Malcolm Deas dijo alguna vez que Colombia tenía una densidad demasiado elevada de políticos. Allí está la causa, dicen muchos otros analistas, de la colonización de la vida social por parte de ellos, los políticos.
La ciudad de Medellín, sin embargo, ha logrado liberarse de ese problema, al menos en parte. Hasta mediados del siglo pasado los alcaldes de la ciudad eran notables, muchos de ellos empresarios, que defendían los bienes públicos, sobre todo la educación, con la idea de que si le iba bien a la ciudad les iba bien a ellos. En la segunda mitad del siglo los notables hicieron un pacto de caballeros con los políticos: ustedes manejan la Alcaldía y nosotros aportamos conocimiento empresarial y buenas prácticas. Muchos de los proyectos más representativos de la ciudad fueron hechos con base en ese pacto, entre ellos el Hospital Pablo Tobón Uribe, el metro, el Museo de Arte Moderno, el Parque Explora, el aeropuerto José María Córdova, Comfama, el nuevo Jardín Botánico y EPM.
Ese modelo público-privado, conocido como gobierno corporativo, está en peligro por causa de las decisiones que el alcalde Daniel Quintero está tomando en EPM. Todo empezó hace unos días cuando dijo que iba a demandar a los diseñadores y constructores de Hidroituango por casi diez billones de pesos, sin consultar a la junta de EPM, que es donde están los empresarios. Y, claro, la junta en pleno renunció. No es la primera vez que un alcalde intenta controlar a EPM: Luis Alfredo Ramos y Luis Pérez lo intentaron en el pasado, pero con poco éxito.
En defensa del alcalde Quintero se han pronunciado Germán Vargas Lleras y, cómo no, el mismo Luis Pérez. Según Vargas, el problema en EPM obedece a la falta de transparencia en las relaciones del llamado gobierno corporativo. Esa crítica es infundada y si Vargas tuviese acusaciones precisas de corrupción debería decirlo, no insinuarlo; es curioso, en todo caso, como dice el profesor Santiago Leyva Botero, que la alianza público-privada en Medellín le produzca tanto recelo, mientras que el maridaje entre la familia Char, sus empresas y la Alcaldía de Barranquilla, donde él tiene buena parte de su capital político, no le produzca ninguno.
Los resultados de EPM han sido extraordinariamente buenos: es la tercera empresa del país, la más grande de servicios públicos de Suramérica y le entrega el 20 % de sus utilidades al municipio, con lo cual la ciudad ha podido hacer obras públicas que ninguna otra ciudad en el país ha hecho. Hidroituango salió mal, es cierto, pero todo indica que fue porque en el invierno de 2018 se tomaron decisiones riesgosas, no por problemas de corrupción. En todo caso, una demanda como la que planea Quintero puede durar 20 años, con resultados inciertos y no beneficiar a nadie. Muchos en Antioquia piensan hoy que no solo está en riesgo una cantidad enorme de dinero público, sino también el modelo de gobierno corporativo más exitoso de la ciudad durante más de medio siglo.
Creo que estamos de acuerdo en esto: si de escoger se trata entre empresarios con sentido de lo público, que trabajan por la ciudad, y políticos con sentido privado, que trabajan para sí mismos, es mejor quedarse con los primeros. Esto sin descartar, claro, que una buena alianza entre ambos o el gobierno de políticos con verdadero sentido de lo público puedan ser mejores opciones. La gran pregunta es si el alcalde Quintero pertenece a la estirpe de los políticos con sentido clientelista. No lo sé, pero hay indicios de que así es, entre ellos su paso por todos los partidos y grupos del espectro político. Y, claro, el apoyo de Luis Pérez y de Vargas Lleras no le ayuda mucho.
Malcolm Deas dijo alguna vez que Colombia tenía una densidad demasiado elevada de políticos. Allí está la causa, dicen muchos otros analistas, de la colonización de la vida social por parte de ellos, los políticos.
La ciudad de Medellín, sin embargo, ha logrado liberarse de ese problema, al menos en parte. Hasta mediados del siglo pasado los alcaldes de la ciudad eran notables, muchos de ellos empresarios, que defendían los bienes públicos, sobre todo la educación, con la idea de que si le iba bien a la ciudad les iba bien a ellos. En la segunda mitad del siglo los notables hicieron un pacto de caballeros con los políticos: ustedes manejan la Alcaldía y nosotros aportamos conocimiento empresarial y buenas prácticas. Muchos de los proyectos más representativos de la ciudad fueron hechos con base en ese pacto, entre ellos el Hospital Pablo Tobón Uribe, el metro, el Museo de Arte Moderno, el Parque Explora, el aeropuerto José María Córdova, Comfama, el nuevo Jardín Botánico y EPM.
Ese modelo público-privado, conocido como gobierno corporativo, está en peligro por causa de las decisiones que el alcalde Daniel Quintero está tomando en EPM. Todo empezó hace unos días cuando dijo que iba a demandar a los diseñadores y constructores de Hidroituango por casi diez billones de pesos, sin consultar a la junta de EPM, que es donde están los empresarios. Y, claro, la junta en pleno renunció. No es la primera vez que un alcalde intenta controlar a EPM: Luis Alfredo Ramos y Luis Pérez lo intentaron en el pasado, pero con poco éxito.
En defensa del alcalde Quintero se han pronunciado Germán Vargas Lleras y, cómo no, el mismo Luis Pérez. Según Vargas, el problema en EPM obedece a la falta de transparencia en las relaciones del llamado gobierno corporativo. Esa crítica es infundada y si Vargas tuviese acusaciones precisas de corrupción debería decirlo, no insinuarlo; es curioso, en todo caso, como dice el profesor Santiago Leyva Botero, que la alianza público-privada en Medellín le produzca tanto recelo, mientras que el maridaje entre la familia Char, sus empresas y la Alcaldía de Barranquilla, donde él tiene buena parte de su capital político, no le produzca ninguno.
Los resultados de EPM han sido extraordinariamente buenos: es la tercera empresa del país, la más grande de servicios públicos de Suramérica y le entrega el 20 % de sus utilidades al municipio, con lo cual la ciudad ha podido hacer obras públicas que ninguna otra ciudad en el país ha hecho. Hidroituango salió mal, es cierto, pero todo indica que fue porque en el invierno de 2018 se tomaron decisiones riesgosas, no por problemas de corrupción. En todo caso, una demanda como la que planea Quintero puede durar 20 años, con resultados inciertos y no beneficiar a nadie. Muchos en Antioquia piensan hoy que no solo está en riesgo una cantidad enorme de dinero público, sino también el modelo de gobierno corporativo más exitoso de la ciudad durante más de medio siglo.
Creo que estamos de acuerdo en esto: si de escoger se trata entre empresarios con sentido de lo público, que trabajan por la ciudad, y políticos con sentido privado, que trabajan para sí mismos, es mejor quedarse con los primeros. Esto sin descartar, claro, que una buena alianza entre ambos o el gobierno de políticos con verdadero sentido de lo público puedan ser mejores opciones. La gran pregunta es si el alcalde Quintero pertenece a la estirpe de los políticos con sentido clientelista. No lo sé, pero hay indicios de que así es, entre ellos su paso por todos los partidos y grupos del espectro político. Y, claro, el apoyo de Luis Pérez y de Vargas Lleras no le ayuda mucho.