Un editorial de El Espectador del 2012 rezaba: “Impresiona la forma en que ciudadanos y medios de comunicación seguimos con atención los procesos judiciales. Algunos de ellos tienen un ligero tufillo a realities, a telenovelas de alto rating, a espectáculos de medio tiempo que sirven para mantener divertida a la población mientras otras cosas pasan inadvertidas. A pesar de que para la justicia es casi inherente esta condición de taquillera (muchos sentimientos humanos se representan en sus procesos), todos debemos tener cuidado a la hora de evaluarla, de cubrirla, de analizarla”. Se trae a colación dicho editorial porque se ha dado por ventilar en los medios un pleito de unas losas de un edificio, que, si bien no es de poca monta, no tiene la menor trascendencia nacional, pero encaja perfectamente en lo que el editorial de este diario llama “tufillo a realities”, ya que en dicho pleito participa como abogado un alto exfuncionario que, a su vez, tiene el respaldo de otros funcionarios que en su día eran sus subalternos.
Allá en el 2015, el columnista Felipe Zuleta afirmaba: “Qué peligro verse uno envuelto en procesos de cualquier índole en donde los fiscales y los jueces se mueven al vaivén de los medios, haciéndoles el juego a estos en contra de principios tan elementales como el debido proceso y la imparcialidad. Muy difícil le resulta a un ciudadano tratar de convencer a sus jueces de que es inocente, pues cuando el reo llega al proceso ya ha sido condenado por la opinión pública. Es decir, es culpable de entrada”.
Por otra parte, está el tema de la justicia telefónica, en donde unos expresidentes llaman a los magistrados para, obviamente, influir en los fallos. El columnista José Fernando Torres señala que los magistrados que recibieron las llamadas de los expresidentes “tienen el deber moral y ético, cuando no legal, de informar a la opinión pública quiénes los llamaron y con qué propósito. No se puede ser ingenuo. Estas llamadas, teniendo en cuenta la naturaleza de la tutela, no parecen ser para informarse al respecto o tratar otros asuntos, sino para incidir en el sentido de la decisión y tanto lo uno como lo otro están totalmente fuera de lugar”. Asombra la falta de respeto de los expresidentes con los magistrados.
La Corte también hace gala de incoherencia. El columnista Andrés Espinosa hace referencia a lo expresado por un magistrado disidente: “El magistrado Rojas Ríos demuestra con argumentos sólidos que la Sentencia SSU-388/21, al tratar la indagatoria como sustituta de la imputación, auspicia la violación de la Constitución Política, destruye el debido proceso de Uribe Vélez y ‘desintegra la estructura propia del sistema procesal acusatorio con un daño al derecho de defensa que se ve expuesto a la indeterminación y la incertidumbre’”. El citado columnista Torres, en el mismo sentido, comenta que sus amigos jurisconsultos le habían dicho que “bajo ningún punto de vista puede equipararse la indagatoria a la imputación, ni técnica ni funcionalmente, pues son instituciones procesales totalmente diferentes, provenientes de sistemas penales distintos, así tengan algunas semejanzas”. Me anotaba Alejandro Mejía que la Corte asumió, equivocadamente, que “como la carne de conejo sabe a pollo, el conejo es un ave”. O sea, justicia gastronómica.
Regresando a la justicia mediática, cuentan que cuando era magistrado de la Corte, un inoportuno quiso indagar al doctor Darío Echandía su opinión sobre un fallo, quien de plano le cortó afirmando: “Los jueces hablamos es a través de nuestras sentencias”.
