Llevo varios años dirigiendo un proyecto de investigación sobre abogados en Colombia. Una de las muchas preguntas que nos hacemos en este proyecto es la siguiente: ¿dónde estudiaron los magistrados de las altas cortes y los abogados de las altas entidades del Estado? No parece una pregunta difícil, ¿verdad? Pues bien, no se imaginan las dificultades que hemos encontrado para obtener esa información.
Muchas entidades desconocen la respuesta a esa pregunta. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, respondió que, si queríamos conocer eso, les preguntáramos a los magistrados. Además, nos mandaron extractos de una tesis doctoral sobre los magistrados de las altas Cortes. No sé si se habrán dado cuenta, pero yo fui el director de esa tesis, que se presentó en Grenoble (Francia) y que desafortunadamente sólo tiene datos parciales y ello debido a que durante años tratamos de conseguir esa información en la misma Corte (con derechos de petición) y nunca nos la dieron. Es algo tan kafkiano y ridículo como esto: pido información, me dan solo una parte, digo que solo me dieron esa parte, vuelvo y pido la misma información y me responden con lo que ya dije.
En otras entidades nos respondieron que simplemente no tenían esos datos. Eso ocurrió en la Fiscalía, en la Superintendencia de Notariado, en el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. En esta última entidad nos dijeron que no tenían conocimiento de eso porque el secretario anterior no había entregado las hojas de vida.
Ante esa dificultad quisimos construir nosotros mismos la información, cruzando bases de datos. El CSJ es la entidad que le otorga la tarjeta profesional a los abogados y, para cumplir con esa función, debe conocer el nombre de los abogados, su cédula y la facultad de derecho donde estudiaron. Siendo así, nos dijimos, basta con la cédula de cada abogado del Estado para saber, con la lista del CSJ, dónde estudió, qué cargo tiene y a qué escala salarial pertenece. Fácil, ¿no? Pues tampoco pudimos. Hay 60.000 abogados en esa lista que no tienen ningún dato sobre el origen de su diploma.
Hay entidades que tienen información sobre cédulas o salarios, pero que no la entregan. De la Procuraduría (entidad garante de la Ley de Transparencia) nos respondieron la siguiente perla: “no es viable informarle el ingreso salarial de cada funcionario, teniendo en cuenta que dicha información tiene el carácter de reservada”. Y cuando preguntamos en la Corte Constitucional por la cédula de los magistrados auxiliares, nos dijeron que ese dato era de “carácter confidencial”, lo cual es absurdo.
No haber podido encontrar los datos básicos que estábamos buscando es ya un dato interesante (lamentablemente interesante) que muestra dos cosas: primero, que la ausencia de información confiable es el primer indicio de debilidad de nuestras instituciones. La fortaleza de una institución empieza por la calidad de la información que tiene, que construye y que utiliza para formular políticas públicas. Y segundo, que el hecho de negarse a entregar esa información es la expresión de una cultura institucional poco transparente. Los datos que recolecta una institución, empezando por los relativos a las personas que allí laboran, son públicos.
No tener información sobre la hoja de vida de un magistrado, o de un senador, es tan impropio como no saber qué funciones cumple. Tener esa información y negarse a publicarla es una falta de trasparencia. Ambos casos, no saber o no responder, como suele ocurrir en las encuestas, hablan mal de quien está llamado a responder.
Llevo varios años dirigiendo un proyecto de investigación sobre abogados en Colombia. Una de las muchas preguntas que nos hacemos en este proyecto es la siguiente: ¿dónde estudiaron los magistrados de las altas cortes y los abogados de las altas entidades del Estado? No parece una pregunta difícil, ¿verdad? Pues bien, no se imaginan las dificultades que hemos encontrado para obtener esa información.
Muchas entidades desconocen la respuesta a esa pregunta. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, respondió que, si queríamos conocer eso, les preguntáramos a los magistrados. Además, nos mandaron extractos de una tesis doctoral sobre los magistrados de las altas Cortes. No sé si se habrán dado cuenta, pero yo fui el director de esa tesis, que se presentó en Grenoble (Francia) y que desafortunadamente sólo tiene datos parciales y ello debido a que durante años tratamos de conseguir esa información en la misma Corte (con derechos de petición) y nunca nos la dieron. Es algo tan kafkiano y ridículo como esto: pido información, me dan solo una parte, digo que solo me dieron esa parte, vuelvo y pido la misma información y me responden con lo que ya dije.
En otras entidades nos respondieron que simplemente no tenían esos datos. Eso ocurrió en la Fiscalía, en la Superintendencia de Notariado, en el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. En esta última entidad nos dijeron que no tenían conocimiento de eso porque el secretario anterior no había entregado las hojas de vida.
Ante esa dificultad quisimos construir nosotros mismos la información, cruzando bases de datos. El CSJ es la entidad que le otorga la tarjeta profesional a los abogados y, para cumplir con esa función, debe conocer el nombre de los abogados, su cédula y la facultad de derecho donde estudiaron. Siendo así, nos dijimos, basta con la cédula de cada abogado del Estado para saber, con la lista del CSJ, dónde estudió, qué cargo tiene y a qué escala salarial pertenece. Fácil, ¿no? Pues tampoco pudimos. Hay 60.000 abogados en esa lista que no tienen ningún dato sobre el origen de su diploma.
Hay entidades que tienen información sobre cédulas o salarios, pero que no la entregan. De la Procuraduría (entidad garante de la Ley de Transparencia) nos respondieron la siguiente perla: “no es viable informarle el ingreso salarial de cada funcionario, teniendo en cuenta que dicha información tiene el carácter de reservada”. Y cuando preguntamos en la Corte Constitucional por la cédula de los magistrados auxiliares, nos dijeron que ese dato era de “carácter confidencial”, lo cual es absurdo.
No haber podido encontrar los datos básicos que estábamos buscando es ya un dato interesante (lamentablemente interesante) que muestra dos cosas: primero, que la ausencia de información confiable es el primer indicio de debilidad de nuestras instituciones. La fortaleza de una institución empieza por la calidad de la información que tiene, que construye y que utiliza para formular políticas públicas. Y segundo, que el hecho de negarse a entregar esa información es la expresión de una cultura institucional poco transparente. Los datos que recolecta una institución, empezando por los relativos a las personas que allí laboran, son públicos.
No tener información sobre la hoja de vida de un magistrado, o de un senador, es tan impropio como no saber qué funciones cumple. Tener esa información y negarse a publicarla es una falta de trasparencia. Ambos casos, no saber o no responder, como suele ocurrir en las encuestas, hablan mal de quien está llamado a responder.