En cualquier democracia funcional del mundo, los señalamientos por parte del principal ente acusador del Estado de que dos exministros eran la cabeza de una “organización criminal” hubiera llevado a serios cuestionamientos por las otras ramas del poder, especialmente las altas cortes. En Colombia, sin embargo, cuando la Fiscalía sindica a dos poderosísimos exministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, de “liderar, promover y encabezar una organización criminal, impulsando el desarrollo de una empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, no pasa nada. Para la Fiscalía, según informe del diario El Tiempo, Bonilla y Velasco plantearon las líneas base del modus operandi que en grosso modo consistieron “en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno”.
Por otra parte, una investigación periodística de Noticias Caracol reveló evidencias que vinculan a disidencias lideradas por Calarcá con altos mandos del Ejército y con la DNI. Chats, correos, memorias USB y otros documentos incautados a disidentes de Calarcá en un operativo en julio de 2024 que, según lo revelado por Caracol, muestran comunicación directa con un general del Ejército Juan Miguel Huertas, y con un alto funcionario de la inteligencia, Wilmar Mejía. “En esos intercambios se sugiere la existencia de una tapadera legal para actividades posiblemente ilegales, bajo protección institucional. Igualmente se infiere que estos personajes habrían entregado información reservada que permitiría a la disidencia evitar operativos o moverse con ventaja. Además, hay señalamientos de posibles vínculos de financiación entre la disidencia de Calarcá y la campaña de este Gobierno en el 2022”.
Finalmente está el bochornoso episodio del espionaje de la entidad de control estatal (UIAF) contra varios miembros y exmiembros de la Junta de Ecopetrol. Es inaudito que la UIAF haya sido usada para tareas de espionaje o vigilancia interna a una empresa estatal, lo que puede abrir precedentes peligrosos, propios de un estado totalitario: “Mezcla de control público, poder corporativo y falta de garantías a la intimidad.”
¿Qué explicación tiene que desde la cúpula del poder se lidere, promueva y encabece una organización criminal? ¿Es cierto que funcionarios del Estado, hagan o no parte de las Fuerzas Armadas, debiliten gravemente la legitimidad del Estado y su capacidad para combatir la criminalidad y comprometer las operaciones de seguridad? ¿Es cierto que la Fiscalía llevaba más de seis meses en conocimiento del tema y no había movido una hoja?
En espera de escándalos aún más escabrosos, el Gobierno se va a tomar un tiempo mientras los barre debajo del tapete.
Apostilla. Aparte del contratista Ricardo Leyva, pocas personas han hecho tanto en pro del desarrollo de la cirugía maxilofacial en las mujeres como dos altos funcionarios de este gobierno, Hollman Morris, Gerente de RTVC y Daniel Garcés Carabalí, exembajador en Ghana.
