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Según informes de prensa, Maduro no solo ha ordenado la activación de la primera zona binacional entre Colombia y Venezuela, sino que ha pedido “redoblar la lucha directa contra bandas violentas y criminales en la frontera con Colombia”. Una orden algo ridícula y ciertamente contradictoria, ya que el jefe de varias de las principales bandas violentas y criminales es él mismo, Nicolás Maduro. ¡No parece probable que se detenga a sí mismo!
La tal “zona económica especial” de la que habla Maduro en principio abarcaría por Colombia todo el departamento de Norte de Santander, y por Venezuela los estados de Táchira y Zulia. El acuerdo firmado entre Maduro y Petro parte de varias premisas falsas, posiblemente siendo la principal que ni en Colombia ni en Venezuela hay capacidad operativa plena para imponer la ley, mucho menos un acuerdo. El caso de Venezuela es aún más alarmante, ya que en dicho país el Estado está fragmentado y cooptado por redes criminales en las que Maduro, Diosdado y los militares juegan un papel decisivo. El dejar entrever que a la firma del acuerdo en la zona en cuestión solo habrá paz, amistad y convivencia, así como salud, turismo y desarrollo cultural y agrícola, creando medianas y pequeñas industrias, no deja de ser una quimera, un canto a la bandera.
Se pregunta el excanciller Julio Londoño en un incisivo artículo para la revista Cambio que Maduro afirmó que la Zona servirá para la erradicación de los cultivos ilícitos que se encuentran en Colombia: “¡Qué curioso que se tenga que hacer un acuerdo con Venezuela para erradicar los cultivos en nuestro país! Además, el venezolano ha señalado que será un área para la unión de los pueblos y ‘de los movimientos políticos’. No se sabe a qué movimientos políticos aludió ni qué grupos armados o no armados podrán ser parte de aquellos”.
¿En qué va a terminar el tal acuerdo con Maduro? Hay dos opciones: 1. Un espacio capturado por mafias transnacionales (narcoguerrillas, contrabandistas, traficantes de personas y armas) con bajos controles estatales, escasa supervisión y mínimas facilidades logísticas (transporte, comercio, movimientos financieros); 2. Se crean comités, mesas técnicas y comunicados diplomáticos, pero no se implementa nada tangible; un acuerdo de papel. Lo más probable es que termine en una combinación de las dos: una zona de tolerancia para los narcotraficantes, especialmente para los narcoterroristas colombovenezolanos, y un oasis de burócratas progres devengando millonadas sin mover un dedo.
Indistintamente en qué termine el tal acuerdo, la pregunta de fondo es ¿qué hace nuestro Gobierno implementando acuerdos con otro Gobierno cuyo presidente no reconoce y que, con base en múltiples y muy fundadas pruebas con años de investigaciones, innumerables testimonios y amplia evidencia, casi con certeza participa en el negocio del narcotráfico?
Apostilla. El Tribunal Administrativo de Bogotá, fallando una tutela, encontró que la detención domiciliaria de Álvaro Uribe vulneró los derechos fundamentales del expresidente. Para el Tribunal, “los criterios utilizados para justificar la detención fueron vagos, indeterminados e imprecisos.” El sesgo de la jueza Sandra Heredia cada día se hace más evidente.
