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Hay sapos de este gobierno que toca tragarse enteros pero cuya lógica se entiende. Algunos batracios más difíciles de engullir resultan indescifrables: Hernán Giraldo como gestor de paz se destaca entre esos.
El prontuario de este señor de la guerra es escalofriante. Sus víctimas en la Sierra Nevada y alrededores se calculan en 67 mil. Su especialidad era el abuso sexual de menores. El apodo de Taladro ilustra sus preferencias. “No violaba al azar… escogía sistemáticamente a las mujeres que quería acceder carnalmente y las seducía. Tenían características comunes: menores de 14 años de edad, vírgenes y anchas de caderas, buscando que fueran fértiles”, anota Vera Salazar, secretaria de Interior del Magdalena, magister en DD. HH. y estudiosa de las andanzas del macabro personaje. “Siempre estaba armado, ponía su arma en la mesita de noche, nunca había un preámbulo. Luego se quedaba dormido. Así una y otra vez”, anotó ante Justicia y Paz una víctima.
Escogida la presa, la llevaba a su finca en las estribaciones de la Sierra Nevada para tener vida marital por unos meses. Aunque al conocerlas buscaba cautivarlas con regalos, hasta casa o tierras para la familia, pronto se aburría y se encaprichaba con otra más joven. Entonces, “las regresaba a sus casas o las mudaba a otra localizada en alguna zona estratégica”. Así, su incidencia sobrepasaba el ámbito sexual. Las víctimas y sus hijos se volvían parte de la organización en los corredores por donde entraba droga y salían armas. “Allí servían para alertar cualquier movimiento y tener control geoestratégico de la región”, anota Vera. Muchas de estas niñas las entregaron voluntariamente sus familias a cambio de protección física y económica con el correspondiente estatus por ser parientes de Giraldo. “Todos sabían que si era mujer del Patrón tocaba respetarla”.
Ante Justicia y Paz, Giraldo reconoció 38 hijos pero hay evidencia sobre unos 70. Muchos de ellos ingresaron al grupo paramilitar que se desmovilizó en 2006 con 1.700 efectivos. En 2008 fue extraditado a los EE. UU. donde la justicia lo condenó a 16 años de cárcel por narcotráfico. Al cumplir la pena volvió.
Según la Fiscalía, a las cárceles colombianas en las que estuvo antes de su extradición le llevaban menores de edad. Una mujer de confianza arreglaba el traslado de víctimas de cuando comandaba las AUC. Una de ellas anotó que “me tocaba obligada permanecer en el cuarto con él hasta que se acabara la visita. Ingresábamos como a las 9 de la mañana y salíamos a las 4 de la tarde. Yo tenía que dejarme, no gritar, nada, ahí estaban todos los jefes de las autodefensas”. La celestina agregó que era responsable “de cuidar dos hermanas de 10 y 12 años. A una de ellas, la mujer del Patrón, la llevaba los domingos a La Modelo de Barranquilla para que sostuviera relaciones sexuales con él”. A mediados de 2023 la justicia transicional lo expulsó quitándole los beneficios de la Ley de Justicia y Paz por reincidir en sus crímenes desde prisión.
El juicio por narcotráfico contra Giraldo culminó con un fallo histórico. El juez federal reconoció como víctima a Julio Henríquez Santamaría, conocido líder político de Santa Marta, asesinado por el entonces comandante del Frente Resistencia Tayrona. No era un activista cualquiera. Se trataba, según una comisión de Justicia y Paz, de un “defensor de Derechos Humanos, del ambiente, biólogo protector de la naturaleza, Consejero de Paz en el departamento del Magdalena, profesor, economista solidario”. Además, fue militante del M-19. A Hernández lo secuestraron el 4 de febrero de 2001 y luego lo asesinaron varios hombres armados “bajo el mando de Hernán Giraldo, a quien el Juzgado Único Especializado de Santa Marta… condenó a 38 años y cinco meses de prisión”. Según la hija de Henríquez, una década después de su asesinato, esa zona seguía siendo “de producción, procesamiento, exportación de coca e importación de armas, a manos de sus herederos en asocio o sometimiento a otros carteles”. El monstruo logró multiplicarse.
“Cuando un gobierno llama Paz Total a la total impunidad, cuando llama gestores de paz a narcotraficantes y criminales (ellos) avanzan, prosperan, se adueñan del territorio y las instituciones, se convierten en amenaza para la democracia”, anotó Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP español, en la asamblea de Camacol. Desde la siempre alerta y crítica militancia izquierdista no se ha oído nada que se acerque a la sensatez de esta reflexión. Por el contrario, con su habitual docilidad, el rebaño ha endosado la magnanimidad delirante de su líder Gustavo Petro: “ser gestor de paz es una condición del ser humano, no un regalo; quien acepta esta condición, está dispuesto a resarcir las víctimas y a las garantías de no repetición”.
