EL GOBIERNO DESAFÍA LAS LEYES de gravedad económica: es decir, que a pesar de la baja del petróleo, hoy a 35 dólares, aquí el precio de la gasolina no va a bajar.
Existiendo unanimidad en el Gobierno en que la plata, sin la menor misericordia, hay que sacársela del bolsillo al consumidor, no parece haber consenso en qué hacer con esos denarios: el Ministro de Minas afirma que los recursos que ponen los usuarios deben enriquecer un Fondo de Estabilización que se utilizará cuando los precios de los combustibles estén muy altos para financiar un ‘subsidio’ de estabilidad en los precios; y cuando los precios del crudo en el exterior estén bajos, servirá para recoger un ahorro que se empleará nuevamente cuando los precios suban.
Por otro lado, la prensa informa que la Casa de Nariño ya le ha echado el ojo y anunciado que estos recursos se destinarán a obras de infraestructura o traducirse en Familias en Acción.
En su edición del 5 de enero, la revista Semana comentaba respecto al “Fondo de Estabilización”: “Aunque pocos lo crean, el Gobierno va bien encaminado: se generará un ahorro importante y estabilidad en los precios”. Sin embargo, en la edición del 12 de enero se mostraba menos eufórica: “La decisión de no bajar el precio de la gasolina y llevar los excedentes a un fondo genera interrogantes. Nadie sabe si la plata será ahorrada o si terminará por financiar los gastos del Gobierno”. La revista parece estar tan confundida como el mismo Gobierno.
Haciendo abstracción momentánea de los serios inconvenientes jurídicos que salen a relucir con cualquiera de las propuestas planteadas por el Gobierno (inconvenientes reseñados por analistas como Juan Camilo Restrepo, quien advierte que el Plan de Desarrollo no preveía la imposición de un ahorro forzoso gigantesco a cargo de los consumidores de gasolina; y otros académicos como Alejandro Gaviria, quien aclara que la medida se puede interpretar como una forma subrepticia de aumentar los ingresos corrientes de la nación sin afrontar la necesaria controversia legislativa), lo que el autor de esta columna pretende señalar es diferencias conceptuales y prácticas con las propuestas del Gobierno.
Vamos por partes: el mercado adolece de varios defectos como de manera patente lo dejó entrever la reciente crisis financiera. Sin embargo, casi la totalidad de los analistas, indistintamente de su inclinación ideológica, reconocen que el mercado es un excelente sistema de comunicación en donde los consumidores les hacen saber a los productores qué es lo que están dispuestos a comprar, y qué precio están dispuestos a pagar. Para que este mensaje llegue a su destinatario tiene que haber libertad y transparencia en los precios. Los fondos de estabilización —con el loable propósito de evitarle al consumidor fluctuaciones abruptas de precio— lo que hacen es romper el sistema de comunicación.
Por ejemplo, y sin negar los invaluables servicios que la Federación de Cafeteros le ha prestado al país, el fondo de estabilización del café no les permitió a los cafeteros aprovechar la revolución que se había gestado en los mercados: hace más de treinta años el fundador de Starbuck’s, Howard Schultz, le ofreció a la Federación un importante paquete accionarial. Por diversas razones la respuesta fue negativa. Hoy en día, tres décadas más tarde, la Federación está estudiando la posibilidad de ser socia de Starbuck’s. Tampoco los cafeteros se dieron cuenta a tiempo de que Vietnam sobrepasaría a Colombia como el segundo productor mundial del grano. Si a los productores y a los consumidores no les llegan las señales adecuadas, es de elemental lógica que sus decisiones no van a ser acertadas. Es por esto que los fondos de estabilización son funestos.
Desde el punto de vista práctico, pronostico que cuando el petróleo suba nuevamente a 100 dólares el barril, el “Fondo de Estabilización” de gasolina se derrumba en menos de dos semanas.
Por otra parte, el vergonzoso estado de la infraestructura vial en Colombia requiere urgentemente recursos frescos. El Gobierno debe analizar con seriedad —y presentarle al Congreso y a la opinión pública— una reforma tributaria estructural en la que la totalidad de los impuestos a la gasolina se dediquen a construir una red de carreteras de doble carril digna de una nación que pretende formar parte del primer mundo.
