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Miguel Uribe, una voz incómoda en la oposición que denunciaba con argumentos sólidos la flagrante corrupción y el deterioro institucional del país, fue asesinado porque hoy en Colombia, al que se atreve a decir la verdad, aparentemente le cuesta la vida. Los criminales no solo destruyeron a un hombre, sino a toda una esperanza. Miguel, al defender a las víctimas del narcoterrorismo y combatir al populismo disfrazado de justicia social, y al no ver a las disidencias de las FARC ni al ELN como actores políticos ni como parte de una guerrilla en proceso de paz sino como organizaciones criminales, se convirtió en un estorbo. En unas de sus intervenciones manifestó: “Mientras el Gobierno mira para otro lado, las disidencias imponen su ley en el sur y el oriente del país (…). No es casualidad que las disidencias tengan refugio y apoyo en Venezuela. Maduro protege a estos grupos porque sirven a sus intereses”.
La carrera académica de Miguel fue brillante. Uno de los mejores estudiantes en el prestigioso Colegio Los Nogales, graduado con honores como abogado en la Universidad de los Andes, Miguel obtuvo una Maestría en la Universidad de Harvard. En el 2012 fue elegido como el concejal más joven de la ciudad, ganando visibilidad por sus posturas en defensa del espacio público, la transparencia y la legalidad. Fungió durante tres años como secretario de Gobierno durante la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa. Del 2022 hasta el día de su asesinato fue senador de la República, destacándose por su oposición a muchas reformas irracionales del Gobierno.
Todo parece indicar que el asesinato de Miguel fue perpetrado o por las disidencias de las FARC o por el ELN, ambos grupos de narcoterroristas colombo–venezolanos. Maduro, Cabello, Padrino y sus secuaces llevan lustros brindándole refugio, logística y protección al narcoterrorismo. Que el Gobierno contemple “articular” operaciones conjuntas con Venezuela, cuyo narcopresidente tiene una recompensa de 50 millones de dólares sobre su cabeza, es inexplicable.
Apostilla 1. Exitosa la gestión del Gobierno para que Nicaragua le otorgue estatus de residente al prófugo Carlos Ramón González, y así pueda eludir a la justicia. Se repite el caso del “señor de las bolsas”, Juan Carlos Montes, que hoy sigue residiendo en Suiza.
Apostilla 2. Cada día es más difícil entender si el pastor Alfredo Saade, auténtico maestro de la chabacanería, es el recadero, el portavoz, el payaso, o el válido en este Gobierno.
