Lo que ocurrió la semana pasada en la Plaza de Bolívar, cuando los funcionarios de la Alcaldía, a plena luz del día y enfrente de decenas de cámaras, marcaron una silla vacía para subrayar la ausencia del presidente Duque al evento, es no solo un acto deshonesto que ensucia el propósito de una ceremonia de perdón, como en reciente tuit lo señalaba el periodista Daniel Coronell, sino que es un acto de profunda estupidez.
Es un acto deshonesto, porque el presidente Iván Duque ya había avisado a Claudia López que no asistiría al evento y que en su lugar irían el alto consejero de Paz, Miguel Ceballos, y la exministra de Gobierno Nancy Patricia Gutiérrez. Duque, ocupado en compromisos previos, pero consciente de la importancia del acto de la Alcaldía, envió en su representación a dos de sus más cercanos colaboradores, Ceballos y Nancy Patricia. El pretender mostrar que la inasistencia del presidente era un desaire tanto a la ciudadanía como a la alcaldesa, además de torpe, es un acto de profunda deshonestidad.
Lo que funcionarios de la Alcaldía pretendieron hacer es un acto también de insondable estupidez porque los dejó a ellos (al igual que a la empresa de marketing Poder y Poder, que parece ser fue la que tuvo la idea de dejar la silla vacía del presidente), aparte de oportunistas, como avivatos. Según el portal Kienyke, “el 14 de febrero de 1979, Alberto Lleras Camargo escribió un artículo titulado ‘El avivato’, en el que describe un por entonces nuevo tipo de ciudadano, incrustado en la sociedad colombiana y nocivo como el que más”. Escribe Lleras: “El avivato se resbala, como una anguila, por entre la maraña judicial y la reglamentación constante del Estado, hasta que da con el sitio por donde pueda pasarse (…) El avivato puede sacar una licencia más aprisa que nadie, manejar toda la red de dificultades que van desde la cuna al sepulcro para hacer cualquier cosa (…) Es un apasionado de la sociedad de consumo y el primero que obtiene todo lo que ella produce, de manos de los contrabandistas (…) Se detiene justamente donde la ley penal no puede menos de morder, y sigue adelante. Que nos estemos convirtiendo en una sociedad de avivatos es uno de los castigos más grandes que han caído sobre Colombia. Un castigo que aún persiste”.
Por otra parte, en abierta oposición a una sentencia de la Corte Constitucional, la Secretaría de Movilidad de Bogotá ladinamente pretende trasladarle al ciudadano la responsabilidad de demostrar que él no es el responsable de una conducta, cuando claramente esa tarea de documentar las pruebas les corresponde a las autoridades. El expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández Galindo hace unos meses le declaró al diario El Tiempo: “Lo malo no es que pongan a funcionar las cámaras, sino que comprometan sin ningún fundamento al propietario del vehículo, vaya o no en su interior en el momento de la infracción. Le conste o no, y lo multan por no informar quién fue el infractor. Es algo altamente violatorio de las garantías procesales, que parece inspirado en los tribunales del Santo Oficio en la vergonzosa época de la Inquisición… Ninguna autoridad puede reproducir una norma declarada inexequible por la Corte Constitucional, así sea con palabras distintas. Cosa juzgada constitucional. Podría ser un prevaricato. Que tengan mucho cuidado en el Distrito”.
Qué triste para los bogotanos tener una administración donde pululan funcionarios tan avivatos como ladinos.
Lo que ocurrió la semana pasada en la Plaza de Bolívar, cuando los funcionarios de la Alcaldía, a plena luz del día y enfrente de decenas de cámaras, marcaron una silla vacía para subrayar la ausencia del presidente Duque al evento, es no solo un acto deshonesto que ensucia el propósito de una ceremonia de perdón, como en reciente tuit lo señalaba el periodista Daniel Coronell, sino que es un acto de profunda estupidez.
Es un acto deshonesto, porque el presidente Iván Duque ya había avisado a Claudia López que no asistiría al evento y que en su lugar irían el alto consejero de Paz, Miguel Ceballos, y la exministra de Gobierno Nancy Patricia Gutiérrez. Duque, ocupado en compromisos previos, pero consciente de la importancia del acto de la Alcaldía, envió en su representación a dos de sus más cercanos colaboradores, Ceballos y Nancy Patricia. El pretender mostrar que la inasistencia del presidente era un desaire tanto a la ciudadanía como a la alcaldesa, además de torpe, es un acto de profunda deshonestidad.
Lo que funcionarios de la Alcaldía pretendieron hacer es un acto también de insondable estupidez porque los dejó a ellos (al igual que a la empresa de marketing Poder y Poder, que parece ser fue la que tuvo la idea de dejar la silla vacía del presidente), aparte de oportunistas, como avivatos. Según el portal Kienyke, “el 14 de febrero de 1979, Alberto Lleras Camargo escribió un artículo titulado ‘El avivato’, en el que describe un por entonces nuevo tipo de ciudadano, incrustado en la sociedad colombiana y nocivo como el que más”. Escribe Lleras: “El avivato se resbala, como una anguila, por entre la maraña judicial y la reglamentación constante del Estado, hasta que da con el sitio por donde pueda pasarse (…) El avivato puede sacar una licencia más aprisa que nadie, manejar toda la red de dificultades que van desde la cuna al sepulcro para hacer cualquier cosa (…) Es un apasionado de la sociedad de consumo y el primero que obtiene todo lo que ella produce, de manos de los contrabandistas (…) Se detiene justamente donde la ley penal no puede menos de morder, y sigue adelante. Que nos estemos convirtiendo en una sociedad de avivatos es uno de los castigos más grandes que han caído sobre Colombia. Un castigo que aún persiste”.
Por otra parte, en abierta oposición a una sentencia de la Corte Constitucional, la Secretaría de Movilidad de Bogotá ladinamente pretende trasladarle al ciudadano la responsabilidad de demostrar que él no es el responsable de una conducta, cuando claramente esa tarea de documentar las pruebas les corresponde a las autoridades. El expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández Galindo hace unos meses le declaró al diario El Tiempo: “Lo malo no es que pongan a funcionar las cámaras, sino que comprometan sin ningún fundamento al propietario del vehículo, vaya o no en su interior en el momento de la infracción. Le conste o no, y lo multan por no informar quién fue el infractor. Es algo altamente violatorio de las garantías procesales, que parece inspirado en los tribunales del Santo Oficio en la vergonzosa época de la Inquisición… Ninguna autoridad puede reproducir una norma declarada inexequible por la Corte Constitucional, así sea con palabras distintas. Cosa juzgada constitucional. Podría ser un prevaricato. Que tengan mucho cuidado en el Distrito”.
Qué triste para los bogotanos tener una administración donde pululan funcionarios tan avivatos como ladinos.