Los estudiantes de la Universidad de Antioquia llevan mes y medio en paro.
Modificaciones recientes al examen de admisión son la causa principal (no la única) de la protesta. El nuevo examen, a diferencia del anterior, incluye preguntas específicas del área de conocimiento a la que se quiere ingresar. Según los estudiantes, esto hace más difícil el ingreso de aspirantes que vienen de colegios públicos y favorece a los jóvenes de clase alta que estudian en colegios privados de buena calidad.
La asamblea de estudiantes tiene razón en preocuparse por los aspirantes de estratos bajos. En este país las clases sociales no sólo estudian por aparte, sino que los hijos de los ricos reciben una educación de mejor calidad que los hijos de los pobres. Esta situación, que algunos hemos llamado “Apartheid educativo”, implica una gravísima violación de derechos.
Sin embargo, por grave que sea esto, no creo que justifique el paro. En primer lugar porque hay buenas razones para defender el nuevo examen, y en segundo lugar, porque más que resolver el problema, lo agrava. Me explico.
La idea de amoldar el examen de admisión según la disciplina de ingreso es algo usual en la educación superior (así es, por ejemplo, en la Universidad Nacional). El hecho de que este tipo de examen permita la entrada de un mayor porcentaje de estudiantes de los mejores colegios no es un argumento para cambiar el examen, sino para mejorar la educación pública básica. Eso toma tiempo, claro. Pero entre tanto se pueden hacer otras cosas, como organizar cursos preparatorios en los colegios públicos o ampliar los cupos universitarios.
En segundo lugar, la estrategia estudiantil, que consiste en afectar la normalidad académica para protestar por injusticias estructurales del país, ha servido, en la mayoría de los casos, para debilitar a la universidad pública. El costo de los paros, los bloqueos, los tropeles (a lo largo de ya casi 50 años) es algo inconmensurable: los programas académicos duran más de lo previsto; las investigaciones se afectan por la falta de continuidad, los eventos nacionales e internacionales se cancelan, la imagen de la universidad se deteriora, etc.
Estos costos han conducido, desde la década de los 80, a que las élites, incluso la clase media, descarten la universidad pública como opción para sus hijos. Por eso la universidad pública ha perdido la condición pluriclasista que tenía antes. Y este es, a mi juicio, el golpe más duro que ha recibido. Buena parte de la indolencia que los gobiernos y las clases dirigentes de este país tienen con la universidad se explica por eso, porque sus hijos ya no estudian allí. Más aún, la ausencia de un proyecto ambicioso de ampliación de la educación superior (¿cuánto hace que el Estado no construye un gran campus?) tiene origen, a mi juicio, en esa imagen menoscabada que la opinión pública tiene de la universidad.
Nada de lo que digo desconoce la importancia de la crítica o de la protesta estudiantil. Tampoco desconoce el abandono oficial que padece la universidad, ni mucho menos el asesinato de profesores y líderes estudiantiles, o el desconocimiento gubernamental de la democracia en el campus, entre otros atropellos que sufre la universidad. Lo que digo es que los paros, los bloqueos, los tropeles y todo uso de la violencia física y simbólica por parte de los estudiantes (profesores y trabajadores), en principio, no sólo no resuelven sus problemas (mucho menos las injusticias estructurales del país), sino que los agrava. Peor aún, esos actos suelen estar, paradójicamente, en sintonía con los intereses que quieren marginalizar o incluso acabar con la universidad pública.
Los estudiantes de la Universidad de Antioquia llevan mes y medio en paro.
Modificaciones recientes al examen de admisión son la causa principal (no la única) de la protesta. El nuevo examen, a diferencia del anterior, incluye preguntas específicas del área de conocimiento a la que se quiere ingresar. Según los estudiantes, esto hace más difícil el ingreso de aspirantes que vienen de colegios públicos y favorece a los jóvenes de clase alta que estudian en colegios privados de buena calidad.
La asamblea de estudiantes tiene razón en preocuparse por los aspirantes de estratos bajos. En este país las clases sociales no sólo estudian por aparte, sino que los hijos de los ricos reciben una educación de mejor calidad que los hijos de los pobres. Esta situación, que algunos hemos llamado “Apartheid educativo”, implica una gravísima violación de derechos.
Sin embargo, por grave que sea esto, no creo que justifique el paro. En primer lugar porque hay buenas razones para defender el nuevo examen, y en segundo lugar, porque más que resolver el problema, lo agrava. Me explico.
La idea de amoldar el examen de admisión según la disciplina de ingreso es algo usual en la educación superior (así es, por ejemplo, en la Universidad Nacional). El hecho de que este tipo de examen permita la entrada de un mayor porcentaje de estudiantes de los mejores colegios no es un argumento para cambiar el examen, sino para mejorar la educación pública básica. Eso toma tiempo, claro. Pero entre tanto se pueden hacer otras cosas, como organizar cursos preparatorios en los colegios públicos o ampliar los cupos universitarios.
En segundo lugar, la estrategia estudiantil, que consiste en afectar la normalidad académica para protestar por injusticias estructurales del país, ha servido, en la mayoría de los casos, para debilitar a la universidad pública. El costo de los paros, los bloqueos, los tropeles (a lo largo de ya casi 50 años) es algo inconmensurable: los programas académicos duran más de lo previsto; las investigaciones se afectan por la falta de continuidad, los eventos nacionales e internacionales se cancelan, la imagen de la universidad se deteriora, etc.
Estos costos han conducido, desde la década de los 80, a que las élites, incluso la clase media, descarten la universidad pública como opción para sus hijos. Por eso la universidad pública ha perdido la condición pluriclasista que tenía antes. Y este es, a mi juicio, el golpe más duro que ha recibido. Buena parte de la indolencia que los gobiernos y las clases dirigentes de este país tienen con la universidad se explica por eso, porque sus hijos ya no estudian allí. Más aún, la ausencia de un proyecto ambicioso de ampliación de la educación superior (¿cuánto hace que el Estado no construye un gran campus?) tiene origen, a mi juicio, en esa imagen menoscabada que la opinión pública tiene de la universidad.
Nada de lo que digo desconoce la importancia de la crítica o de la protesta estudiantil. Tampoco desconoce el abandono oficial que padece la universidad, ni mucho menos el asesinato de profesores y líderes estudiantiles, o el desconocimiento gubernamental de la democracia en el campus, entre otros atropellos que sufre la universidad. Lo que digo es que los paros, los bloqueos, los tropeles y todo uso de la violencia física y simbólica por parte de los estudiantes (profesores y trabajadores), en principio, no sólo no resuelven sus problemas (mucho menos las injusticias estructurales del país), sino que los agrava. Peor aún, esos actos suelen estar, paradójicamente, en sintonía con los intereses que quieren marginalizar o incluso acabar con la universidad pública.