No hay nada que despierte más la indignación de analistas nacionales y extranjeros que la discutible concentración de la propiedad de la tierra en Colombia. Las cifras que se barajan dicen que el 70 % de las tierras están en manos del 12 % de los propietarios. La culpa, reza el mito urbano, casi siempre es de acaparadores que violentamente se apoderaron de la tierra. Lo que casi nadie tiene en cuenta es que, dada su compleja topografía, las características de la tierra en el país son marcadamente heterogéneas; y gran parte (no toda) de la concentración de la tierra tiene una razón de fondo: las diferencias en productividad.
El suroriente colombiano, que incluye la Orinoquia y comprende seis departamentos, tiene 12 millones de hectáreas (casi todas planas) disponibles para la agricultura y la ganadería. En el resto del país hay otros 28 millones de ha. (muchas de ellas en loma) aprovechables en actividades agropecuarias. De acuerdo con el Gobierno, las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) (el área de tierra necesaria para la supervivencia de una familia campesina) es en promedio de 1.200 hectáreas en el suroriente y entre 2 a 50 hectáreas en las otras regiones. En relación con el tamaño de las UAF, no teniendo toda la tierra la misma productividad, es lógico que haya importantes diferencias en la tenencia y el mismo Estado tácitamente lo admite. Casi con absoluta certeza, cinco hectáreas de cebolla en Boyacá producen bastante más ingresos que mil hectáreas de ceba en la altillanura, y media hectárea de arándanos en la sabana produce más ingresos que las cinco hectáreas de cebolla en Boyacá. Puesto de otra forma, en la altillanura, y siguiendo el rigor de las clasificaciones que establece el mismo Gobierno, debería haber 10.000 familias campesinas; y en el resto del país, entre pequeños y medianos productores, 2’800.000 familias campesinas. Dado que el total de las tierras aptas para la agricultura y la ganadería en Colombia es de 40 millones de hectáreas, resulta que para el mismo Gobierno menos del 12 % de las familias campesinas deben ser las dueñas del 70 % de las tierras y el 88 % del otro 30 %.
Políticos demagógicos y populistas como el señor Gustavo Petro, que de agricultura conoce lo que este autor de medicina nuclear, afirman tener la fórmula mágica: subir los prediales rurales a tal nivel, que el que no pueda pagarlos le tenga que vender su tierra al Estado, que se la pagará con bonos a largo plazo. El señor Petro no entiende que el ganadero de la altillanura, en donde los pastos nativos difícilmente cargan una res por cada 5 a 15 hectáreas, difícilmente subsiste. El día que le suban los prediales, inexorablemente tiene que vender su tierra y emigrar a los centros urbanos a engrosar las filas de los desempleados. El ganadero del Casanare no tiene ganadería extensiva porque necesariamente le guste, sino porque no tiene los recursos para convertirla en ganadería intensiva.
Si lo que pretende el señor Petro es dividir las tierras entre los campesinos que dicen no tenerla o tenerla en cantidades insuficientes, lo primero que tiene que mirar es la capacidad productiva de la tierra, porque lo que se come no es la misma tierra, sino lo que se produce. Al darle sólo tierra, sin darle los recursos económicos para poner la tierra a producir (crédito, tecnología, semillas, vías de acceso) lo que Petro estaría haciendo sería perpetuar la pobreza y multiplicar la miseria. La especialidad de los socialistas y los populistas es precisamente esa: perpetuar la pobreza y multiplicar la miseria.
No hay nada que despierte más la indignación de analistas nacionales y extranjeros que la discutible concentración de la propiedad de la tierra en Colombia. Las cifras que se barajan dicen que el 70 % de las tierras están en manos del 12 % de los propietarios. La culpa, reza el mito urbano, casi siempre es de acaparadores que violentamente se apoderaron de la tierra. Lo que casi nadie tiene en cuenta es que, dada su compleja topografía, las características de la tierra en el país son marcadamente heterogéneas; y gran parte (no toda) de la concentración de la tierra tiene una razón de fondo: las diferencias en productividad.
El suroriente colombiano, que incluye la Orinoquia y comprende seis departamentos, tiene 12 millones de hectáreas (casi todas planas) disponibles para la agricultura y la ganadería. En el resto del país hay otros 28 millones de ha. (muchas de ellas en loma) aprovechables en actividades agropecuarias. De acuerdo con el Gobierno, las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) (el área de tierra necesaria para la supervivencia de una familia campesina) es en promedio de 1.200 hectáreas en el suroriente y entre 2 a 50 hectáreas en las otras regiones. En relación con el tamaño de las UAF, no teniendo toda la tierra la misma productividad, es lógico que haya importantes diferencias en la tenencia y el mismo Estado tácitamente lo admite. Casi con absoluta certeza, cinco hectáreas de cebolla en Boyacá producen bastante más ingresos que mil hectáreas de ceba en la altillanura, y media hectárea de arándanos en la sabana produce más ingresos que las cinco hectáreas de cebolla en Boyacá. Puesto de otra forma, en la altillanura, y siguiendo el rigor de las clasificaciones que establece el mismo Gobierno, debería haber 10.000 familias campesinas; y en el resto del país, entre pequeños y medianos productores, 2’800.000 familias campesinas. Dado que el total de las tierras aptas para la agricultura y la ganadería en Colombia es de 40 millones de hectáreas, resulta que para el mismo Gobierno menos del 12 % de las familias campesinas deben ser las dueñas del 70 % de las tierras y el 88 % del otro 30 %.
Políticos demagógicos y populistas como el señor Gustavo Petro, que de agricultura conoce lo que este autor de medicina nuclear, afirman tener la fórmula mágica: subir los prediales rurales a tal nivel, que el que no pueda pagarlos le tenga que vender su tierra al Estado, que se la pagará con bonos a largo plazo. El señor Petro no entiende que el ganadero de la altillanura, en donde los pastos nativos difícilmente cargan una res por cada 5 a 15 hectáreas, difícilmente subsiste. El día que le suban los prediales, inexorablemente tiene que vender su tierra y emigrar a los centros urbanos a engrosar las filas de los desempleados. El ganadero del Casanare no tiene ganadería extensiva porque necesariamente le guste, sino porque no tiene los recursos para convertirla en ganadería intensiva.
Si lo que pretende el señor Petro es dividir las tierras entre los campesinos que dicen no tenerla o tenerla en cantidades insuficientes, lo primero que tiene que mirar es la capacidad productiva de la tierra, porque lo que se come no es la misma tierra, sino lo que se produce. Al darle sólo tierra, sin darle los recursos económicos para poner la tierra a producir (crédito, tecnología, semillas, vías de acceso) lo que Petro estaría haciendo sería perpetuar la pobreza y multiplicar la miseria. La especialidad de los socialistas y los populistas es precisamente esa: perpetuar la pobreza y multiplicar la miseria.