el Acuerdo de Escazú por incluir “ambigüedades” en algunas normas que “prevalecerían sobre la legislación interna”, causando confusiones jurídicas y exponiéndoles a posibles demandas internacionales. Colombia, entre otras, debe esgrimir razones similares para no firmar tan nefasto documento.