En alguna ocasión le preguntaron a Antonio Caballero por qué se repetía tanto en sus columnas y respondió que no era él sino el país el que se repetía. Y tenía razón; aquí los grandes temas del debate nacional son casi siempre los mismos. Es el caso de la propuesta, muy popular, de gobernar a partir de la democracia directa y en contra de la democracia representativa, es decir del Congreso.
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El miércoles pasado, en un debate de candidatos presidenciales, Gustavo Petro dijo lo siguiente, cuando le preguntaron qué haría si el Congreso no aprueba sus propuestas de gobierno: “En una democracia las instituciones son propiedad de la ciudadanía, eso ordena la Constitución. La ciudadanía controla y es dueña del Congreso, de la Presidencia, del Poder Judicial (…) el Congreso debe obedecer a esa democracia”.
Esta idea no es solo de Petro. El expresidente Álvaro Uribe defiende algo muy similar con su célebre “Estado de opinión”: “Más allá de la misma interpretación de los jueces, lo superiormente importante es la opinión pública”, dice el exmandatario.
Y como la propuesta se repite, pues yo también. En varias columnas he dicho que esta manera de gobernar tiene una larga tradición en el continente conocida como caudillismo, tan frecuente en las huestes de la derecha radical como de la izquierda radical. En las últimas décadas el caudillismo latinoamericano ha recobrado mucha fuerza con gobernantes como Bolsonaro, Chávez, Ortega, López Obrador y Maduro, entre otros.
También he escrito muchas columnas para decir que la Constitución colombiana no instauró un régimen de democracia directa, ni de Estado de opinión, ni de caudillismo y que son las instituciones democráticas las que nos gobiernan, no la opinión ciudadana. La ciudadanía se puede expresar en las calles, por supuesto, porque la Constitución lo permite y porque es sano para la democracia, pero eso no significa que, en caso de conflicto entre el Congreso y la ciudadanía en las calles, prime esta y no aquel. El caudillismo parte de un supuesto político muy peligroso: identificar la expresión popular con la voluntad del pueblo o, peor aún, con la voluntad del gobernante. Para los políticos es muy fácil decir (es casi un imperativo) que representan la voluntad del pueblo, pero todos saben que cada uno tiene una idea de pueblo diferente y en el caso de Petro y de Uribe esas dos ideas no pueden ser más distintas. Me pregunto qué hará Gustavo Petro cuando, en el evento de ser presidente, la derecha política organice a “su pueblo” para que salga a marchar en contra de su gobierno. ¿Dirá también, como lo dice ahora, que la ciudadanía es la dueña de las instituciones?
Entiendo que, siendo el Congreso tan mediocre (por decir lo menos), los políticos quieran gobernar sin él. Pero esta no es una buena idea, empezando porque ambos llegaron por la vía electoral. La mejor alternativa para un Congreso malo no es un no Congreso, sino un Congreso bueno.
Por eso el constitucionalismo, que tiene una sabiduría acumulada de muchos siglos, desconfía de identidades tipo “el gobierno es el pueblo”, es consciente de que en la sociedad hay mucha diversidad de opiniones (muchos “pueblos”) y prefiere tramitar estos asuntos por medio del debate público y del voto de las mayorías. Esa es también la sabiduría liberal (del centro político) que aconseja guiarse por las instituciones y que no reduce la ciudadanía al pueblo que le es favorable en las urnas.
Ojalá el país empiece a cambiar en las próximas elecciones para no tener que seguir escribiendo las mismas columnas.
