En un artículo del pasado martes, “La población+50, la nueva fuerza del país”, El Tiempo hace un interesante análisis de los desafíos y oportunidades que enfrenta el país alrededor de la transición demográfica. Citando al informe de Economía Plateada en Colombia del Banco Popular, “hoy más de 14 millones de personas superan los 50 años y, para 2030, habrá más colombianos mayores de 60 que menores de 15”. Para Soraya Montoya, directora de la Fundación Saldarriaga Concha, “las nuevas realidades en la salud, el cuidado, la educación, el mercado laboral, la vivienda, la infraestructura, la tecnología y también las relaciones sociales e interpersonales permitirán convertir este fenómeno en una oportunidad. Hoy las personas mayores mueven cerca del 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país”.
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El revés demográfico, si bien conlleva oportunidades, también conlleva el enorme riesgo de que la pirámide del sistema pensional empiece a tambalear. En Colombia (como en muchos otros países) el sistema funciona con base en que los trabajadores activos hagan aportes al sistema, pagando de esta forma las pensiones de los jubilados actuales, pirámide que es relativamente estable mientras haya muchos trabajadores activos y pocos pensionados. La disminución de la tasa de natalidad significa que van a haber menos jóvenes entrando al mercado laboral en el futuro, desbalance que a mediano y largo plazo necesariamente va a convertir al sistema pensional en financieramente insostenible. Y si esta disminución de la natalidad no fuera suficientemente grave, cerca de trescientos mil colombianos, principalmente jóvenes, abandonan el país cada año. Reciente estudio señala que 81 de cada 100 jóvenes miraría la posibilidad de emigrar.
En un escenario de pobre crecimiento económico (menos del 2,5 %), lo que se está configurando es una tormenta perfecta: fertilidad disminuyendo en un entorno de importante migración de los jóvenes; aumentos de la expectativa de vida; altísima informalidad laboral; y edad de retiro inamovible. Corficolombiana estima que solo por cambio en estructura poblacional (más viejos, menos nacimientos), sin contar mejoras en cobertura ni calidad de servicios, “el gasto público en salud + pensiones solidarias podría aumentar tres puntos porcentuales del PIB entre 2024 y 2070”. Este gasto adicional no se va a poder financiar con más deuda y sería indispensable reducir otros rubros como la educación y la salud. Uno pensaría que el Gobierno contemplaría medidas audaces para evitar el colapso de la pirámide. Lejos de eso, las medidas que se han tomado mantienen —y de alguna forma agravan— el problema: se sostienen fijas las edades de 62 años para hombres y 57 para mujeres, en las que hay una reducción gradual de semanas hasta llegar a las 1.000 en el 2036. ¡El panorama que enfrentaremos no luce halagador!
Apostilla. A un costo de 550 mil millones de pesos anuales, después de nueve años la JEP debuta con una sentencia a la que no le caben más babas. No contentos con exigirnos pagarles alimentación y vestuario al ex Secretariado de las FARC, responsables de 21.936 secuestros, 18.000 niños reclutados y más de 1,5 millones de víctimas, a los magistrados sólo les faltó solicitarles a las FARC es que se laven los dientes todos los días.
