Este columnista pocas veces había sido testigo de algo tan cantinflesco como la toma de las instalaciones de la revista Semana por parte de un grupo de indígenas, principalmente integrantes del pueblo misak. La diferencia es que mientras que fuimos nosotros los contribuyentes quienes financiamos la cantinflesca asonada a Semana, la toma violenta del Palacio de Justicia por el M-19 fue financiada por el narcotráfico. Si bien a Didier Chirimuscay, la aparente cabeza visible de estos holgazanes, sus pocas neuronas le dan para vociferar consignas ininteligibles, en realidad (como lo sugiere María Isabel Rueda) detrás se esconde un azuzador profesional. Este azuzador, más mediocre que anodino, nunca se percató del alcance de la “solidaridad gremial”: prácticamente todos los medios del país y del exterior, comulguen o no con la línea editorial de Semana, se solidarizaron con la revista y se fueron en contra de los indígenas. No rechazar de manera enérgica el intento de estos misaks de coartar la libertad de expresión implica que algún día, cuando se trate de silenciar sus propios medios, puede ser ya muy tarde, como en su día advirtiera el pastor alemán Martin Niemoller. A Chirimuscay, la cabeza de los gandules, no le gustó el comunicado de varias organizaciones indígenas, entre ellas la Minga Indígena, quienes en un breve comunicado expresan que los amotinados no representan el Movimiento Indígena Colombiano. Chirimuscay, rechazando sus protestas, dijo que hay líderes a los que les “pagan el avión y el hotel” y no entienden los problemas de los indígenas.
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¿A qué vinieron los indígenas a Bogotá? Con todos sus gastos pagos por el Gobierno con los recursos que los contribuyentes aportamos, los indígenas fueron convocados y desplazados a la capital con el fin de respaldar las reformas presentadas por el Gobierno. Lo que no es fácil entender es ¿en qué afectan a los indígenas dichas reformas? La reforma a la salud no los afecta, ya que ellos tiene su propio esquema de salud: SISPI. La reforma laboral no los toca por la sencilla razón que, con pocas y muy contadas excepciones, es poco lo que trabajan. La reforma pensional ni les roza, dado que no cotizan.
La población indígena en Colombia está compuesta por 710 resguardos ubicados en 27 departamentos y 228 municipios. Se compone de algo más de 1,9 millones de personas, que representan el 4,4 % de la población total del país. Sin embargo, tienen en su haber 34 millones de hectáreas: el 30 % del territorio nacional. Los indígenas reciben $2.500.000′000.000 anuales, que lejos de destinarse a obras públicas, hospitales o grandes centros educativos en sus resguardos, parte termina es en la construcción de invernaderos para sembrar marihuana o en laboratorios de coca, cuando no terminan en manos de jefes corruptos, en alcohol o dilapidados en costosos desplazamientos. Si en Colombia se va a empezar a desterrar la corrupción y el peculado, ¿por qué no empiezan los pueblos indígenas y sus representantes por abrir sus libros y explicar lo que hacen con la plata que reciben?
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Apostilla: reconfortante ver el apoyo de Gustavo Bolívar a Cielo Rusinque. Se juntan el padrino de la “Primera Línea” con la defensora del presunto “abusador sexual”. ¡Hermoso maridaje!
