Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
“El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
-Lord Acton
Estamos en un régimen que claramente ha demostrado su animadversión hacia el sector privado y su preferencia hacia un Estado omnipotente y controlador. Todo indica que el objetivo principal del Gobierno es estatizar la totalidad de las empresas de servicios públicos, incluyendo las empresas prestadoras de salud, las de pensiones y las eléctricas. Que este tipo de Estado intervencionista conlleve a menores tasas de crecimiento, salarios reales más bajos y mayor pobreza, muy seguramente los tiene sin cuidado. En 1944, en su libro Camino a la servidumbre, Friedrich Hayek demostró cómo un Estado todopoderoso, que comienza regulando la economía, termina regulando la vida privada de las personas. En relación con la peligrosísima tendencia estatizadora de los progresistas, en su día observaba Nicolás Gómez Dávila que los funcionarios que asumían las tareas despóticas del Estado eran “burócratas anónimos, subalternos, pusilánimes y probablemente cornudos”. Para el filósofo, “entre más complejas sean las funciones que el Estado asume, la suerte del ciudadano depende de funcionarios crecientemente subalternos”.
La idolatría por el estatismo igualmente conlleva a que casi la totalidad del poder se concentre en la cúpula presidencial. La idolatría del Estado es una ficción protectora de derechos que realmente se convierte en una religión pagana del saqueo, afirmaba en su día el argentino Carlos Mira. Este es un gobierno que, como bien lo señala Germán Vargas Lleras en su artículo del domingo antepasado, “no concibe que pueda generarse ninguna utilidad ni beneficio en el desarrollo de actividades productivas como la salud, el transporte, la infraestructura, los seguros, la vivienda, los servicios públicos, la educación, para citar solo algunos… En algunos se está acudiendo, además, con el peligroso expediente de asfixiar las empresas para presionar las reformas. Este es el caso de las EPS y las clínicas y los hospitales a los que se adeudan más de $16 billones y que el Gobierno se resiste a pagar”.
Si bien el deber del Estado es asegurar la prestación de los servicios públicos de manera eficaz y eficiente, es de una estupidez rayana en la demencia que todo servicio público tiene que ser de prestación pública.
Apostilla 1: el excongresista y dirigente de la izquierda radical Germán Navas Talero, que en su día había llamado a la alcaldesa “payasa, corrida de la teja, histérica”, hoy decide tildarla de “zorrilla”. Más que un misógeno resentido, Navas Talero es un patán y las redes sociales tienen toda la razón en cuestionar si está en sus cinco cabales. Lo que es difícil de entender es la razón por la que se hubiera considerado nombrar a ese cazurro como embajador en Suecia. Pero cuando uno se percata que a un productor de videos porno gay lo nombran viceministro, ¡uno comprende todo!
Apostilla 2: ¿Por qué Iván Márquez abandonó Venezuela donde Maduro le daba amparo, resguardo, protección y auxilio? Porque se le prometió que aquí en Colombia, además de impunidad, se le consentiría aún más.
