EN ESTE PAÍS DE LOCOS, LAS COSAS se hacen al revés. La edad promedio de los vehículos de carga en Colombia es de 24,4 años, una de las más altas del mundo. Es de elemental lógica que el objetivo principal del Gobierno debe ser la modernización del parque automotor.
Pero el Ministerio de Transporte, en vez de levantar un decreto que tiene paralizada la importación de 6.000 vehículos nuevos e incentivar la chatarrización de las mulas viejas, lo que ha hecho es expedir una serie de decretos y de resoluciones –-en aras de limitar la oferta de equipo– que en últimas van a condenar a que Colombia, en el campo de la logística, siga siendo uno de lo países más costosos y menos competitivos del continente.
La sobreoferta de vehículos de transporte es el resultado de una arcaica regulación de fletes por medio de unas tablas cuyas cifras no corresponden a la realidad. En una economía supuestamente de libre mercado, dicha tabla es una inexplicable interferencia por parte del Estado en unos fletes que deben ser determinados es por la oferta y la demanda.
Si el Gobierno tiene interés en mejorar la competitividad del país, y ayudarle al gremio de transportadores y de camioneros independientes, lo que debe hacer es acelerar la chatarrización de los equipos obsoletos y establecer mecanismos de crédito para aquellos que quieran adquirir nuevos vehículos. Elevar barreras para impedir la modernización del parque automotor y mantener una arbitraria tabla de fletes, sólo va a prolongar indefinidamente este grave problema.
Al Ministerio de Transporte se le podría recomendar la sentencia de Bertrand Russell: “¿Para qué repetir los errores antiguos habiendo tantos errores nuevos que cometer?”.
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En buena hora los congresistas Simón Gaviria, Roy Barreras, Gina Parody, entre otros, han radicado un proyecto de ley para personas insolventes que servirá de salvavidas para quienes están al borde de ir a la quiebra. Dicho proyecto no busca, como sugieren algunos, fomentar la cultura de no pago, sino el llenar un enorme vacío en la legislación colombiana. Hoy en día sólo las empresas y los comerciantes que están al borde de la quiebra pueden acceder al régimen de insolvencia para reestructurar sus pasivos, y darse un margen de tiempo para salir a flote sin necesidad de irse a la ruina.
Ojalá este proyecto ayude a aquellos que por razones ajenas a su voluntad, como las abusivas tasas de interés, no puedan puntualmente cumplir sus compromisos; y de paso aleje a los cobradores inescrupulosos, “chepitos” de cuello blanco a servicio de los grandes pulpos, cuyos abusos son inexplicablemente cohonestados por la ley.
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Como bien lo señala Lina Salazar, de la Cámara de Comercio Colombo Americana, en un artículo publicado en Portafolio (julio 31/08), regular la responsabilidad social es un error. De acuerdo con las entidades multilaterales como la ONU y la OIT, una empresa se puede llamar socialmente responsable cuando incluye voluntariamente los aspectos sociales y ambientales en el giro ordinario de sus negocios; cuando en su estrategia de sostenibilidad tiene como variables determinantes los impactos sociales y ambientales que produce; cuando es consciente de su entorno y de las innumerables formas de crear valor compartido con la comunidad.
Michael Porter y Mark Kramer, los gurús de la Estrategia Competitiva, señalan que la Responsabilidad Social Empresarial no puede ser pensada en términos genéricos. Cada empresa debe crear su estrategia social y ambiental de acuerdo con los retos estratégicos que le impone el mercado identificando los puntos de intersección entre la empresa y la sociedad. El pretender legislar estos puntos de intersección para cada empresa, más que una imposibilidad, es una solemne tontería.
