En caso de conflicto entre el derecho y la justicia, ¿qué debe primar? Desde la Grecia clásica se viene debatiendo eso. Hay quienes dicen que prima la justicia porque ella representa un valor universal. Otros sostienen que no, que lo que prima es el derecho, porque la idea de justicia es cambiante.
Este debate ha producido tantas bibliotecas como guerras. Pero desde hace por lo menos un siglo hay una solución intermedia que ha calmado los ánimos. Ella consiste en incorporar al derecho (a la constitución) los valores universales básicos y, a partir de allí, negar la posibilidad de que alguien, invocando razones de justicia, desobedezca la ley. Este consenso representa un avance humanista y civilizatorio en la historia universal.
¿Qué tanto hemos incorporado ese avance en Colombia? Es verdad que aquí tenemos una tradición jurídica respetable, que ha prevalecido en muchos momentos difíciles de la historia nacional; pero estamos lejos de ser ese país modelo de legalidad que pretenden mostrar nuestros gobernantes y diplomáticos. El exministro Fernando Cepeda dijo esta semana que Colombia era una “potencia moral” en el mundo, por su respeto al derecho. No lo creo; en el ranking mundial de la legalidad estamos situados, como en tantas otras cosas, de la mitad para abajo.
Entre nosotros la tradición legalista compite con la vieja tradición colonial del “se obedece pero no se cumple”, como lo dice Jorge O. Melo en su columna de hace un par de semanas. Aquí desobedecemos cuando no nos conviene; y para aliviar la mala conciencia de incumplidores que ello nos produce, transformamos las razones de conveniencia en razones de justicia. La nuestra no es la justicia universal de los Derechos Humanos, sino la justicia mundana de nuestra contabilidad de costos y beneficios. Una justicia de bolsillo, con la que vamos por el mundo juzgando leyes como si fuéramos cortes supremas ambulantes.
Voy a ponerle un nombre a esa manera de entender el derecho. Es un nombre complicado, les advierto, pero refleja bien nuestra manera astuta y enmarañada de razonar; la voy a llamar “cultura de la validez condicional del derecho por razones de justicia de bolsillo”. Los gobernantes son los primeros en difundir esta cultura. Y con ellos vienen los ciudadanos, que hacen lo propio, respaldados como están, en el ejemplo de los que mandan.
No tengo que ir a la colonia para ilustrar lo que digo. Lo puedo mostrar con dos ejemplos actuales.
El primero es el posible desacato, por parte del Gobierno, de la decisión tomada por la Corte Internacional de La Haya sobre nuestra disputa territorial con Nicaragua. Con lo fácil que es aquí avivar el nacionalismo barato, no dudo de que el desacato le resultaría políticamente rentable al Gobierno. Pero me temo que pagaríamos un precio muy alto por el deterioro (¿más?) de la imagen que tiene Colombia en el exterior. Así las cosas, no solo perderíamos el mar (que ya perdimos), sino también la reputación que nos queda de país legal. Y eso, en el mundo de hoy, vale mucho.
El segundo hecho es la reelección del procurador, el martes próximo en el Congreso. Todo indica que Ordóñez, un personaje moralmente inescrupuloso, que no solo se ha valido de las peores prácticas clientelistas para mantener su enorme poder político, sino que, paradójicamente, invoca la moral y la justicia divina para violar la Constitución, se saldrá una vez más con la suya.
Viendo cómo aquí cada cual acomoda la ley a su justicia (de bolsillo) pienso en Bolívar cuando dijo que cada colombiano es un país, y peor aún, un país enemigo.
En caso de conflicto entre el derecho y la justicia, ¿qué debe primar? Desde la Grecia clásica se viene debatiendo eso. Hay quienes dicen que prima la justicia porque ella representa un valor universal. Otros sostienen que no, que lo que prima es el derecho, porque la idea de justicia es cambiante.
Este debate ha producido tantas bibliotecas como guerras. Pero desde hace por lo menos un siglo hay una solución intermedia que ha calmado los ánimos. Ella consiste en incorporar al derecho (a la constitución) los valores universales básicos y, a partir de allí, negar la posibilidad de que alguien, invocando razones de justicia, desobedezca la ley. Este consenso representa un avance humanista y civilizatorio en la historia universal.
¿Qué tanto hemos incorporado ese avance en Colombia? Es verdad que aquí tenemos una tradición jurídica respetable, que ha prevalecido en muchos momentos difíciles de la historia nacional; pero estamos lejos de ser ese país modelo de legalidad que pretenden mostrar nuestros gobernantes y diplomáticos. El exministro Fernando Cepeda dijo esta semana que Colombia era una “potencia moral” en el mundo, por su respeto al derecho. No lo creo; en el ranking mundial de la legalidad estamos situados, como en tantas otras cosas, de la mitad para abajo.
Entre nosotros la tradición legalista compite con la vieja tradición colonial del “se obedece pero no se cumple”, como lo dice Jorge O. Melo en su columna de hace un par de semanas. Aquí desobedecemos cuando no nos conviene; y para aliviar la mala conciencia de incumplidores que ello nos produce, transformamos las razones de conveniencia en razones de justicia. La nuestra no es la justicia universal de los Derechos Humanos, sino la justicia mundana de nuestra contabilidad de costos y beneficios. Una justicia de bolsillo, con la que vamos por el mundo juzgando leyes como si fuéramos cortes supremas ambulantes.
Voy a ponerle un nombre a esa manera de entender el derecho. Es un nombre complicado, les advierto, pero refleja bien nuestra manera astuta y enmarañada de razonar; la voy a llamar “cultura de la validez condicional del derecho por razones de justicia de bolsillo”. Los gobernantes son los primeros en difundir esta cultura. Y con ellos vienen los ciudadanos, que hacen lo propio, respaldados como están, en el ejemplo de los que mandan.
No tengo que ir a la colonia para ilustrar lo que digo. Lo puedo mostrar con dos ejemplos actuales.
El primero es el posible desacato, por parte del Gobierno, de la decisión tomada por la Corte Internacional de La Haya sobre nuestra disputa territorial con Nicaragua. Con lo fácil que es aquí avivar el nacionalismo barato, no dudo de que el desacato le resultaría políticamente rentable al Gobierno. Pero me temo que pagaríamos un precio muy alto por el deterioro (¿más?) de la imagen que tiene Colombia en el exterior. Así las cosas, no solo perderíamos el mar (que ya perdimos), sino también la reputación que nos queda de país legal. Y eso, en el mundo de hoy, vale mucho.
El segundo hecho es la reelección del procurador, el martes próximo en el Congreso. Todo indica que Ordóñez, un personaje moralmente inescrupuloso, que no solo se ha valido de las peores prácticas clientelistas para mantener su enorme poder político, sino que, paradójicamente, invoca la moral y la justicia divina para violar la Constitución, se saldrá una vez más con la suya.
Viendo cómo aquí cada cual acomoda la ley a su justicia (de bolsillo) pienso en Bolívar cuando dijo que cada colombiano es un país, y peor aún, un país enemigo.