Hoy en día se adelantan conversaciones de “paz total” con, por lo menos, nueve grupos: el ELN; las FARC-EMC; la Segunda Marquetalia; Autodefensas Gaitanistas de Colombia; Autodefensas de la Sierra Nevada; Shottas y Espartanos; Oficinas en Medellín; RPS (Chocó); los Locos Yam y los Méxicanos; y las antiguas AUC. Controlando más del 28 % del territorio nacional en 29 departamentos, 455 municipios y más de 9.000 veredas, los grupos alzados en armas tienen como principal actividad el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión; y, casi con certeza, estas recuas de delincuentes no van a abandonar voluntariamente sus conquistas territoriales, extensiones que se asemejan a las “Taifas”, originalmente “áreas” o “contornos” que surgieron en el año 1031 tras la caída de los califatos musulmanes hegemónicos en Al-Ándalus (Andalucía) tras la disolución del califato Omeya en el siglo X.
Además de fragmentados, probablemente vamos a terminar estatizados. Superada la barrera del 30 % del gasto público como proporción del PIB, todo indica que el objetivo gubernamental es estatizar la totalidad de determinados sectores (salud, educación, pensiones, minería y energía). El hecho de que la inmensa mayoría de las empresas públicas no sean rentables, tengan nóminas infladas y sean rehenes de sindicatos con prebendas muy por encima del sector privado, poco les importa. Como lo señalaba Thierry Ways en su más reciente columna, para estatizar no es necesario expropiar al sector privado: “basta con imponer tributos, normas laborales o camisas de fuerza regulatorias para controlar de facto el sector que se desea estatizar”.
Fragmentados y estatizados, el país puede estar tomando la senda de la ignorancia. En materia de educación se está buscando otorgarle al presidente —y por ende a su ministro de Educación— control directo y absoluto sobre toda la educación en el país, indistintamente sea pública o privada. Estos designios, que incluyen el marchitamiento del Icetex y que comprometen la autonomía de las instituciones educativas, implican el fin de un sistema educativo mixto, libre y plural. La educación en Colombia, dominada por el nefasto sindicato de Fecode, es tan pobre como politizada que uno no sabe si la representante Susana Boreal tiene algo de razón cuando afirma que “obligar a un niño a asistir a un colegio es una forma de violencia y una forma muy evidente de adoctrinamiento”. La Boreal es la misma que confesó ser consumidora habitual de marihuana y la que abogó por un cambio cultural en la percepción del consumo de esa sustancia. Sin esclarecer si Susana, al afirmar que “consumía marihuana bastante regular”, se refería a la calidad o a la frecuencia de uso de la yerba, tanto ella como sus seguidores tienen acogida: en las últimas dos décadas el consumo de droga en el país ha aumentado en un 57,8 %.
¿Será que nos estamos convirtiendo en un país fragmentado, estatizado, ignorante y enmarihuanado?
Apostilla: En medio de las imputaciones de la JEP contra seis excabecillas de las FARC por reclutar niños y por violencia sexual, el Gobierno ha pretendido premiar a Comunes, el partido de las FARC, extendiéndoles por cuatro años más sus privilegios como congresistas. En buena hora el Senado negó la peregrina solicitud.
