Las APPA y las tesis agrarias de Hernán Echavarría Olózaga

Colocados en un pedestal moral superior, los izquierdistas asumen el derecho de descalificar a sus opositores por medio de agravios e insultos ad hominem. Francisco Gutiérrez Sanín, un columnista de este diario, en su artículo “Pastorcitos mentirosos” sostiene que hay “mucha ignorancia y mala fe” en los directivos del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), e insinúa que, por su nivel argumental, son “vástagos degenerados”. Respecto al director del ICP, Carlos Augusto Chacón, se refiere despectivamente a él como un “tal Chacón”.

Desconoce Gutiérrez que el ICP fue ganador del Latin American Liberty Award y nominado como finalista global del prestigioso Templeton Freedom Award 2025, gracias a las acciones del ICP en defensa de los derechos de la propiedad, particularmente por sus esfuerzos para garantizar que se mantenga la fase judicial previa y automática en procesos agrarios y por sus acciones frente al decreto, creando nuevas causales de extinción de dominio agrario.

Gutiérrez parece no entender el planteamiento agrario de Hernán Echavarría, ni el alcance de los proyectos agrarios que se tramitan en el Congreso. Echavarría planteó en varios escritos la necesidad de reformar la estructura rural del país, pero no a través de expropiaciones arbitrarias ni reparticiones forzosas, sino de impuestos prediales que tuvieran estrecha relación con el potencial productivo de los predios. Para don Hernán, una reforma agraria exitosa se basaba es en impuestos e incentivos bien diseñados e implementados, y que necesariamente debían incluir crédito, asistencia técnica, infraestructura y acceso a mercados. Expropiar y repartir tierra sin acompañamiento, advertía, solo generaba minifundios improductivos. Echavarría, por más que se insista en malinterpretarlo, defendía reformas basadas en evidencia, incentivos y modernización, no mecanismos arbitrarios que concentran el poder y debilitan la democracia local. Lejos estaba don Hernán de proponer transformar el campo arrasando la seguridad jurídica al convertir al Estado en un comprador armado de prerrogativas como el ser juez y parte. Cuando es el Estado el que concentra el poder de definir el interés público, fijar el precio y adjudicar la tierra, desaparece la simetría entre las partes.

Gutiérrez adicionalmente parece desconocer los alcances del proyecto agrario cuando afirma que “todo cambio, así sea relativamente pequeño, como la jurisdicción agraria o las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)” constituye para el ICP “una aterradora amenaza para la propiedad privada que invoca el espectro del socialismo”. Al presentar las APPA como un “cambio relativamente pequeño”, el columnista oculta que estas permiten restringir o condicionar actividades económicas —industria, turismo, minería o emprendimientos rurales— sin justificación técnica verificable ni garantías de compensación para los propietarios, afectando de forma desproporcionada zonas de alta actividad económica y comprometiendo empleo e ingresos en las comunidades. Las APPA son una figura que, imponiendo un modelo único de desarrollo rural, concentra en una burocracia radicada en Bogotá el poder sobre el uso del suelo, desplazando las competencias constitucionales de los municipios.