Según reciente estudio del Instituto de Ciencia Política (ICP), “representantes de organizaciones sociales y gremiales y un grupo de parlamentarios de distintos partidos concuerdan en que Colombia ya cuenta con un acervo normativo y una institucionalidad suficientes para cumplir con los objetivos del Acuerdo de Escazú. Además, reconocen que la entrada en vigencia de dicho tratado configuraría una serie de riesgos en materia de seguridad jurídica, al abrir la puerta para que diferentes actores nacionales o extranjeros, sin bases técnicas o científicas, ya sea por oportunismo, intereses económicos o ideológicos, obstaculicen a través de instancias internacionales el desarrollo del país y el aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible, desconociendo la voluntad de las comunidades locales y afectando la soberanía nacional”.
Pero, además de ser un instrumento redundante, amén de inútil y vulnerador de la soberanía nacional, posiblemente el aspecto más extravagante del Acuerdo radica en la supuesta necesidad de ratificarlo con el fin de fortalecer la capacidad del Estado para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Como bien señala el estudio del ICP, el reporte de Global Witness de 2019 da cuenta del número de casos de líderes ambientales asesinados y señala, con algún sesgo, que fueron cometidos “por grupos de crimen organizado y paramilitares (sic)”, pero no establece correlaciones que permitan concluir de forma determinante que los mismos obedecen a la ausencia de normas o disposiciones de acuerdos internacionales, como se pretende posicionar ante la opinión pública para justificar la necesidad de ratificar el Acuerdo de Escazú.
Un informe del diario El Tiempo del pasado martes señala que son las disidencias de las Farc las que se ensañan contra los que luchan por defender páramos, ciénagas, bosques, selvas y ríos. ¿Por qué es que las Farc asesinan a los líderes ambientales? La respuesta es muy sencilla: porque muchos líderes ambientales se oponen al narcotráfico y a la extensión de los cultivos ilícitos. Creer que un acuerdo ecológico le dará al Estado nuevas herramientas para detener la expansión territorial y los crímenes de los narcotraficantes es de una candidez rayana en la demencia.
Cuentan que durante una visita de una Corporación Autónoma, el mayordomo de una finca le aconsejó al funcionario no entrar a un potrero. El burócrata indignado sacó su carné y, atravesando la cerca, le dijo al mayordomo que él representaba la autoridad y podía entrar a donde quisiera. Cuando un toro bravo arrancó a perseguir al funcionario, el pobre hombre le pidió ayuda al mayordomo, quien le gritaba al otro lado de la alambrada: “Muéstrele el carné al toro”. Los promotores del Acuerdo van a estar en la misma situación del mayordomo. Es decir, cuando el ambientalista se vea amenazado por los narcotraficantes, el único consejo que van a poder dar es: “Muéstrele el Acuerdo de Escazú”.
Apostilla. Indistintamente el que haya solicitado varias semanas de quietud e incapacidad, faltaba más que el abogado de la Unión Temporal Centros Poblados no pueda ir a Cartagena en busca, como él manifiesta, de calorcito. Comedidamente, recomiendo a la justicia que mientras el letrado se calienta y con amplia quietud recupera su capacidad (aunque sean meses en vez de semanas), se suspenda todo proceso legal. De incapacidad a incapacidad, en un santiamén aparecen los “vencimientos de términos”.
Según reciente estudio del Instituto de Ciencia Política (ICP), “representantes de organizaciones sociales y gremiales y un grupo de parlamentarios de distintos partidos concuerdan en que Colombia ya cuenta con un acervo normativo y una institucionalidad suficientes para cumplir con los objetivos del Acuerdo de Escazú. Además, reconocen que la entrada en vigencia de dicho tratado configuraría una serie de riesgos en materia de seguridad jurídica, al abrir la puerta para que diferentes actores nacionales o extranjeros, sin bases técnicas o científicas, ya sea por oportunismo, intereses económicos o ideológicos, obstaculicen a través de instancias internacionales el desarrollo del país y el aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible, desconociendo la voluntad de las comunidades locales y afectando la soberanía nacional”.
Pero, además de ser un instrumento redundante, amén de inútil y vulnerador de la soberanía nacional, posiblemente el aspecto más extravagante del Acuerdo radica en la supuesta necesidad de ratificarlo con el fin de fortalecer la capacidad del Estado para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Como bien señala el estudio del ICP, el reporte de Global Witness de 2019 da cuenta del número de casos de líderes ambientales asesinados y señala, con algún sesgo, que fueron cometidos “por grupos de crimen organizado y paramilitares (sic)”, pero no establece correlaciones que permitan concluir de forma determinante que los mismos obedecen a la ausencia de normas o disposiciones de acuerdos internacionales, como se pretende posicionar ante la opinión pública para justificar la necesidad de ratificar el Acuerdo de Escazú.
Un informe del diario El Tiempo del pasado martes señala que son las disidencias de las Farc las que se ensañan contra los que luchan por defender páramos, ciénagas, bosques, selvas y ríos. ¿Por qué es que las Farc asesinan a los líderes ambientales? La respuesta es muy sencilla: porque muchos líderes ambientales se oponen al narcotráfico y a la extensión de los cultivos ilícitos. Creer que un acuerdo ecológico le dará al Estado nuevas herramientas para detener la expansión territorial y los crímenes de los narcotraficantes es de una candidez rayana en la demencia.
Cuentan que durante una visita de una Corporación Autónoma, el mayordomo de una finca le aconsejó al funcionario no entrar a un potrero. El burócrata indignado sacó su carné y, atravesando la cerca, le dijo al mayordomo que él representaba la autoridad y podía entrar a donde quisiera. Cuando un toro bravo arrancó a perseguir al funcionario, el pobre hombre le pidió ayuda al mayordomo, quien le gritaba al otro lado de la alambrada: “Muéstrele el carné al toro”. Los promotores del Acuerdo van a estar en la misma situación del mayordomo. Es decir, cuando el ambientalista se vea amenazado por los narcotraficantes, el único consejo que van a poder dar es: “Muéstrele el Acuerdo de Escazú”.
Apostilla. Indistintamente el que haya solicitado varias semanas de quietud e incapacidad, faltaba más que el abogado de la Unión Temporal Centros Poblados no pueda ir a Cartagena en busca, como él manifiesta, de calorcito. Comedidamente, recomiendo a la justicia que mientras el letrado se calienta y con amplia quietud recupera su capacidad (aunque sean meses en vez de semanas), se suspenda todo proceso legal. De incapacidad a incapacidad, en un santiamén aparecen los “vencimientos de términos”.