Esta semana, a raíz de la detención del expresidente Álvaro Uribe ordenada por la Corte Suprema, hemos sido testigos de la indignación de sus seguidores y de la euforia de sus detractores. Me parece que ambas emociones reflejan una actitud parecida de menosprecio por las instituciones. Me explico.
En Colombia existe una larga tradición insurreccional originada en la vieja idea colonial de que las leyes injustas, o simplemente vistas como injustas, deben ser combatidas con el desacato o incluso con las armas. Innumerables conflictos, levantamientos y guerras han tenido origen en la decisión de líderes políticos, y de sus partidos, de irse a las armas por ese motivo. Es verdad que esa cultura se ha debilitado en las últimas décadas y los llamados a la guerra justa e incluso los levantamientos armados contra el poder central se han desprestigiado; pero los políticos radicales siguen alimentando la costumbre de descalificar las instituciones cuando ello les conviene políticamente. Ya no hacen un llamado a la insurrección, pero sí a la desobediencia. Hace poco Gustavo Petro sostuvo, a raíz del escándalo de la ñeñepolítica, que el gobierno del presidente Duque no era el vencedor real de las elecciones pasadas y que, por lo tanto, su gobierno es ilegítimo. Y esta semana el mismo presidente Duque, con un talante poco presidencial, por decir lo menos, reaccionó contra la detención de Álvaro Uribe defendiendo su inocencia y, de paso, criticando los acuerdos de La Habana por no tener tras las rejas a los líderes de la guerrilla.
En Colombia todavía persiste lo que podríamos llamar el “síndrome del ojo tuerto”, que consiste en descalificar todo lo del partido opositor sin ver nunca lo malo del partido propio. Ese sesgo lo tienen los exguerrilleros de las Farc que salieron esta semana a expresar su regocijo por la detención de Uribe y los uribistas que salieron a expresar su indignación contra los magistrados de la Corte Suprema. El regocijo de los primeros me parece tan inapropiado como la indignación de los segundos, empezando porque ninguno conoce a fondo el expediente que soporta el caso de Uribe Vélez ante la Corte, ni puede valorar las pruebas de este proceso, que son reservadas, con lo cual sus emociones solo pueden estar fundadas en motivos políticos, no en razones jurídicas. ¿Qué habría pasado si las filiaciones de los protagonistas de este episodio hubiesen sido las opuestas? ¿Qué estarían diciendo los unos y los otros si el detenido hubiese sido, digamos, Petro o Rodrigo Londoño? Lo más probable es que los papeles se habrían invertido: los que hoy están dichosos estarían indignados y los que hoy se indignan estarían dichosos.
Este país no avanzará por la senda democrática mientras la izquierda y la derecha no asuman las decisiones judiciales que los afectan con la misma serenidad respetuosa; más concretamente, mientras la derecha, por un lado, no apoye los fallos judiciales que beneficien a la izquierda con la misma convicción de legalidad que apoya los fallos judiciales que la benefician, y mientras la izquierda, por otro lado, no apoye los fallos judiciales que beneficien a la derecha con la misma convicción de legalidad que apoya los fallos judiciales que la benefician.
La falta de buena disposición para aceptar las reglas de juego institucionales con independencia de sus implicaciones es, a mi juicio, un gran obstáculo para el avance de la democracia en Colombia y por eso, viendo tanta euforia y tanta indignación por la detención del senador Uribe, lo que yo siento es más bien preocupación.
Esta semana, a raíz de la detención del expresidente Álvaro Uribe ordenada por la Corte Suprema, hemos sido testigos de la indignación de sus seguidores y de la euforia de sus detractores. Me parece que ambas emociones reflejan una actitud parecida de menosprecio por las instituciones. Me explico.
En Colombia existe una larga tradición insurreccional originada en la vieja idea colonial de que las leyes injustas, o simplemente vistas como injustas, deben ser combatidas con el desacato o incluso con las armas. Innumerables conflictos, levantamientos y guerras han tenido origen en la decisión de líderes políticos, y de sus partidos, de irse a las armas por ese motivo. Es verdad que esa cultura se ha debilitado en las últimas décadas y los llamados a la guerra justa e incluso los levantamientos armados contra el poder central se han desprestigiado; pero los políticos radicales siguen alimentando la costumbre de descalificar las instituciones cuando ello les conviene políticamente. Ya no hacen un llamado a la insurrección, pero sí a la desobediencia. Hace poco Gustavo Petro sostuvo, a raíz del escándalo de la ñeñepolítica, que el gobierno del presidente Duque no era el vencedor real de las elecciones pasadas y que, por lo tanto, su gobierno es ilegítimo. Y esta semana el mismo presidente Duque, con un talante poco presidencial, por decir lo menos, reaccionó contra la detención de Álvaro Uribe defendiendo su inocencia y, de paso, criticando los acuerdos de La Habana por no tener tras las rejas a los líderes de la guerrilla.
En Colombia todavía persiste lo que podríamos llamar el “síndrome del ojo tuerto”, que consiste en descalificar todo lo del partido opositor sin ver nunca lo malo del partido propio. Ese sesgo lo tienen los exguerrilleros de las Farc que salieron esta semana a expresar su regocijo por la detención de Uribe y los uribistas que salieron a expresar su indignación contra los magistrados de la Corte Suprema. El regocijo de los primeros me parece tan inapropiado como la indignación de los segundos, empezando porque ninguno conoce a fondo el expediente que soporta el caso de Uribe Vélez ante la Corte, ni puede valorar las pruebas de este proceso, que son reservadas, con lo cual sus emociones solo pueden estar fundadas en motivos políticos, no en razones jurídicas. ¿Qué habría pasado si las filiaciones de los protagonistas de este episodio hubiesen sido las opuestas? ¿Qué estarían diciendo los unos y los otros si el detenido hubiese sido, digamos, Petro o Rodrigo Londoño? Lo más probable es que los papeles se habrían invertido: los que hoy están dichosos estarían indignados y los que hoy se indignan estarían dichosos.
Este país no avanzará por la senda democrática mientras la izquierda y la derecha no asuman las decisiones judiciales que los afectan con la misma serenidad respetuosa; más concretamente, mientras la derecha, por un lado, no apoye los fallos judiciales que beneficien a la izquierda con la misma convicción de legalidad que apoya los fallos judiciales que la benefician, y mientras la izquierda, por otro lado, no apoye los fallos judiciales que beneficien a la derecha con la misma convicción de legalidad que apoya los fallos judiciales que la benefician.
La falta de buena disposición para aceptar las reglas de juego institucionales con independencia de sus implicaciones es, a mi juicio, un gran obstáculo para el avance de la democracia en Colombia y por eso, viendo tanta euforia y tanta indignación por la detención del senador Uribe, lo que yo siento es más bien preocupación.