En el entendido de que no puede estar en todas partes todo el tiempo, el presidente necesita alguien que le evite los goles que tanto sus subalternos, sus falsos amigos y, por supuesto, sus enemigos le están sistemáticamente metiendo. Todo parece indicar que Santos no tiene arquero. Según informes, un alto funcionario gubernamental reconoció que, prácticamente, todos los decretos que giran alrededor de lo acordado en La Habana, como todos los otros que “en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016” ha firmado, no son redactados con conocimiento del presidente. Se redactan a dos manos: por la Secretaría Jurídica de Palacio y por los abogados de las Farc, principalmente el togado comunista español Enrique Santiago y no necesariamente en ese orden…
El Gobierno, recientemente, expidió un decreto (903 del 29 de mayo de 2017) por el que “se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las Farc-EP”. El fiscal general de la Nación, que logró evitar ese gol, calificó el decreto como una posible “operación de lavado de activos por el manejo que se les daría a los bienes de las Farc”. Al redactar dicho decreto, las Farc tuvieron el buen cuidado de regular el disfrute de los multimillonarios bienes: “Artículo 2… respecto de la tenencia, uso y usufructo colectivo o individual de los bienes, enseres y valores comprendidos en el inventario objeto de este decreto que sean transferidos al patrimonio autónomo, que se considera han sido bienes colectivos de los integrantes de las Farc-EP no cabe acción penal alguna de la jurisdicción ordinaria”. En otras palabras, los bienes de las Farc, producto del narcotráfico, la extorsión y el robo, iban a ser administrados por un fondo fiduciario cuyos criterios “para monetizar los bienes y acciones que reciba” serán dictados por las Farc y el Gobierno Nacional. Es un decreto ridículo que tiene que ser modificado. Hasta De la Calle ha afirmado: “Si el decreto ha dado lugar a interpretaciones, deben precisarse. Es una discusión legítima, y quienes están preocupados tienen derecho a exigir claridad”.
El segundo gol que se logró evitar fue el esperpento de la llamada Ley de Tierras, en el que tocó eliminar o modificar más de 50 puntos sobre ocho temas fundamentales. Trataron de meter este gol los abogados de las Farc, los medios y altos funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras. Para el presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, “este es un proyecto de ley que atenta contra la propiedad privada en el país. No es lógico lo que se propone, no tiene ningún asidero. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) no puede manejar la totalidad de territorio, sólo puede tener acción sobre las tierras del Estado y son los jueces de la República los que toman las decisiones sobre ella…”. Era igualmente importante darles fin a las peregrinas pretensiones de la ANT de adelantar la extinción de dominio por afectaciones ambientales y a las oscuras presunciones administrativas de esta agencia con fines de expropiación.
Si el Gobierno no pone a un portero de confianza que le evite los goles, apaguemos las luces y vámonos, porque, más temprano que tarde, las Farc van a modificar el “modelo económico y social”, algo que Santos prometió que jamás iba a ocurrir. ¿O será que todo está orquestado por intereses no tan ocultos para perpetrar el mayor timo a los colombianos en su historia?
