La sanción que impuso Mercosur a Venezuela sólo se explica por la conjugación de circunstancias que ha provocado la crisis política más profunda desde su creación en 1991. Ni siquiera el enfrentamiento por las papeleras entre Argentina y Uruguay había alcanzado los niveles de radicalización que enfrenta Mercosur en las últimas semanas. En ese entonces, al menos se pudo recurrir a la Corte Internacional de Justicia para resolver el litigio fronterizo, pero en la actualidad la situación es más compleja.
Pocas veces ha habido tan poca claridad respecto de los límites regionales que enfrentan los estados y las prerrogativas de las instituciones regionales, que en vano tratan de sobrevivir a los impulsos de los gobiernos para someterlas e incluso desconocer su normativa. Los problemas entre algunos países de Mercosur y Venezuela no son nuevos. Desde la llegada de Mauricio Macri al poder en Argentina, éste empezó a corregir, según su entender, el curso de ese bloque. Esto tenía al menos dos implicaciones visibles. Un acercamiento a la Alianza del Pacífico, apuesta comercial que busca hacerle contrapeso al avance progresista regional, y relanzar la idea de un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (UE).
Esta última iniciativa siempre encontró la oposición de Argentina y Venezuela, que buscaron dotar a Mercosur de un sentido político que sobrepasara lo comercial. Néstor Kirchner, por ejemplo, fue esencial en la creación de un parlamento para ese organismo, que envió una señal de unión que no se agotara en términos de intercambios. Esta vocación es incompatible con la idea de integración regional de los recién llegados gobiernos en Brasilia y Buenos Aires, que, siguiendo a un Paraguay que no ha olvidado las sanciones a las fue que sometido por el golpe legislativo a Fernando Lugo, han sido enfáticos en cerrarle las puertas de espacios regionales al régimen de Nicolás Maduro.
Mauricio Macri anunció en su campaña presidencial que convocaría la cláusula democrática de Mercosur (Protocolo de Ushuaia) para sancionar a Venezuela por el rompimiento del orden constitucional por parte de Maduro. No obstante, una vez conocidos los resultados del 6 de diciembre en las elecciones legislativas, que fueron muy prometedores para la oposición venezolana, se redujo la presión por aplicar tal mecanismo. Además, tras el fracaso de Luis Almagro por una acción análoga en el seno de la OEA, quedó clara la imposibilidad de imponer una cláusula tal.
Las sanciones en el seno del Mercosur contra Venezuela muestran la poca efectividad de las cláusulas democráticas, mecanismos necesarios y bien intencionados, pero condenados por la excesiva politización que los lleva a la intrascendencia. Al margen de esa imposibilidad, el cerco contra el gobierno de Nicolás Maduro empieza a cerrarse desde afuera.
La sanción que impuso Mercosur a Venezuela sólo se explica por la conjugación de circunstancias que ha provocado la crisis política más profunda desde su creación en 1991. Ni siquiera el enfrentamiento por las papeleras entre Argentina y Uruguay había alcanzado los niveles de radicalización que enfrenta Mercosur en las últimas semanas. En ese entonces, al menos se pudo recurrir a la Corte Internacional de Justicia para resolver el litigio fronterizo, pero en la actualidad la situación es más compleja.
Pocas veces ha habido tan poca claridad respecto de los límites regionales que enfrentan los estados y las prerrogativas de las instituciones regionales, que en vano tratan de sobrevivir a los impulsos de los gobiernos para someterlas e incluso desconocer su normativa. Los problemas entre algunos países de Mercosur y Venezuela no son nuevos. Desde la llegada de Mauricio Macri al poder en Argentina, éste empezó a corregir, según su entender, el curso de ese bloque. Esto tenía al menos dos implicaciones visibles. Un acercamiento a la Alianza del Pacífico, apuesta comercial que busca hacerle contrapeso al avance progresista regional, y relanzar la idea de un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (UE).
Esta última iniciativa siempre encontró la oposición de Argentina y Venezuela, que buscaron dotar a Mercosur de un sentido político que sobrepasara lo comercial. Néstor Kirchner, por ejemplo, fue esencial en la creación de un parlamento para ese organismo, que envió una señal de unión que no se agotara en términos de intercambios. Esta vocación es incompatible con la idea de integración regional de los recién llegados gobiernos en Brasilia y Buenos Aires, que, siguiendo a un Paraguay que no ha olvidado las sanciones a las fue que sometido por el golpe legislativo a Fernando Lugo, han sido enfáticos en cerrarle las puertas de espacios regionales al régimen de Nicolás Maduro.
Mauricio Macri anunció en su campaña presidencial que convocaría la cláusula democrática de Mercosur (Protocolo de Ushuaia) para sancionar a Venezuela por el rompimiento del orden constitucional por parte de Maduro. No obstante, una vez conocidos los resultados del 6 de diciembre en las elecciones legislativas, que fueron muy prometedores para la oposición venezolana, se redujo la presión por aplicar tal mecanismo. Además, tras el fracaso de Luis Almagro por una acción análoga en el seno de la OEA, quedó clara la imposibilidad de imponer una cláusula tal.
Las sanciones en el seno del Mercosur contra Venezuela muestran la poca efectividad de las cláusulas democráticas, mecanismos necesarios y bien intencionados, pero condenados por la excesiva politización que los lleva a la intrascendencia. Al margen de esa imposibilidad, el cerco contra el gobierno de Nicolás Maduro empieza a cerrarse desde afuera.