Se obedece, pero no se cumple (I)

Buena parte del territorio nacional carece de Estado o su presencia es simplemente nominal: cumple algunas funciones secundarias, pero ni protege la vida de las personas, ni resguarda sus propiedades, ni regula la economía, ni cobra impuestos de manera eficiente. Así es y así ha sido desde los tiempos de la Colonia. No obstante lo delicado de esta situación, en el pasado no causó mayores problemas y eso debido a cuatro hechos: 1) aquellos eran territorios alejados y con muy poca población, 2) económicamente no representaban mucho, 3) la ilegalidad que allí existía no era una amenaza para el Estado central y 4) no había guerras internacionales que pusieran en peligro esos territorios.

Pero en las últimas cuatro décadas pasaron cosas que cambiaron este panorama: una parte de la periferia se fue llenando de gente y empezó a recibir jugosas rentas provenientes de la minería y el petróleo, a lo cual se sumó la presencia del narcotráfico que se convirtió en una fuente de financiación para toda suerte de grupos ilegales y en un factor de corrupción de la política y de la sociedad misma.

Así pues, se juntan dos problemas muy graves: la falta de Estado en las regiones, producto de la prolongada negligencia de los gobiernos que se han sucedido durante dos siglos, y una política prohibicionista que no depende de Colombia. Los problemas de orden público que han sucedido en las últimas semanas en Antioquia, Caquetá, Córdoba y Cauca son el producto de la combinación encendida de estos dos factores.

Sobra decir lo difícil que es resolver la falta de presencia del Estado en las regiones, la cual tomará décadas y una inmensidad de recursos. El narcotráfico, por su parte, es un problema incluso más difícil y eso debido a que está sustentado en una política mundial que, como lo ha mostrado mi colega Rodrigo Uprimny en sus últimas columnas, no solo es ruinosa, ineficiente e injusta para los países productores de droga, sino que depende de la comunidad internacional, no de nosotros.

El Gobierno pretende mitigar los efectos de la combinación de estos dos factores negociando con los jefes de las estructuras armadas que protegen el negocio del narcotráfico y sus derivaciones. A primera vista, esa idea tiene sentido: los delincuentes se someten (con el incentivo de poder blanquear parte de sus fortunas y de vivir en la legalidad), la población tiene un respiro, todo lo cual representa, como dicen ahora, una “ventana de oportunidad” para que el Estado ingrese a esos territorios, haga presencia y se imponga. Es, además, una solución rápida, que produce efectos en poco tiempo, unos dos o tres años.

El problema es que esta política no garantiza la no reproducción de la criminalidad asociada al narco. Si se someten 50 cabecillas con sus miles de soldados, los incentivos del negocio ilícito sacarán a flote a 50 nuevos cabecillas con sus miles de nuevos soldados. Y como los incentivos son tan grandes, el reciclaje tarda poco tiempo, en todo caso menos tiempo del que el Estado necesita para hacer presencia e imponerse en esos territorios.

De lo anterior se puede concluir que este problema es insoluble para el Estado y para la sociedad y que a ello debemos resignarnos; no solo aquí, sino en toda América Latina en donde, por causa del narcotráfico, han aumentado los índices de violencia, corrupción y deterioro institucional. Pero una conclusión tan fatalista no es admisible. Hay que encontrar una salida, así sea parcial. En la próxima columna hablaré de eso y le daré sentido al título de esta columna.