Sobre la obligación de vacunarse

El miércoles de esta semana miles de personas salieron a las calles de París para protestar contra las medidas tomadas por el gobierno de Emmanuel Macron en relación con el COVID-19. Tales medidas contemplan, por un lado, la exigencia de que los miembros del personal de salud se vacunen y, por otro lado, la necesidad de obtener un pasaporte sanitario como requisito para tener acceso a ciertos lugares. No solo en Francia, la tierra de Louis Pasteur, aparecen movimientos en contra de la vacunación. En los Estados Unidos, el país con la investigación científica más avanzada del planeta, la cuarta parte de la población no quiere vacunarse. Algunos antivacunas tienen motivaciones absurdas, como la de creer que el medicamento contiene un chip destinado a controlar su mente. Otros tienen argumentos más debatibles, como el de que no se conocen sus efectos de largo plazo o el de que no hay que confiar en las farmacéuticas por su falta de transparencia y ambición desmedida.

El hecho es que los antivacunas van en contravía de los esfuerzos que hoy se hacen para superar esta pandemia. Siendo así, ¿pueden las autoridades hacer obligatoria la vacuna? El Estado no puede obligar a nadie a vacunarse, pero sí puede imponer restricciones: la de no poder ingresar a ciertos sitios o la de no poder ejercer cierto oficio (por ejemplo, el de enfermero en un hospital). Es cierto que el Estado tampoco puede intervenir en la decisión de una persona cuya acción u omisión tiene consecuencias graves para su salud (por ejemplo, negarse a recibir una quimioterapia), pero sí lo puede hacer cuando esa decisión tiene consecuencias graves para otras personas. Este es el caso de la vacuna contra el COVID-19: la población no vacunada facilita la circulación del virus y con ella los riesgos de mutación del mismo, lo cual amenaza a toda la población, incluso a los vacunados. Así, los que no se vacunan no solo se ponen en peligro ellos mismos, sino que ponen en riesgo a los demás y sobre todo dificultan las políticas sanitarias destinadas a superar la crisis.

Esto me lleva, para terminar, a un comentario más general sobre dos ideas que últimamente han caído en cierto descrédito, pero que con la pandemia han recuperado algo de su relevancia. La primera es la idea de ciencia. Es increíble que todavía persistan grupos de decenas de millones de personas (en los Estados Unidos, para empezar) que piensan que detrás de la ciencia hay un poder oculto que viene tras ellos. Claro, no son todos los antivacunas pero sí son una buena parte de ellos. Uno quisiera que la charlatanería fuera socialmente menos impune, pero no es así. Sin embargo, en el caso del COVID-19, dada la afectación a terceros, el Estado sí puede restringir la libertad de aquellos que con su decisión de no vacunarse ponen en peligro a los demás. La segunda es la idea de deberes para con la comunidad, también muy desprestigiada en las últimas décadas (una buena parte de la derecha solo cree en la libertad y una buena parte de la izquierda solo cree en los derechos) pero que, con la pandemia, ha cobrado cierto prestigio pues sin el deber de solidaridad, incluso planetaria, la superación de esta crisis será más difícil.

A mediados del año pasado muchos dijimos que esta pandemia era una oportunidad para conseguir un mundo con mayor aprecio por la ciencia y con más solidaridad. Llevamos más de un año de pandemia y todavía tengo la ilusión de que lo estamos logrando.