LA MARCHA DEL PASADO VIERNES 28 de noviembre, cuyo número de participantes no llegó al 10% de aquellos que marcharon el 4 de febrero pasado, fue decepcionante. Para los organizadores, hay algunos temas de reflexión: uno de ellos es que sí se puede haber llegado, con cuatro marchas en menos de diez meses, a un punto de saturación.
Otro es que no parece ser conveniente el mezclar diferentes objetivos en las convocatorias: una cosa es marchar en contra el secuestro, viniere de donde viniere, crimen que rechaza de forma unánime la sociedad. Igualmente, las desapariciones y los asesinatos —indistintamente de donde provengan— generan un rechazo fulminante. Pero cuando en las convocatorias se incluye explícitamente condenas generalizadas al Estado, o a este gobierno, la gente empieza a preguntarse si no hay motivos ocultos de orden político por parte de los organizadores.
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Una de las principales herramientas que tienen los norteamericanos en contra de el crimen organizado es la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Dicha ley les permite a los fiscales investigar y obviamente impedir que los inculpados, con fondos producto de sus actividades criminales, remuneren a sus defensores.
El país ha escuchado a diferentes abogados confesando que recibían en Panamá importantes sumas de dinero en efectivo de parte de DMG. En relación a estos últimos, y a algunos, como el anterior abogado de don Murcia, que a los cuatro vientos proclaman defender a todo aquel que tenga plata para pagarles sus honorarios, el Estado en Colombia debe establecer los mecanismos para evitar que la remuneración a estos penalistas no sea con los sucios dineros del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, o de las pirámides. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de negarle a nadie el derecho a la legítima defensa. Lo que se trata es evitar que los inculpados se defiendan con los recursos obtenidos de manera ilícita. Y si los reos no disponen de otros recursos para pagar a sus abogados, para eso están los defensores de oficio por cuenta del Estado.
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Un erudito corresponsal de este diario, Alfredo Gutiérrez Borrero, me evitó tenerle que responder a la senadora Cecilia López, quien maneja citas y cifras de manera amañada y subjetiva. En una carta publicada en “Cartas de los lectores” el viernes 28 de noviembre pasado, Gutiérrez le advierte a la senadora de manera contundente que su táctica de confundir si no puede convencer, y empatar si no puede ganar, es una equivocación.
Gutiérrez está lejos de ser hincha de este columnista, a quien tilda de “gobiernista empedernido”. Por el contrario, se declara admirador de la gallardía de la senadora. Pero su honestidad intelectual lo lleva a decirle a la congresista liberal que es inaceptable el pretender que las citas se deben es establecer por discusión y por consenso, en lugar de investigación y fidelidad a la historia.
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Desde que públicamente, el 10 de noviembre pasado, el Ministro de Minas afirmó que la gasolina ya no requería subsidio, el precio del petróleo ha bajado de $63 dólares el barril, a $45 dólares el barril, una disminución del 28%. El Ministerio, como gran concesión a los consumidores, ha ofrecido bajar en diciembre el precio de la gasolina en $60 pesos, menos de un 1%. Teniendo en cuenta que los impuestos que pesan sobre los combustibles son porcentuales y no absolutos, esta insignificante disminución de sesenta pesos está lejos de reflejar la transparencia que el Estado debe y tiene que tener con la ciudadanía. El costo político de este desacierto puede llegar a ser muy alto.
