El autor de esta nota y millones de colombianos contribuimos con nuestros impuestos al pago de los salarios de la burocracia de Naciones Unidas, incluyendo el de doña Alena Douhan, funcionaria que ostenta (y, como afirma Andrés Oppenheimer, no se trata de un chiste) el pomposo cargo de “relatora especial de las Naciones Unidas sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. Douhan, originaria de Bielorrusia, también ha sido una férrea detractora de las medidas que EE. UU. sostiene contra el régimen criminal del gobernante sirio Bashar al Asad.
Luego de pasar dos semanas como huésped ilustre de Nicolás Maduro el pasado febrero, doña Alena asegura en un informe que “las medidas tomadas por EE. UU. y la Unión Europea (UE) contra el régimen de Nicolás Maduro afectan principalmente a los ciudadanos comunes... Las aristas de la crisis económica y la emergencia humanitaria compleja que enfrenta Venezuela son consecuencia directa de las sanciones que desde hace cuatro años se aplican a funcionarios, empresarios e instituciones ligadas al régimen de Nicolás Maduro. Problemas de larga data en el país como la hiperinflación, la devaluación de la moneda y su respectivo impacto sobre el salario de los venezolanos se deben al cerco financiero al país”. Para doña Alena el día de la creación de los problemas de Venezuela se inició en 2017, cuando tanto los EE. UU. como la Comunidad Europea impusieron sanciones a la dictadura de Maduro. La perspicaz burócrata inequívocamente afirma que entre 1999 (el año en que Chávez asumió el poder) y 2017 los venezolanos habían disfrutado de democracia, paz, bienestar y progreso, y que Venezuela solo empezó su declive social y económico hace cuatro años. La funcionaria de la ONU hizo caso omiso de la advertencia de la Asociación Civil Acceso a la Justicia, que le había advertido que “no confunda perpetradores con víctimas, pues existen evidencias tangibles de la responsabilidad del régimen de Maduro en la crisis económica, política y social del país”.
Por otro lado, Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el año pasado afirmó exactamente lo contrario en un compendio de más de 400 páginas, que resumió Leopoldo López en una columna para El País de España: “Demuestra, partir de testimonios confiables y sólida documentación, las prácticas de secuestros, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y de género, tratos crueles y humillantes, con los que el poder somete a la sociedad venezolana. Crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen encabezado por Nicolás Maduro”.
El problema que va a tener que afrontar António Guterres, secretario general de la ONU, es la necesidad de descalificar a una u otra de sus funcionarias, porque estas incoherencias son las que les dan soporte a los reclamos de muchos de que la ONU es un institución, más que inútil, irrelevante.
Apostilla. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denuncia que EE. UU. y Colombia buscan “deslegitimar” la lucha de las Fuerzas Armadas venezolanas contra ciertos narcotraficantes. Don Vladimir tiene mucha razón: hay narcotraficantes “legítimos”, como el Eln, Márquez y Santrich, y los hay “ilegítimos”, como las otras disidencias de las Farc. Maduro, Padrino y el Cartel de los Soles apoyan a los primeros, mas no a los segundos. ¡Es increíble que EE. UU. y Colombia no entiendan la diferencia entre lo “legítimo” y lo “ilegítimo”!
El autor de esta nota y millones de colombianos contribuimos con nuestros impuestos al pago de los salarios de la burocracia de Naciones Unidas, incluyendo el de doña Alena Douhan, funcionaria que ostenta (y, como afirma Andrés Oppenheimer, no se trata de un chiste) el pomposo cargo de “relatora especial de las Naciones Unidas sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. Douhan, originaria de Bielorrusia, también ha sido una férrea detractora de las medidas que EE. UU. sostiene contra el régimen criminal del gobernante sirio Bashar al Asad.
Luego de pasar dos semanas como huésped ilustre de Nicolás Maduro el pasado febrero, doña Alena asegura en un informe que “las medidas tomadas por EE. UU. y la Unión Europea (UE) contra el régimen de Nicolás Maduro afectan principalmente a los ciudadanos comunes... Las aristas de la crisis económica y la emergencia humanitaria compleja que enfrenta Venezuela son consecuencia directa de las sanciones que desde hace cuatro años se aplican a funcionarios, empresarios e instituciones ligadas al régimen de Nicolás Maduro. Problemas de larga data en el país como la hiperinflación, la devaluación de la moneda y su respectivo impacto sobre el salario de los venezolanos se deben al cerco financiero al país”. Para doña Alena el día de la creación de los problemas de Venezuela se inició en 2017, cuando tanto los EE. UU. como la Comunidad Europea impusieron sanciones a la dictadura de Maduro. La perspicaz burócrata inequívocamente afirma que entre 1999 (el año en que Chávez asumió el poder) y 2017 los venezolanos habían disfrutado de democracia, paz, bienestar y progreso, y que Venezuela solo empezó su declive social y económico hace cuatro años. La funcionaria de la ONU hizo caso omiso de la advertencia de la Asociación Civil Acceso a la Justicia, que le había advertido que “no confunda perpetradores con víctimas, pues existen evidencias tangibles de la responsabilidad del régimen de Maduro en la crisis económica, política y social del país”.
Por otro lado, Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el año pasado afirmó exactamente lo contrario en un compendio de más de 400 páginas, que resumió Leopoldo López en una columna para El País de España: “Demuestra, partir de testimonios confiables y sólida documentación, las prácticas de secuestros, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y de género, tratos crueles y humillantes, con los que el poder somete a la sociedad venezolana. Crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen encabezado por Nicolás Maduro”.
El problema que va a tener que afrontar António Guterres, secretario general de la ONU, es la necesidad de descalificar a una u otra de sus funcionarias, porque estas incoherencias son las que les dan soporte a los reclamos de muchos de que la ONU es un institución, más que inútil, irrelevante.
Apostilla. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denuncia que EE. UU. y Colombia buscan “deslegitimar” la lucha de las Fuerzas Armadas venezolanas contra ciertos narcotraficantes. Don Vladimir tiene mucha razón: hay narcotraficantes “legítimos”, como el Eln, Márquez y Santrich, y los hay “ilegítimos”, como las otras disidencias de las Farc. Maduro, Padrino y el Cartel de los Soles apoyan a los primeros, mas no a los segundos. ¡Es increíble que EE. UU. y Colombia no entiendan la diferencia entre lo “legítimo” y lo “ilegítimo”!