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Modernizar la política

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Mauricio García Villegas
07 de marzo de 2026 - 05:08 a. m.
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Pitágoras sostuvo que la verdad de todo está en las matemáticas, que son precisas, bellas y puras. Existe la leyenda de que cuando uno de sus seguidores descubrió los números irracionales un cofrade le salió al paso y, para preservar la integridad de la doctrina, lo mató. La mente humana se apega a las teorías simples y de ahí el auge de las dicotomías que todo lo reducen a una alternativa tipo bueno/malo, amigo/enemigo, nuestro/ajeno.

Digo esto pensando en lo simplista que suele ser el debate político en Colombia y lo encasillado que está en la tensión izquierda/derecha. No es que esa dicotomía sea infundada, al contrario, tiene sentido y es muy importante, pero deja muchas cosas por fuera, entre ellas el debate sobre la autonomía moral, que responde a la pregunta ¿debe el Estado intervenir en la conducción ética de los individuos, por ejemplo, en asuntos de drogas o de libertad sexual?

Hay algo incluso menos visible, que también queda por fuera de la tensión izquierda/derecha y está relacionado con la manera como se gobierna y más concretamente con la posición que se adopta frente al clientelismo. Aquí parece no haber debate porque todos los políticos condenan esta práctica, pero son pocos los que actúan en consecuencia.

El clientelismo es un negocio entre desiguales (por lo general entre un político del centro del país y uno de la periferia) por medio del cual el primero entrega beneficios (dinero, puestos, contratos) y el segundo ofrece votos. El institucionalismo, en cambio, es una manera de gobernar que descarta los favores y exige que los asuntos públicos, como la protección de los derechos, los contratos, las obras o el acceso a los cargos públicos, se tramiten de manera reglada, es decir a partir de normas jurídicas preestablecidas (carrera administrativa, licitaciones, etc.).

Todas las democracias modernas, incluso Francia, pasaron por períodos clientelistas que poco a poco superaron. En Colombia, en cambio, esta transición ha sido muy difícil, entre otras cosas porque el clientelismo es la fórmula que las élites políticas colombianas han encontrado para “gobernar” en regiones en las que las instituciones estatales tienen poca o nula presencia. La incapacidad del Estado para copar la geografía, no solo con el ejército o con la nómina oficial, es tal vez la promesa incumplida más imperdonable de la democracia colombiana. Aquí ha prevalecido un pacto clientelista entre élites centrales y regionales que, por causa del auge de la criminalidad organizada en las regiones, se ha convertido en una fuente de desdichas políticas y en un obstáculo para la modernización y el progreso.

La renuncia al clientelismo y la construcción de Estado democrático en todo el territorio nacional representa un avance más fundamental (incluso más revolucionario) que las propuestas enmarcadas en la dicotomía izquierda/derecha. Buena parte del fracaso (relativo, por supuesto) del actual gobierno radica en haber querido llevar a cabo una serie de reformas sociales necesarias, pero sin renunciar al tejemaneje clientelista tradicional.

Ha habido, por supuesto, políticos que han renunciado al clientelismo, empezando por Antanas Mockus, pero el peso de la maquinaria tradicional ha frustrado sus aspiraciones. Hoy, de nuevo, existe la posibilidad de modernizar la política colombiana eligiendo candidatos por fuera de esa maquinaria. No hay que olvidar que, en las democracias modernas, fue la ciudadanía, hastiada de la corrupción política, la que le puso coto al clientelismo e impuso la transición. Ya es hora de que Colombia dé ese paso.

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