En Colombia cada año más de 200 mil niños –menores de 14 años–- son violados y 25 mil son explotados sexualmente. Para combatir este terrible flagelo, la concejala de Bogotá Gilma Jiménez lidera una campaña con el objetivo de castigar ese delito con la cadena perpetua. Eso sólo será posible modificando el artículo 34 de la Constitución Nacional.
Por lo tanto, es necesario recoger más de 1,4 millones de firmas, lo cual permitiría que la iniciativa –previo paso por el Congreso de la República– pueda convertirse en un referendo que se sometería a votación de todos los ciudadanos.
Creo que hay que apoyar este proyecto por varias razones. En primer lugar, porque esos delitos sexuales son de la mayor gravedad y por lo tanto merecen la sanción máxima. El daño físico y sicológico que causan a los menores es inmenso. Lamentablemente casi siempre dejan dolorosas secuelas para el resto de la vida. Por lo tanto es justo que quienes cometen esos crímenes sean privados de su libertad hasta su muerte.
Además hay otro muy buen motivo de fondo para respaldar con la firma la propuesta: a mayor severidad de la pena, menor es la probabilidad de que se cometa el delito. Y no basta con endurecer el castigo. Porque si no hay denuncias por parte de las víctimas, si las autoridades de policía no hacen su labor eficazmente, o si los jueces no cumplen a cabalidad su misión, la cadena perpetua será tan sólo una amenaza de papel.
Sin embargo, es importante reconocer que el problema no se resuelve únicamente a punta de castigos drásticos. Porque hay que tener muy en cuenta lo que afirman Amartya Sen (Premio Nobel de Economía 1998) y Bernardo Kliksberg en su libro Primero la gente (Editorial Deusto): “... La mano dura actúa sobre las conductas finales con resultados dudosos en algunos casos.
Se está concentrando la atención sobre los síntomas de la epidemia de criminalidad, sin profundizar sobre las causas que la determinan... Cuando se procura encontrar, explorando correlaciones estadísticas sistemáticas, con qué factores está vinculado el crecimiento de la criminalidad en América Latina, es posible identificar que a mediano y largo plazo hay correlaciones fuertes con diferentes conjuntos de variables: entre otras, las condiciones sociales básicas, especialmente la evolución de la tasa de desocupación juvenil y de las oportunidades laborales, los niveles de educación y el grado de articulación de las familias”.
En conclusión, pienso que endurecer el castigo es necesario, pero no suficiente.
