Según el World justice Projec publicado este año, Colombia ocupa el puesto 79, entre 99, en efectividad de la justicia penal.
Este informe confirma nuestra intuición de que aquí los procesos judiciales tardan años, a veces décadas, antes de llegar a un resultado. Recuerdo, a propósito, el siguiente pasaje de El otoño del patriarca: “… vimos el galpón en penumbra donde estuvieron las oficinas civiles, los hongos de colores y los lirios pálidos entre los memoriales sin resolver cuyo curso ordinario había sido más lento que las vidas más áridas”.
Son muchos los factores que inciden en la ineficacia de la justicia. Uno de ellos es la incapacidad para resolver casos complejos en los cuales se requiere de investigación avanzada; el otro son las maniobras de los abogados para dilatar los procesos. Lo malo no es que el sistema esté lleno de recursos judiciales (apelación, aclaración, anulación, súplica, petición, etc., etc.) sino que exista una cultura jurídica más o menos tolerante con el abuso de esos recursos.
En contraste con esta situación, esta semana la opinión pública recibió con regocijo la condena proferida por la comunidad nasa contra siete guerrilleros de las Farc que asesinaron a dos de sus miembros. La comunidad no tardó más de un día en condenar a los culpables; no hubo abogados defensores, ni traslados de pruebas, ni recursos interpuestos por la defensa, y la decisión fue tomada por una asamblea popular que fijó, por aclamación, el monto de las penas: una de 40 y otra de 60 años.
Después de ver tantos casos en donde la justicia no funciona, es fácil entender el entusiasmo nacional con lo hecho por la comunidad nasa; más aún cuando se trata de una decisión que castiga la atrocidad de una guerrilla cuyos atentados contra la población civil suelen quedar impunes. Todo esto, repito, ayuda a explicar el aplauso a la justicia indígena. Yo, sin embargo, tengo mis dudas y creo que no soy el único.
Todo parece indicar que en el caso de los nasas se hizo justicia: los asesinos fueron capturados en flagrancia, hubo testigos que confesaron, etc. Sin embargo, en temas de justicia hay que cuidarse de opiniones coyunturales tomadas al calor de los acontecimientos. La pregunta que me hago es si este tipo de justicia popular (similar a la que aplican las Farc) es la adecuada para resolver otros casos más complejos y en donde se requiere de más ponderación, de más análisis y de más garantías. No dudo de las bondades de la jurisdicción indígena y no pretendo que los indígenas juzguen a la manera occidental; lo que temo es que la autonomía para juzgar se entienda como una autorización para desconocer derechos básicos. La Corte Constitucional ha hecho un esfuerzo importante por establecer el contenido y los límites de la jurisdicción indígena, pero falta todavía y sería conveniente que este caso llegara a la Corte, o a un tribunal internacional, para que se precisara aún más el alcance de esa jurisdicción. Soy consciente de que este es un tema difícil y delicado, pero creo que vale la pena discutirlo, entre otras cosas para fortalecer la propia jurisdicción indígena.
La lentitud de la justicia no puede llevarnos a preferir la justicia sumaria. La buena justicia (como la buena cocina) toma tiempo. Los medios de comunicación y la opinión pública viven en una temporalidad coyuntural, casi instantánea, que reflexiona poco, no repara en detalles, es sesgada y olvida rápido. La justicia debe alejarse de esa temporalidad instantánea. Claro, debe hacerlo sin caer en la temporalidad glacial en la que parece estar hoy en día.
Según el World justice Projec publicado este año, Colombia ocupa el puesto 79, entre 99, en efectividad de la justicia penal.
Este informe confirma nuestra intuición de que aquí los procesos judiciales tardan años, a veces décadas, antes de llegar a un resultado. Recuerdo, a propósito, el siguiente pasaje de El otoño del patriarca: “… vimos el galpón en penumbra donde estuvieron las oficinas civiles, los hongos de colores y los lirios pálidos entre los memoriales sin resolver cuyo curso ordinario había sido más lento que las vidas más áridas”.
Son muchos los factores que inciden en la ineficacia de la justicia. Uno de ellos es la incapacidad para resolver casos complejos en los cuales se requiere de investigación avanzada; el otro son las maniobras de los abogados para dilatar los procesos. Lo malo no es que el sistema esté lleno de recursos judiciales (apelación, aclaración, anulación, súplica, petición, etc., etc.) sino que exista una cultura jurídica más o menos tolerante con el abuso de esos recursos.
En contraste con esta situación, esta semana la opinión pública recibió con regocijo la condena proferida por la comunidad nasa contra siete guerrilleros de las Farc que asesinaron a dos de sus miembros. La comunidad no tardó más de un día en condenar a los culpables; no hubo abogados defensores, ni traslados de pruebas, ni recursos interpuestos por la defensa, y la decisión fue tomada por una asamblea popular que fijó, por aclamación, el monto de las penas: una de 40 y otra de 60 años.
Después de ver tantos casos en donde la justicia no funciona, es fácil entender el entusiasmo nacional con lo hecho por la comunidad nasa; más aún cuando se trata de una decisión que castiga la atrocidad de una guerrilla cuyos atentados contra la población civil suelen quedar impunes. Todo esto, repito, ayuda a explicar el aplauso a la justicia indígena. Yo, sin embargo, tengo mis dudas y creo que no soy el único.
Todo parece indicar que en el caso de los nasas se hizo justicia: los asesinos fueron capturados en flagrancia, hubo testigos que confesaron, etc. Sin embargo, en temas de justicia hay que cuidarse de opiniones coyunturales tomadas al calor de los acontecimientos. La pregunta que me hago es si este tipo de justicia popular (similar a la que aplican las Farc) es la adecuada para resolver otros casos más complejos y en donde se requiere de más ponderación, de más análisis y de más garantías. No dudo de las bondades de la jurisdicción indígena y no pretendo que los indígenas juzguen a la manera occidental; lo que temo es que la autonomía para juzgar se entienda como una autorización para desconocer derechos básicos. La Corte Constitucional ha hecho un esfuerzo importante por establecer el contenido y los límites de la jurisdicción indígena, pero falta todavía y sería conveniente que este caso llegara a la Corte, o a un tribunal internacional, para que se precisara aún más el alcance de esa jurisdicción. Soy consciente de que este es un tema difícil y delicado, pero creo que vale la pena discutirlo, entre otras cosas para fortalecer la propia jurisdicción indígena.
La lentitud de la justicia no puede llevarnos a preferir la justicia sumaria. La buena justicia (como la buena cocina) toma tiempo. Los medios de comunicación y la opinión pública viven en una temporalidad coyuntural, casi instantánea, que reflexiona poco, no repara en detalles, es sesgada y olvida rápido. La justicia debe alejarse de esa temporalidad instantánea. Claro, debe hacerlo sin caer en la temporalidad glacial en la que parece estar hoy en día.