Parece increíble, pero sucede en Venezuela. El país se prepara para otro momento de tensa polarización, por cuenta de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de detener el proceso para la convocatoria de un referendo revocatorio. Esto implicaría que la consulta queda descartada para antes del 10 de enero.
El CNE es la máxima autoridad electoral, y en el caso de Venezuela se trata de una rama del poder público, pues se debe recordar que, por una transformación constitucional, el sistema pasó de los tres clásicos a sumar el electoral y el ciudadano. Todos salvo el Legislativo. El CNE apoyó su decisión en el respeto y acatamiento de decisiones judiciales emitidas por jueces de primera instancia en Apure, Aragua, Bolívar, Monagas y Carabobo. Con ello, la acción tiene un barniz de legalidad, aunque la legitimidad de la misma sea bastante discutible.
La oposición había avanzado con la recolección de un millón de firmas (según sus cuentas), cuando inicialmente necesitaba 200.000. El CNE validó más de 400.000 de las mismas, con lo que se despejó el camino para la obtención del 20 % del padrón electoral, como ordena la ley para la consulta. Esas firmas restantes debían recogerse entre el 25 y el 27 de octubre. Con este revés, no sólo se esfuma la posibilidad de esa convocatoria para este año, sino que se avecina una crisis regional, en la que el centro de las discusiones será la independencia del poder electoral y judicial en Venezuela.
Después de esterilizar a la Asamblea Nacional, a través del control de la poderosa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficialismo ha conseguido congelar cualquier iniciativa significativa de la oposición. Por primera vez desde el ascenso de Hugo Chávez en 1999, el Gobierno se rehúsa sistemáticamente a acudir a las urnas. Paradoja llamativa, pues Chávez se legitimó siempre con el poder emanado del constituyente primario. Además se abastecía de oxígeno regional, por la simpatía que llegó a despertar el proceso en los países vecinos, concretamente en la sociedad civil.
Viene un nuevo período de agitaciones, que empiezan a banalizarse pues la presión en la calle no deriva en cambios estructurales. La oposición, aparte de visibilidad, ha conseguido poco en cuanto a herramientas para disputar en la arena política se refiere. Sin interlocución entre Gobierno y la Mesa de Unidad Democrática es imposible llegar a un acuerdo mínimo. Se necesitan los buenos oficios de Unasur más que nunca.
